inicia sesión o regístrate.
Un pacto político es un conjunto de ideas y de actitudes, caracterizadas por dos connotaciones:
a) La condena de la violencia como medio idóneo para resolver las controversias políticas.
b) El acuerdo como fin posible y deseable.
Este pacto es de naturaleza política, porque ambas partes relegan posiciones para dar incentivos a la negociación. Además, porque ambas partes aceptan obtener soluciones parciales a sus pretensiones originales; y, principalmente, por el compromiso ante el poder del Estado para defender como propio lo decidido en común acuerdo.
El pacto político es un proceso que se inicia a partir de dos posiciones antagónicas; una controversia que debe tener una resolución política. No es un pacto de sangre o entre caballeros, sino político, es decir, en el ámbito del Estado. El escenario de los acuerdos es un símbolo. Es el espacio físico al que se lo asocia como ámbito del poder del Estado, que custodia los derechos y garantías de la sociedad.
Por ejemplo, la casa de Flores donde se rubricó el Pacto de San José de Flores o el palacio de San José donde se juró la Reforma de la Constitución de 1994, son dos símbolos de pactos políticos.
En este ámbito de poder del Estado, hay discusiones, con reglas y tiempos de resolución de un temario previamente acordado. Un ejemplo, es el Pacto de Olivos, acuerdo entre los dos partidos, la UCR y el PJ, que iniciaron el proceso, al que se sumó la totalidad del arco político de la época y concluyó con el núcleo de coincidencias básicas para la Reforma de la Constitución Nacional de 1994.
El llamado Pacto de Mayo, en la casa histórica de Tucumán con la presencia de dieciocho gobernadores y el discurso del presidente de la nación Javier Milei, dio el marco a un acuerdo que, según los dichos del presidente, será el punto de partida de un nuevo orden. La voluntad de los representantes de sostener el acuerdo se basa en abjurar el déficit fiscal y mantener la baja de la inflación, cuestión inédita en la letra de los pactos políticos, ya que esta cuestión está implícita pertenece a enunciados generales de la política económica, contenida en la carta magna nacional.
Remarcar este punto referido al déficit fiscal requiere pensar en qué condiciones se plantean las exigencias imperativas de cumplimiento de dicho punto del acuerdo. Actualmente, los objetivos de política económica de Argentina están condicionados por el contexto regional, donde la posibilidad de gobernar depende del precio de los comodities (soja, maíz o trigo) y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED). Es decir, obtenemos mayor ingreso de dólares cuando sube el precio internacional de lo que exportamos y los capitales ingresan al país por el pago de intereses.
En el contexto local, el gasto público se incrementó entre 1990 y 2020 de 26,9% a 46,3%, el tamaño del Estado del 28% al 42% y el empleo estatal se incrementó en año 2000 de 2,2 millones a 2,9 millones en 2010 y a 3,7 millones de agentes en 2022. Frente a esta realidad regional y local, en Argentina, preexiste una sobrecarga de demandas, donde se contrapone la capacidad de los recursos de los gobiernos frente a las demandas de los ciudadanos y grupos sociales. En este sentido, como la gobernabilidad se sostiene en las expectativas de dar repuestas a las demandas de la sociedad y el problema principal – del gobierno – es atender el déficit fiscal, la batería de decisiones tomadas para enjugar el déficit y bajar la inflación relega otras demandas que no tienen respuestas. Entre ellas, las demandas de obra pública, seguridad social, salud y educación, sumadas a la ausencia de créditos para producir y la suba de precios de la energía.
Como en un juego de espejos, la imagen amplificada del objetivo presidencial – baja del déficit fiscal – aumenta la imagen del acuerdo político. Al mismo tiempo empequeñece al resto de las demandas sociales, que son los pilares de la gobernabilidad. Este pacto político, en el cual hay hijos y entenados, también ausentes que son señalados y repudiados, es un arreglo realizado con una visión socioeconómica parcial y con una parte del arco político.
Naturaleza política de la crisis
La causa de la crisis no es sólo la falta de la distribución y acumulación de recursos, bienes y servicios a los ciudadanos, sino la relación entre la autoridad de las instituciones de gobierno y la fuerza de las instituciones de la oposición. Esto es así, porque además de legitimar el equilibrio fiscal, se debe acompañar con la respuesta a las demandas de acumulación de bienes y servicios de los ciudadanos. Entonces, el pacto no es económico sino político, porque además de lograr y mantener el equilibrio fiscal, se deben legitimar las políticas públicas dando respuestas a las demandas de acumulación de bienes y servicios a los ciudadanos. Es decir, salarios dignos, precios justos, salud y educación equitativas.
El pacto político implica que el gobierno y la oposición acuerdan y negocian en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes. El producto virtuoso de esta relación de poder son las políticas públicas.
Potencia del pensamiento único
Como decíamos al principio, un pacto político debe tener los atributos procedimentales, legales y políticos, es decir, debe abjurar de la violencia política para resolver controversias y promover acuerdos. El Pacto de Mayo carece de estos atributos, ya que de él no emergen los factores de moderación necesarios para iniciar y continuar el diálogo político.
El ejemplo de la falta de moderación y prudencia política se provocó al día siguiente, el 10 de julio, cuando el presidente en su alocución en la Bolsa de Comercio acusó a "los degenerados fiscales" que votaron con los dos tercios una reforma a la ley de jubilaciones y a un Banco de primera línea por la suba de los diferentes tipos de dólares y el riesgo país. Lo que sí aflora es la potencialidad de un pensamiento único del extremo ideológico, que tensiona y esteriliza las mejores actitudes e ideas para pactar políticas futuras.
Esta potencialidad emerge en un sistema político debilitado por una oposición deslegitimada y con partidos políticos fraccionados en una sociedad que cree, se ilusiona y se consuela ante el altar del cambio de época ofrecido por el presidente de la Nación.