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La llaman "el Dubai de Sudamérica" o también "Guyana Saudita". Guyana, una antigua colonia británica en el Caribe, era uno de los países más pobres de América Latina, pero en 2015 el hallazgo de un enorme bloque petrolero frente a su costa selló su nuevo destino: un petroestado, con un gigantesco potencial económico y un posible escenario de un conflicto geopolítico regional.
La empresa petrolera ExxonMobil cambió el rumbo del país al realizar uno de los mayores descubrimientos petroleros de la historia reciente. Se estima que el bloque Stabroek podría albergar una reserva de 11 mil millones de barriles de petróleo. El hallazgo colocó a Guyana en la mira de las corporaciones petroleras. Aparte de ExxonMobil dos socios claves participan en la explotación del petróleo: la estadounidense Hees Corporation y la china CNOOC Limited.
Con una población de 800.000 habitantes, Guyana produce más petróleo "per cápita" que Arabia Saudita. ExxonMobil consigna que la producción de crudo se incrementó a 380.000 barriles diarios en 2023 y aumentará a 640.000 en 2024. El objetivo del gobierno y las petroleras es alcanzar los 1,2 millones de barriles diarios en 2027. La lindante Venezuela produce entre 700.000 y 800.000 barriles diarios.
En términos de exportación Guyana ya rebasó a su vecina: exportó 621.000 barriles diarios contra los 604.000 de Venezuela. Este logro es notable si se tiene en cuenta que Venezuela posee reservas probadas cercanas a los 300.000 millones de barriles, las mayores del mundo.
En 2022 el producto bruto interno aumentó un 62% y en 2023 un 37%, el ritmo más acelerado reconocido por las estadísticas internacionales. Si bien es inevitable que esa velocidad de crecimiento vaya descendiendo rápidamente en los próximos años, Guyana está destinada a erigirse en el país de más elevado ingreso por habitante de América Latina.
Una historia de conflictos
La historia de Guyana genera incógnitas sobre su solidez como Estado. En 1615 el territorio, originario de las tribus arawak y caribes, fue colonizado por Holanda. En 1796 pasó a manos de Gran Bretaña, que en 1814 aprovechó la guerra de la independencia hispanoamericana para ocupar la región de Esequibo, perteneciente a la Capitanía General de Venezuela, y expandir la Guyana británica, que alcanzó su independencia en 1966, cuando adoptó el nombre de República Cooperativa de Guyana.
En los primeros veintiséis años de vida independiente gobernó el Partido Nacional del Congreso (PNC), que en 1992 fue derrotado por el Partido Popular Progresista (PPP), una formación con una impronta izquierdista que aportó la novedad histórica de convertir a Janet Rosenberg (judía y nacida en Estados Unidos) en la primera presidenta mujer electa en el continente americano.
Ambos partidos están sustentados en los dos grandes grupos étnicos que conviven en la sociedad guyanesa: el PNC tiene su base en los afro - guyaneses, descendientes de esclavos negros y prevalecientes en los centros urbanos, y el PPP de los indo-guyaneses, mayoritarios en las zonas rurales y producto de la inmigración promovida por los británicos desde la India para trabajar en las plantaciones de azúcar luego de la abolición de la esclavitud. Existe también una minoría indígena socialmente marginada, refugiada en las zonas selváticas, cortejada políticamente por Venezuela, que impulsa recurrentemente brotes separatistas.
Durante el período de los gobiernos del PPP entre 1992 y 2015, Guyana funcionó en sintonía con sus vecinos, el Brasil de Lula y Dilma Rousseff y la Venezuela de Hugo Chávez. En tal carácter participó de la iniciativa venezolana de Petrocaribe, que le permitía recibir 25.0000 barriles diarios de petróleo y derivados a cambio de exportaciones de arroz.
Pero en 2015, tras la muerte de Chávez y el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, y en coincidencia con el descubrimiento petrolero que cambió la fisonomía económica del país, el PPP perdió las elecciones presidenciales por apenas 5.000 votos de diferencia y retornó al gobierno el PNC, de tendencia más conservadora, en alianza con otros partidos menores. Asumió la presidencia el general David Granger, un líder educado en Gran Bretaña, quien avivó la disputa territorial con Caracas al autorizar a Exxon Mobil a realizar exploraciones petroleras en aguas que Venezuela reclama como propias.
Granger extendió licencias a otras compañías petroleras multinacionales, entre ellas la española Repsol, la francesa Total y la china CNOOC y fundó un "fondo soberano", semejante al existente en Noruega, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, para administrar la futura riqueza petrolera y aplicar los mayores ingresos públicos obtenidos a la reconversión de la economía local, hasta hoy basada en las modestas exportaciones de oro, bauxita, arroz y otros productos agrícolas.
Pero en 2020, en una elección extremadamente reñida, Granger fue derrotado por el candidato del PPP, Mohamed Alí Irfaan Alí, un musulmán de ascendencia india, quien como Ministro de Vivienda en el anterior gobierno de su partido se hizo popular por un programa de entrega de títulos de propiedad de la tierra a los campesinos.
Tambores de guerra
El notable contraste entre ese vigoroso despegue económico de Guyana y el agravamiento de la situación política en Venezuela reavivó el reclamo por Esequibo, agitado por el régimen de Caracas como una consigna nacional unificadora que le permite también fortalecer su control sobre las Fuerzas Armadas.
Para los militares venezolanos la reivindicación de Esequibo tiene una importancia estratégica excluyente de cualquier otra.
En diciembre de 2023 el gobierno de Nicolás Maduro convocó a un referéndum para que la población ratificara el reclamo de soberanía sobre la región en disputa.
La oposición venezolana recusó la iniciativa, a la que denunció como un intento de manipulación de la opinión pública por el régimen para distraer la atención de la gravedad de la crisis, pero subrayó sí su identificación con la reivindicación histórica sobre la pertenencia del territorio en disputa. María Corina Machado fue especialmente enfática sobre el tema.
En consonancia con el resultado del referéndum, obviamente favorable a la reivindicación de la soberanía venezolana sobre el territorio, en abril pasado Maduro promulgó la Ley de Defensa de la Guyana Esequiba, aprobada por el Parlamento, que declaró al territorio como el vigésimo cuarto estado de Venezuela y prohibió la circulación de mapas políticos que no incluyan al estado Guyana Esequiba. Como era previsible, esta medida motivó una airada respuesta del gobierno guyano, que desde 2018 plantea la resolución de la controversia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Si bien Maduro e Irfaan Alí se reunieron posteriormente a instancias de Lula y emitieron una declaración en la que ambas partes ratificaban su intención de encontrar una resolución pacífica al diferendo, el clima de convulsión que sucedió a las elecciones presidenciales y la necesidad del régimen de amortiguar el efecto negativo de las movilizaciones callejeras de la oposición alimentó las sospechas de que el régimen venezolano podía producir un episodio conmocionante para modificar drásticamente el escenario político.
El fantasma del antecedente de la Argentina de 1982, con Leopoldo Fortunato Galtieri y la guerra de Malvinas, preocupó al Departamento de Estado estadounidense. Paradójicamente lo mismo ocurrió, a la inversa, con el servicio de inteligencia venezolano, controlado por el G-2 cubano, que barajó la hipótesis de una provocación en la zona fronteriza, mediante un ataque armado con "falsa bandera" venezolana capaz de encender una escalada bélica que legitimaría una intervención militar internacional bendecida por la OEA.
Ninguna de ambas alternativas parece pasar de un ejercicio especulativo y, más allá de lo que suceda en Venezuela, Guyana continúa su camino hacia la prosperidad, con un presidente musulmán y una economía similar a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico.