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Nayib Bukele no esperó a los resultados oficiales para anunciar su reelección por cinco años más. Y eufórico proclamó que "es la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático".
"Nosotros no estamos sustituyendo la democracia porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia, y no lo digo yo, lo dice el pueblo (…) La definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo (…) El pueblo dice 'queremos un régimen de excepción, queremos la política de seguridad del presidente'", dijo Bukele este domingo.
El periódico digital El Faro fue contundente: "La breve, muy breve era democrática en la historia salvadoreña ha terminado ya. Nayib Bukele ha inscrito su nombre en una de las peores tradiciones políticas centroamericanas: la del dictador".
El presidente reelecto fraguó su participación en estos comicios a partir del 2021, cuando su partido Nuevas Ideas destituyó desde la Asamblea Legislativa a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los sustituyó sin respetar los procesos legales. Los nuevos magistrados avalaron la reelección inmediata del presidente, aunque la Constitución la prohíbe reiteradamente. Los jueces aliados de Bukele argumentaron que el texto constitucional no respondía a las necesidades actuales y que solo el pueblo debía decidir si el mandatario seguía o no. Estos artilugios se conjugaron con un estado de excepción vigente desde hace casi dos años, que suspende algunas garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Si bien tiene su origen en la lucha contra las violentas pandillas salvadoreñas, conocidas como maras, organizaciones civiles nacionales e internacionales han denunciado que la mano dura de Bukele ha terminado en violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente, la medida también ha ayudado a acallar las voces de la disidencia, a través del acoso, la persecución y la criminalización de los activistas.
El año pasado la Universidad de Gotemburgo, a través del Instituto V-Dem, ya definía al gobierno de El Salvador como una autocracia electoral, es decir, un sistema concentrado en la figura de Bukele, quien tras ganar legítimamente sus primeras elecciones, gobierna sin restricciones legales, aunque –al menos por ahora– con el apoyo de la población.
Kurt Weyland, profesor de la Universidad de Texas, también cree que en El Salvador existe un régimen populista que se torció hasta convertirse en una autocracia.
El periodista salvadoreño Edwin Segura anticipa que "el ejercicio del poder de Bukele seguirá siendo autocrático y dictatorial, pero nos quedará la dificultad de calificarlo porque su elección fue con el voto popular, aunque por encima de las leyes", resalta Segura.
Para Bukele, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación son dos de sus "enemigos" más visibles. Esos dos sectores justamente han destapado, por un lado, las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción y, por otro, los cuestionables acuerdos con pandilleros para pacificar El Salvador, por años uno de los países más violentos y peligrosos del mundo.
En su informe de 2023, Latinobarómetro señaló un deterioro continuo y sistemático de la democracia y, lo peor, fue el "aumento de la indiferencia al tipo de régimen, la preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos. La democracia en varios países se encuentra en estado crítico, mientras otros ya no tienen democracia", aclara el estudio publicado el año pasado.
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