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Las últimas sesiones del Congreso de la Nación nos muestran el conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con tres resultados adversos para el gobierno: la jefatura de la Comisión Bicameral quedó para la oposición, el rechazo en Diputados del decreto que asignaba fondos reservados a la SIDE y la sanción de la reforma previsional en el Senado.
El tema más controvertido es el aumento al haber jubilatorio, reconociéndose una parte de lo perdido por la devaluación y el cambio de fórmula jubilatoria.
En síntesis, según el economista Matías Surt:
- La jubilación mínima a pesos constantes para agosto de 2024 dada por el gobierno es $ 234.896$
- Propuesta por el Congreso: 251.674"
- Proyectando la fórmula vigente en diciembre 2023: $ 330.417
La diferencia entre la decisión de Milei y la ley del Congreso es de $17.000 por jubilado, sin cobrar el bono. Muy poca para tanto ruido. ¿Podemos creer que se discuta por esta diferencia?
Algunos creerán que están en contra de todo porque no se puede votar junto a la corrupción "kirchnerista"; otros culparan a "los macristas"; también están aquellos que dicen "no importa lo que hagan los diputados y senadores, la política es una actividad despreciable" y lo repiten con entusiasmo, como si fuera cierto. Estas repuestas de ocasión arrojan culpas, evitando comprometerse.
Otros creemos que esta disputa es la punta de un iceberg, de un verdadero mar de fondo que nos muestra dos proyectos antagónicos: en uno emerge la cultura comunitaria donde la política construye sentido con valores que promuevan un sistema jubilatorio solidario que equilibre las diferencias entre los aportan. En otro la política construye sentido a partir de valores que auspician el individualismo, la anti política y la polarización social; de modo que las políticas de cooperación y solidaridad social están ausentes.
¿Cuál es la respuesta?
El Congreso obtuvo con los dos tercios de los votos, un dictamen que obliga al Poder Ejecutivo a implementar el aumento y dejar sin efecto el aumento de presupuesto para la SIDE.
La respuesta del poder ejecutivo es una amenaza de veto, más una catarata de insultos y ofensas para los legisladores y el poder legislativo.
Ahora bien, no hay antecedentes -en democracia- de que la imposición y la violencia verbal persistente sea la norma para gobernar. Sin embargo, hay en la historia sobrados conflictos donde primaron la negociación y el acuerdo que construyeron nuevas formas materiales de organizar y vivir en nuestra sociedad.
Uno sucedió el 8 de julio de 1989, cuando asume el expresidente Carlos Saúl Menem, ocupando la presidencia seis meses antes de lo previsto y, por acuerdo, con la UCR, envía dos proyectos de Emergencia Económica y Administrativa y se sanciona la Ley de la Reforma del Estado que habilitó, entre otros cambios, la privatización de Entel y Aerolíneas Argentina, también YPF, Gas del Estado; los cuales son votados por la mayoría radical y peronistas.
El otro caso, fue el del exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, quien asumió el 12 de julio de 1999, sin mayorías propias en la legislatura provincial. Se acordó entre la UCR y el gobernador de la Sota un paquete de leyes – que contenían desde rebajas de impuestos hasta la reforma del sistema electoral – y fueron votadas por la mayoría radical por la legislatura.
En estos dos casos, se resignifica la política en línea con una cultura política, que creía en el diálogo. La imposición y la violencia verbal ofende y, principalmente, confunde la causa de la discusión.
¿Qué resguardar? ¿Qué sacrificar?
En este escenario, donde se debilita la sociedad civil, involucrada por un discurso que alienta a la anti política y la polarización social, los legisladores radicales, peronistas, del pro, de la izquierda le dieron sentido a la política insistiendo con los dos tercios de los votos evitando un sacrificio mayor para los jubilados.
Esta acción política preservó a los más débiles de la sociedad, es decir, a los jubilados que deben ser el motivo de nuestra preocupación.
¿Qué hacer?
Quizá dejar de buscar culpables y preguntarnos: ¿Estamos dispuestos a dejar de lado la equidad?, ¿Nos importa que los espías no tengan control sobre los gastos? ¿Hay que discutir un sistema de previsión y seguridad social que dé pautas para el futuro?
La respuesta es generar consensos y reunir dos tercios de parlamentarios para insistir con las demandas y dotar de sentido a la acción política.
Dotar de sentido decimos, porque hay consenso en la sociedad para que los jubilados vivan dignamente con la jubilación; para que el fondo reservado y secreto para los espías sea auditado; para que la comisión bicameral que debe controlar las políticas de espionaje y contraespionaje no permanezca en manos del oficialismo, al que hay que controlar.
Luego, esta acción política – reunir dos tercios de los legisladores –neutraliza la pretensión de sacrificar a los más débiles, ceder fondos sin control e insultar a los legisladores; en cambio, el acuerdo es lo que da sentido a la política, resguardando a los más débiles.
Dar sentido a la política para que dejemos de ver en el espejismo del "sálvese quien pueda" y de creer que un hilo de X, un retwit o la amenaza de un veto del presidente Milei reemplazarán a las ideas fundantes de una sociedad que cree en políticas comunitarias, en la solidaridad y el consenso político.