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Los diseños macroeconómicos no son otra cosa que decisiones políticas. Aun con un presidente auto referenciado como "economista", en realidad lo que dicta el movimiento de las variables más importantes para un país surge de lo político, del "demos" y de las capacidades de conciliar una visión estadista con la coordinación de expectativas.
Los grandes teóricos liberales quisieron ser politólogos pensando cómo los recursos cumplen una función de mercado. Los (nuevos) fanáticos del liberalismo mileista son selectivos porque leen a Adam Smith sin entender su obra. Smith, y todos sus discípulos después hablaban desde la ética, no desde la ganancia ad infinitum. De cualquier manera, la inconsistencia intelectual y el amateurismo político no son nuevos en el país, ni en el mundo tampoco.
Lo que sí importa es que la gente vota.
Los procesos democráticos deberían culminar con una visión de gobierno y gestión de los recursos comunes tan palpables y predecibles que a quien le toque liderar, lo haga desde una convicción sólida. La experiencia del "presidente – delegado" con Alberto Fernández debería ser suficiente como contra fáctico.
La elección de Javier Milei debe ser entendida desde su auge electoral hasta su pensamiento personal sobre las dinámicas que afectan a la economía. No podemos separar la gestión de la ideología. Ahora, aun con una visión clara de gobierno, lo que también debemos preguntarnos es la máxima utilitaria del día después: ¿para qué es el esfuerzo? El presidente dirá que el esfuerzo de la ciudadanía es necesario para saldar décadas de decadencia mientras todas las variables económicas y sociales sucumben. También escucharemos el pedido de tiempo y espacio para justamente corregir – con receta liberal – un Estado profundamente construido desde el bienestar común. Cuando el péndulo vuelve al sentido contrario, choca con fuerza, arrastra víctimas.
Lo más notorio de esta nueva dinámica del péndulo político argentino es que el Estado es el enemigo por vencer. Milei descree del rol coordinador del Estado. Descree que las estructuras de políticas públicas puedan resolver problemas comunes. El rol para resolver, digamos la educación, debería ser privada para un presidente que describe al Estado como una "organización criminal". Como tal, la pregunta queda si la promesa del largo plazo es para aniquilar al Estado o para brindar un futuro próspero.
La paciencia y los plazos
El presidente promete futuro mientras el presente es dramáticamente peor al pasado cercano. Pero, de nuevo, la gente vota. La victoria de Milei está siendo bancada con paciencia social. Aun cuando la mayoría de la población está por debajo de la línea de pobreza, los paliativos de futuro compensan la exasperación de la peor recesión inducida de la última década. La promesa del largo plazo es necesaria para el relato presidencial porque justifica el presente. Pero el presente de a poco se está comiendo al futuro.
Las últimas encuestas, incluida la de Droit Consultores en Salta, muestran una tendencia marcada en la imagen negativa del presidente y su gestión. Ya notamos un 55% de rechazo donde el empleo, pobreza, educación, salud y seguridad pasaron al top 5 de preocupaciones. La inflación -un verdadero drama- decae. La preocupación de una economía con trabajo, pero con inflación alta cansa igual que la de una economía con menos inflación, pero sin trabajo.
No es necesario debatirse entre dos opciones odiosas. Pero no podemos ver más que confrontación cuando las expectativas políticas no están coordinadas de manera que la oposición controle lo que el gobierno gestiona. Al romper la dinámica de control y supervisión, siempre con alternativas superadoras, lo que tenemos es una espera angustiante hacia el milagro, el segundo semestre o los brotes verdes. Tener fe no debería ser requisito para gestionar desde el consenso, menos en nuestro país, donde hay claridad sobre cuáles son los problemas. La claridad que falta es la de las formas.
La rigidez dogmática
Por eso el presupuesto para el 2025 delata a un presidente enfocado en el dogma rígido de la economía de mercado, aun cuando viola su propio pensamiento. Solo leer el capítulo fiscal e impositivo donde para compensar la eliminación del impuesto PAIS se subió la alícuota a las exportaciones donde la mayoría recaería sobre la locomotora agroindustrial. O dejarse un 3,4% del PBI en exenciones fiscales.
¿Elecciones políticas pero antiliberales? ¿Rigidez fiscal dogmática?
Solo lo sabremos al paso que el gobierno demuestre que su regla de déficit fiscal es realmente el padre de todos los problemas. El déficit fiscal como herramienta de inversión pública llego a su fin a la vez que el gobierno descree de las capacidades del Estado. En la región y las economías avanzadas del G7, el déficit fiscal es una herramienta anticíclica y hasta necesaria para la economía. Pensemos en el faro libertario – Estados Unidos – que cada 3 a 6 meses transita el riesgo de dejar caer las cuentas públicas mientras los republicanos y demócratas negocian un nuevo techo de gasto público. El dogma del déficit fiscal es una elección política y personal del presidente. Si el cálculo del presupuesto 2025 no da forma al sendero de crecimiento, entonces tendremos un país con capacidades reducidas desde el Estado sin poder anticíclico ante la próxima crisis nacional o internacional.
¿Plan de crecimiento?
Algunos nombraran el rol estratégico del RIGI, o las buenas desregulaciones, o la baja de impuestos a sectores que pueden volcar el excedente de capital a generar trabajo. Otros dirán que la competitividad argentina nos dará más empresas unicornio y que sectores como la minería y la energía dotaran de divisas al Banco Central. Es posible pero no automático. Lo que sí es está claro es que el presidente tiene un plan contra las capacidades del Estado, no un plan de crecimiento.
Debemos tener cuidado con la negociación del presupuesto 2025 por que la alternativa de dejar al gobierno sin instrumento de política económica desembocaría en la falta de control institucional por sobre lo que se gasta.
Las lecciones históricas de la anulación del decreto de necesidad y urgencia dotando de millones a la SIDE deberían servir de herramienta para concurrir en un debate justo sobre la visión dogmática del gobierno hacia las cuentas públicas. Nadie quiere gastar más de lo que tiene. Pero si el superávit será solo para pagar deuda entonces no estamos debatiendo una herramienta de política económica sino la paralización del Estado coordinador. Los datos no demuestran un favor absoluto a la privatización de la política.
También hay sectores estratégicos, como la ciencia y la tecnología o la educación, que no deberían regirse con criterios de ganancia o dinámicas de mercado. Si el largo plazo es prosperidad, y si el gobierno entiende su propia agenda libertaria, entonces el Estado coordinador debería cumplir su función y no ser denostado como un problema más por resolver.
El debate del presupuesto es una oportunidad para entender, más allá de lo financiero, cual es el plan para la economía real. Si el ajuste valió de algo, que sea para dinamizar el crecimiento y prosperidad, buscando en la eficiencia el excedente para invertir en el futuro. El presupuesto debería contarnos cómo vamos a vivir mejor en vez de inundarnos de números calibrados para confundir lo inevitable del continuo recorte de gasto. Ojalá el debate sirva para montar el debate electoral necesario en 2025.