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El paro y la movilización de ayer, sumados a los avatares parlamentarios y judiciales del mega DNU y el proyecto de ley ómnibus, ofrecieron la imagen más expresiva del momento crítico que atraviesa el país.
Es cada vez más clara la distorsión del modelo de democracia con que se manejan, en general, funcionarios, parlamentarios y dirigentes sindicales.
La elocuencia de Pablo Moyano no pudo ser más precisa sobre la naturaleza del paro y la movilización. Cuando sugirió que el ministro de Economía, Luis Caputo, podría terminar arrojado al Riachuelo demostró que, tras la máscara de los derechos de los trabajadores, el verdadero móvil del paro fue viabilizar la estrategia destituyente del kirchnerismo. Y la discusión con su hermano Facundo, acerca de la pasividad del movimiento obrero durante el descalabro inflacionario provocado por Alberto Fernández y Sergio Massa llevó a la retórica del camionero a sus niveles más grotescos.
Pero el paro también fue una indisimulable demostración del poder de movilización de todo ese sector político, que el presidente y sus funcionarios no deberían ignorar. Si la idea es confrontar con la oposición como método y buscar réditos políticos por esa vía, Javier Milei debería evaluar si la mala imagen de quienes ayer ocuparon la escena alcanzará para compensar la debilidad política del movimiento libertario. Podría estar jugando con fuego.
A 45 días de haber asumido, el Congreso, los legisladores, los gobernadores y la Justicia le recordaron, además, a Milei que no va a poder gobernar de cualquier manera.
El drama de la inflación
El país necesita reducir significativamente el gasto para crear las condiciones que vayan poniendo freno a la inflación. Pero además necesita una reforma tributaria, una reforma previsional y una reforma laboral, y nada de eso puede hacerse compulsivamente, sin análisis técnico y sin acuerdos básicos en el Congreso, con la CGT y con las provincias. No es obstruccionismo: es el modelo de debate democrático. Es cierto que la Argentina está en emergencia, pero esto viene ocurriendo desde, por lo menos, diciembre de 2001. Y desde entonces ha sido pretexto para una delegación sistemática de facultades en el presidente de turno que configuraron un modelo decisionista y autocrático de gestión.
De ahí el uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia en todo este período. Pero los DNU solo pueden ser promulgados si el Ejecutivo fundamenta las razones de la urgencia, puntualiza cuáles son las soluciones que instrumentará de inmediato y detalla cuáles serán los mecanismos de control para evitar abusos.
El tema judicial
Una reforma laboral no puede ser materia de un DNU. Ayer, la jueza Liliana Rodríguez Fernández frenó la vigencia de seis artículos del Mega DNU, probablemente razonables y dignos de ser considerados con el Congreso y con los gremios, pero que solo serán legítimos si son ratificados explícitamente por diputados y senadores. No es un triunfo de la CGT, es un acto de razonabilidad de la Justicia.
No es razonable, en cambio, que la CGT acuda, por una parte, a la Justicia y, al mismo tiempo, convoque a una marcha para condicionar la actividad del Congreso y, encima, termine pronosticando el final de un gobierno elegido hace dos meses por la mayoría de los argentinos.
Por otra parte, la celebración oficialista por el dictamen de mayoría en Diputados para la Ley ómnibus se empalidece si se toma nota de que los diputados "dialoguistas" señalaron más de 200 disidencias en la redacción de los 664 artículos. Además, el proyecto recién se podrá llevar al recinto la semana que viene, si es que no surgen nuevas discrepancias, como las que se vislumbran sobre el aumento de las retenciones a las exportaciones y el pase de los activos del Fondo de Garantías de la Anses.
Gobernadores
Las diferencias entre la presidencia y los gobernadores (el "poroteo") enrarecen aún la suerte del proyecto, a tal punto que ayer, en un mensaje digital, el ministro Caputo quiso "apretar" -también él, como Moyano- a sus circunstanciales aliados con restricciones en los aportes del Tesoro a las provincias, en el caso que los diputados introduzcan reformas no acordadas con el presidente.
La de ayer fue, más bien, una manifestación de la burocracia política del área metropolitana contra un gobierno de apenas 45 días. Pero la realidad no puede ser ignorada.
Los "aprietes", en la calle, en la trastienda del Congreso o en la Casa Rosada no nos van a sacar de la crisis política, porque lo que nos está faltando es, esencialmente, una verdadera cultura de la democracia.