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Cuando el canciller alemán Otto von Bismark desarrolló el sistema previsional alemán en 1881, -el cual nosotros copiamos grosso modo, más tarde-, estableció una edad jubilatoria de 70 años para una expectativa de vida de su población cercana a los 36 años para el hombre y a los 38 para la mujer. En el caso de tener que pagar algo, sería por poco tiempo. En realidad, fue concebido como un sistema de ahorro forzoso que ayudara a equilibrar las cuentas públicas.
En esa época, por cada jubilado al que se le pagaba, existían más de cuatro o cinco trabajadores jóvenes activos aportando mes a mes, tasa que se define como "radio de soporte": la relación entre la cantidad de trabajadores activos aportantes al sistema por cada persona que alcanzó la edad de jubilación.
El aumento de la expectativa de vida -hoy, 80 años para las mujeres y 72 años para los hombres-, y la disminución del "radio de soporte" por motivos varios; hacen que el sistema previsional quede en una situación de quebranto y de inviabilidad económica a futuro a menos que se reformule por completo.
Además, la cantidad de beneficiarios del sistema se ha incrementado en más de un 115%. En números redondos, a los 3,5 millones de jubilados que tenía el sistema una década y media atrás, se adicionaron primero 3 millones de jubilados producto de varias moratorias; y luego otro millón de beneficiarios que jamás hicieron aporte alguno al sistema previsional. El resultado no puede ser otro más que el aplanamiento completo de la pirámide jubilatoria en su conjunto. Los distintos gobiernos -desde hace décadas-, vienen construyendo los más inverosímiles relatos alrededor del sistema jubilatorio, pero, verdad sea dicha; todos ignoraron el fondo del problema y procrastinaron cualquier solución. O la empeoraron.
"Un país con corazón cuida de sus mayores", rezaba una propaganda oficial cercana en el tiempo. Hoy, unos hablan de una recuperación del 5% en el poder de compra; otros pretenden compensar con un 8,1% el 37,1% acumulado perdido.
Los de la mínima
El 87% de los jubilados del país cobran una jubilación mínima de $234.540 mientras que la canasta básica para ese jubilado (dato elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad), alcanzó un valor de $685.041 en marzo. Si los jubilados tienen la "percepción de estar al borde del abismo" y de vivir en un país sin corazón; quizás tengan doscientas treinta y cuatro mil quinientas cuarenta buenas razones para sentirse de esa manera. El problema es tan complejo y su análisis implica tantas aristas, que intentar evadirlo por el atajo de los insultos y de las estadísticas sesgadas no es viable ni correcto. Menos justo.
La reforma aprobada por el Congreso además de este 8,1% de aumento, ata la actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, en marzo de cada año, se aplicaría un aumento equivalente al 50% de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior (a modo de cláusula gatillo). Por último, dispone que la ANSES garantice - para el caso de personas que perciban un solo beneficio -, que sus ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto, multiplicado por 1,09.
Así, decir que los diputados y senadores están sancionando una medida que no tiene una forma de financiamiento genuino, es una afirmación irrefutable. Pero, ni el PRO -que primero apoya la reforma y después apoya el veto-; ni el peronismo o el kirchnerismo, tienen autoridad moral alguna. Rasgarse las vestiduras -ahora- tras la indiferencia y los estropicios que hicieron durante años, es tan vergonzoso como amoral. Del lado del gobierno, calificarlos a todos de "degenerados fiscales" tampoco sirve y, afirmar que la ley es "ilegal e inconstitucional" me parece algo temerario. Los discursos llenos de odio y vacíos de sustancia nunca son sabios; menos cuando, encima, son inflamatorios.
Dicho esto, ¿no se puede hacer algo para corregir el problema sin "atentar contra el equilibrio fiscal"? ¿El equilibrio fiscal es un fin en sí mismo o es, en cambio, un medio para lograr un fin -que debería ser la mejora de todo el pueblo argentino-? ¿Se puede mejorar al país a costa de la desmejora de uno de sus sectores más vulnerables? En el extremo, ¿el déficit fiscal cero es más importante que siete millones y medio de personas? ¿Es justo proclamar que la ley sancionada es "un atentado" que condena a la pobreza y a la indigencia a las generaciones futuras? ¿Sería más justo, entonces, condenar a la pobreza o a la indigencia a las generaciones antiguas? ¿No "reflota" esto la vieja pelea entre "los jóvenes" y los "viejos meados"; sólo tras fines políticos? Lo dije; no es un problema sencillo. Y confieso que para muchas de estas preguntas no tengo respuestas; sólo más preguntas. Para otras, en cambio, creo que tenemos nuestra brújula moral. Claro, en caso de que esta funcione.
La violencia institucional sólo trae aparejada una violencia social que debe ser evitada a toda costa. Quizás sea hora de desescalar pasiones y de buscar caminos distintos ya que los caminos que insistimos en transitar no parecen ser los más asertivos.