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En el dinámico escenario actual, el profesional contable enfrenta un desafío trascendental: convertirse en un actor clave en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. La reciente interacción entre colegas sobre las normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF) ha puesto en evidencia una problemática que atraviesa al sector: la insuficiente sensibilización y acción frente a las obligaciones legales impuestas por un marco normativo cada vez más estricto.
El marco normativo. más que una obligación, un imperativo ético y estratégico La Ley 25.246 y sus modificaciones, reforzadas por la Resolución UIF 42/2024, establecen con claridad los requisitos mínimos para los sujetos obligados, entre ellos los contadores públicos. Estas disposiciones incluyen:
- La inscripción en el registro de sujetos obligados.
- La implementación de un manual de procedimientos en materia de prevención de lavado de activos.
- La capacitación permanente del personal en la materia.
- La identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- El análisis y reporte de operaciones sospechosas.
El incumplimiento de estas obligaciones no solo conlleva sanciones económicas significativas, que pueden alcanzar montos millonarios, sino que también abre la puerta a responsabilidades penales, especialmente en casos de negligencia o complicidad. Más allá del cumplimiento legal, estas acciones representan un compromiso ético con la integridad profesional y la estabilidad del sistema financiero.
Desafíos y brechas en los pequeños estudios contables. Mientras los grandes estudios cuentan con recursos especializados para gestionar estas normativas, los pequeños estudios enfrentan serias limitaciones. La falta de recursos humanos, tecnológicos y financieros genera un desamparo institucional que lleva a muchos profesionales a ignorar estas normativas, ya sea por desconocimiento o por la percepción equivocada de que sus clientes no representan un riesgo significativo.
Sin embargo, esta percepción subestima los riesgos reales. En un contexto donde actividades ilícitas como el narcotráfico están en crecimiento en regiones como Salta y Jujuy, los pequeños estudios pueden ser utilizados inadvertidamente para operaciones de lavado de activos. Ignorar esta problemática no solo compromete la reputación del profesional contable, sino que también pone en riesgo la confianza en el sistema financiero y la economía formal.
El rol proactivo de los consejos profesionales. Los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas deben asumir un rol más activo y estratégico en el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales contables.
Acciones claves
1.- Asesoramiento técnico personalizado, brindar consultorías y soporte adaptado a las necesidades de los pequeños estudios contables para ayudarlos a cumplir con las normativas vigentes.
2.- Recursos prácticos y accesibles: diseñar y distribuir modelos de manuales de procedimientos, guías prácticas y plantillas que simplifiquen la implementación de los requisitos legales.
3.- Capacitación continua y específica: Desarrollar programas de formación orientados a la práctica, incluyendo simulaciones y análisis de casos reales de lavado de activos.
4.- Supervisión efectiva: Implementar mecanismos de control que aseguren el cumplimiento normativo, promoviendo una cultura de autorregulación dentro de la profesión.
5. Concientización y campañas de comunicación: lanzar campañas que destaquen la importancia ética, profesional y económica de adherir a las normativas de prevención.
Un llamado la acción
El compromiso profesional debe ser pilar de la transparencia. La prevención del lavado de activos es mucho más que un requisito legal; es una responsabilidad que protege no solo a los clientes y al sistema financiero, sino también la reputación y la sostenibilidad del propio profesional contable. Ignorar estas obligaciones es asumir un riesgo innecesario y éticamente inaceptable.
Casos emblemáticos como los de Arthur Andersen y Enron son recordatorios contundentes de que basta un solo error para destruir décadas de trabajo y prestigio.
En el contexto argentino, donde las normativas se fortalecen y el escrutinio público es cada vez mayor, el compromiso con la transparencia no es negociable.
El profesional contable debe abrazar su rol como garante de la legalidad y la ética, no como una imposición externa, sino como un componente esencial de su ejercicio profesional. En un entorno competitivo, donde la confianza es el activo más valioso, adoptar un enfoque proactivo en la prevención del lavado de activos no solo fortalece la profesión, sino que también posiciona a los contadores como líderes en la lucha contra delitos financieros.
*- Sebastián Cristófari es contador público especializado en auditoría financiera, auditorías especiales y cumplimiento de normativas de prevención de lavado de activos.