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El asesinato del fiscal César Suárez da la medida de la crisis ecuatoriana. En funcionario investigaba el asalto de las instalaciones de TC Televisión, que se produjo en el marco de la sublevación del crimen organizado en ese país. Tan grave, que el presidente Daniel Noboa estableció que se trata de un "conflicto armado interno".
Las bandas de narcos, contrabandistas y tratantes de personas buscan control territorial y político, coaligándose con funcionarios y agentes de seguridad. En Colombia, y también en Venezuela, grupos residuales de las antiguas guerrillas rurales mutaron y se fusionaron con bandas criminales. En ambos países han logrado control territorial y político.
Noboa parece tratar de imitar al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien estableció un estado de drástica emergencia y logró la detención compulsiva y sin mayores pruritos legales de 60 mil pandilleros. El resultado es que logró reducir al mínimo el número de homicidios, ganó inédita popularidad en una sociedad saturada de soportar a las "maras" y logró que la Corte de Justicia le habilite la reelección, que está vedada por la Constitución ecuatoriana. Así, lo que se gana en seguridad se pierde en institucionalidad.
Los derechos humanos y la grandeza de las sociedades indican que al delito se lo enfrenta con un Estado eficiente y aferrado a la ley.
Pero la sombra de las mafias se expande por el continente. Las bandas han logrado una proyección temible en Brasil y en los países vecinos. En mayo de 2022, un grupo de sicarios colombianos mató en Cartagena al fiscal Marcelo Pecci, de Paraguay. Pecci investigaba los vínculos políticos y judiciales de las bandas que controlan el corredor de la marihuana en su país, entre ellas, el Primer Comando de la Capital (PCC) creado en San Pablo hace tres décadas y expandido ahora en todo Brasil, en Paraguay y, probablemente, con contactos en toda la cuenca del Paraná.
El crimen organizado tiene una clara manifestación en la ciudad de Rosario, de Santa Fe. Allí las ejecuciones están al orden del día y el mismo gobernador Maximiliano Pullaro debió enviar a su familia fuera de la provincia debido a las amenazas de los criminales.
Pero el problema de Rosario también lleva décadas, en permanente crecimiento. Sin embargo, el negocio ilegal de la droga se desarrolla impunemente en todo nuestro territorio.
El episodio ocurrido en González Catán, partido de La Matanza, donde cinco personas resultaron muertas y otras, heridas de gravedad es un síntoma. Aunque el hecho es muy confuso aún, un grupo de vecinos, argentinos e inmigrantes, asentados en lotes usurpados por una organización que luego los había vendido a ellos, fueron atacados con armas de fuego por un grupo de criminales. Dos de los supuestos agresores fueron detenidos en hospitales de la CABA, uno de ellos, en estado de coma.
La fiscalía detuvo a Juana Correa Villalba considerada jefa de la organización usurpadora y autora intelectual del ataque.
La hipótesis de fondo no está solo enfocada en las muertes y la usurpación, sino en el uso y control de lotes como sede operativa de las bandas criminales.
El problema no se resuelve expulsando extranjeros, como declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es imprescindible investigar las razones de la indolencia de parte del municipio de La Matanza y del gobierno bonaerense, que hasta ahora miran para otro lado.
El crimen organizado lucra con la indolencia cómplice o con las acusaciones mutuas entre los distintos estamentos del Estado. Sin insertarse en el poder, sin la cooptación de magistrados, funcionarios, policías y financistas, no puede crecer.