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Francia insólita: Macron rehén de Le Pen

Viernes, 04 de octubre de 2024 02:08
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Con el respaldo encubierto de la ultraderecha y el rechazo de la izquierda el presidente francés Emmanuel Macron, un ex ministro de Economía del gobierno socialista de Francois Hollande, quien desde ese lugar arribó al Palacio de Eliseo en 2017 como un candidato de centroizquierda. En esa ocasión derrotó en el ballotage a la líder ultranacionalista Marine Le Pen, a quien volvió a vencer en la segunda vuelta en 2022, cuando se postuló para su reelección. Ahora designó primer ministro al conservador Michel Barnier, inaugurando una etapa signada por la incertidumbre.

La designación de Barnier es el resultado de un vacío político generado por las elecciones legislativas anticipadas convocadas por el propio Macron, en las que ninguna fuerza política obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional pero la coalición de izquierda nucleada en el Nuevo Frente Popular (NFP), integrado entre otros por el Partido Socialista, el Partido Comunista, los ecologistas y la Francia Insumisa, liderada por la ascendente figura de Jean-Luc Mélenchon, alcanzó el primer lugar y reclamó que Macron le reconociese su derecho a formar gobierno.

La bancada parlamentaria de la izquierda denunció que "al negarse a nombrar como primer ministro a un miembro del Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierda que ganó las elecciones parlamentarias, Emmanuel Macron ha dado la espalda a una tradición republicana compartida y respetada hasta ahora en nuestro país. Michel Barnier no tiene legitimidad política ni republicana. Esta situación extremadamente grave es inaceptable para nosotros, los demócratas". Mélenchon acusó a Macron de "robar" las elecciones y constituir un "gobierno de los perdedores".

Con un tono contrastante con su estilo confrontativo, Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (AN), la fuerza política de Le Pen, afirmó que" después de una espera interminable, indigna de una gran democracia, reconocemos el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro de Emmanuel Macron. Juzgaremos su discurso de política general, sus decisiones presupuestarias y sus acciones en función de la evidencia". Bardella, quien había sido propuesto como primer ministro por la ultraderecha, agregó: "Abogamos por que se aborden finalmente los principales problemas de los franceses. el costo de vida, la seguridad, la inmigración- y nos reservamos todos los medios políticos de acción si éste no es el caso en las próximas semanas".

En la segunda vuelta de las elecciones legislativas regidas por el sistema de circunscripciones uninominales, Macron, cuyo partido había quedado relegado al tercer lugar en la primera vuelta, con un escuálido 17% de los votos, apoyó en numerosos distritos a los candidatos de la izquierda para frenar el avance de la ultraderecha y evitar que la ventaja lograda por la fuerza de Le Pen se transformase en mayoría legislativa.

Esa maniobra de Macron, una réplica del "cordón sanitario republicano" que le había permitido derrotar a Le Pen en la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales, resultó exitosa aunque sus resultados fueron distintos a los previstos. El partido de Le Pen no llegó al gobierno pero su bancada parlamentaria quedó erigida en árbitro de la política francesa. De su voto dependerá la suerte del gabinete encabezado por Barnier.

El argumento de Macron fue que en la primera vuelta la derecha había cosechado el mayor porcentaje de los sufragios y en el balotaje había prevalecido la izquierda, pero el número de bancas de la coalición izquierdista no supera la suma de las obtenidas por la ultraderecha y los partidos de centroderecha y de centro moderados. En consecuencia no había ninguna mayoría parlamentaria y en esa vacancia la autoridad presidencial estaba facultada para ocupar ese vacío.

Un emperador sin corona

La argumentación de Macron no carece de lógica. El régimen semipresidencialista de la Quinta República, nacida en 1958 con el ascenso del general Charles De Gaulle para resolver la crisis terminal del sistema parlamentario de la Cuarta República, instaurada tras el fin de la segunda guerra mundial, está signado por la coexistencia entre rasgos propios del presidencialismo americano con las características del parlamentarismo europeo, nacido con las monarquías constitucionales.

Esa convivencia entre una "presidencia fuerte", cuyas atribuciones exceden la misión protocolar que las constituciones de las repúblicas europeas, salvo Francia y Portugal, otorgan a sus presidentes, y un primer ministro cuya fuente de legitimidad emana de las elecciones legislativas funciona sin mayores conflictos cuando ambos pertenecen al mismo partido o coalición gobernante pero suscita problemas de difícil solución cuando ambas figuras pertenecen a fuerzas políticamente enfrentadas.

Para esas situaciones atípicas, pero no tan excepcionales, los franceses inventaron la "cohabitación". La primera vez fue entre 1986 y 1988, cuando el presidente socialista Francois Mitterrand fue derrotado en las elecciones legislativas que otorgaron la victoria a la derecha "gaullista" y tuvo que designar primer ministro al líder opositor, Jacques Chirac. La segunda experiencia se extendió entre 1993 y 1995, cuando Mitterand volvió a compartir el poder con el conservador Edouard Balladur. Pero el período de cohabitación más prolongado ocurrió entre 1997 y 2002, con Chirac en la presidencia y el socialista Lionel Jospin como primer ministro.

La reforma constitucional aprobada en 2000 redujo de siete a cinco años la duración del período presidencial y lo unificó con los mandatos legislativos. Esa simultaneidad electoral disminuyó la probabilidad de divorcio entre el presidente y la mayoría parlamentaria. De hecho, la última cohabitación fue aquella protagonizada por Chirac y Jospin.

La presente crisis fue precipitada por un error de cálculo de Macron, quien ante la victoria de la ultraderecha de Le Pen en las elecciones para el Parlamento Europeo, celebradas en junio pasado, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas cuyos guarismos arrasaron con su partido y licuaron su autoridad. Para fundar su decisión, Macron afirmó que "Francia necesita una mayoría clara para avanzar con serenidad y armonía". Paradójicamente el resultado fue exactamente el opuesto al pretendido, ya que el fracaso electoral de su partido y la fragmentación parlamentaria impidieron formar un gobierno sólido.

Frente a la adversidad Macron intentó negociar primero un acuerdo con la izquierda para formar un gabinete moderado con la participación de los partidos del Nuevo Frente Popular pero encabezado por un primer ministro técnico o de su partido. Ante el fracaso de esa negociación viró hacia la derecha y logró un precario acuerdo que llevó a la designación de Barnier con un gabinete en que la ultraderecha no participa pero se reserva sí el poder de veto a través del voto de censura en el Parlamento.

El entendimiento alcanzado entre Macron y los partidarios de Le Pen está en la política de seguridad y de inmigración, un punto central de la plataforma de la ultraderecha, y quedó patentizado en el nombramiento como ministro de Interior de Bruno Retailleau, un defensor de la "línea dura". El flamante ministro declaró: "No cederé, no toleraré ninguna ofensa física o verbal contra la policía. El mensaje es claro. Los franceses quieren orden en las calles y en las fronteras". Para evitar malentendidos subrayó: "Tengo tres prioridades: la primera es restablecer el orden, la segunda es restablecer el orden y la tercera es restablecer el orden".

Para la izquierda, la asunción de Retailleau fue una declaración de guerra. que determina una estrategia de oposición frontal al nuevo gabinete, instrumentada a través de movilizaciones callejeras contra sus medidas, a fin de precipitar su caída. De aquí hasta las elecciones presidenciales de 2027 la suerte de Macron dependerá de la tolerancia parlamentaria de Le Pen. En ese lapso el gobierno de Barnier tendrá que aplicar un fuerte plan de ajuste. El déficit fiscal francés asciende al 5,5% del producto bruto interno y la deuda pública es del 110% del PBI. Esa ineludible reducción del gasto público puede detonar una nueva crisis política.

* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico

 

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