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Argentina enfrenta un nuevo capítulo de dependencia.
El salvataje financiero acordado con el Tesoro de los Estados Unidos, impulsado y celebrado por la administración de Milei, se presenta como solución a la crisis de liquidez que atraviesa el país. Pero lo que se vende como rescate es, en realidad, puede ser, una cesión de soberanía: la aceptación sin inteligencia e independencia de una tutela política y económica que ata nuestras decisiones nacionales a los designios de un líder extranjero.
Error estratégico
El problema no es solo económico. Es un error estratégico de fondo. Aceptar esta "ayuda" significa someter nuestra política económica al monitoreo de Washington, alinear nuestra política internacional con los intereses más controversiales de Trump, desde Gaza hasta la crisis climática, y marginar al Congreso argentino del debate sobre un acuerdo que condiciona el futuro de generaciones enteras. Lo que está en juego no es un préstamo, sino la posibilidad de construir una doctrina propia de política exterior, algo que la Argentina ha tenido históricamente y que el gobierno de turno parece olvidar a menudo. El riesgo es adoptar, sin matices, el dogma de Trump, que entiende las relaciones internacionales como transacciones y reduce la diplomacia a obediencia.
A diferencia de los programas multilaterales, este salvataje no proviene de un organismo internacional sino directamente del Tesoro estadounidense. Eso significa que el margen de discrecionalidad de Washington es absoluto: no hay negociación con 24 directores ejecutivos ni procedimientos institucionales, solo la voluntad política de la administración Trump. Lo que se conoce del acuerdo exige recortes drásticos del gasto, apertura indiscriminada de sectores estratégicos y un compromiso explícito de priorizar pagos a acreedores estadounidenses. No son condiciones técnicas, son imposiciones políticas diseñadas para reforzar la dependencia. Aceptar semejante esquema equivale a entregar el timón económico a un gobierno extranjero. La experiencia histórica de los '90, con la convertibilidad atada al dólar y el alineamiento "carnal" con Estados Unidos, mostró el costo de renunciar a la planificación soberana: desindustrialización, endeudamiento explosivo y crisis social. Hoy, el riesgo es repetir esa historia bajo un ropaje aún más burdo: la supervisión directa de un país que actúa en función de sus propios intereses, no de los nuestros.
La letra chica
El salvataje financiero no viene solo. Trae consigo un paquete implícito de condicionalidades diplomáticas. El documento lo explicita: Argentina se compromete a acompañar las posiciones estadounidenses en foros multilaterales clave. Esto significa plegarse a una agenda que choca con principios históricos de nuestra diplomacia.
En derechos humanos: Trump ha relativizado su vigencia, respaldando a gobiernos cuestionados por violaciones graves. Argentina, con una trayectoria ejemplar en la materia desde el Juicio a las Juntas, quedaría atrapada en un silencio cómplice.
En Gaza y Medio Oriente: el apoyo irrestricto de Trump a Israel, incluso frente a la catástrofe humanitaria en Gaza, es incompatible con el derecho internacional que Argentina ha defendido históricamente. Un alineamiento dogmático nos haría cómplices de esa violación de normas básicas. Y tercer ejemplo, la crisis climática: mientras el mundo discute cómo acelerar la transición energética, Trump niega la crisis ambiental y se opone a compromisos globales. La Argentina, vulnerable a sequías e inundaciones, no puede darse el lujo de imitar esa miopía. La subordinación automática implica resignar la posibilidad de articular una política exterior autónoma, diversificada y de largo plazo. No se trata de elegir entre Estados Unidos y China, o entre Washington y Bruselas. Se trata de no atar nuestra voz a un único líder extranjero, y menos aún a un líder que ha mostrado desprecio por el derecho internacional y las instituciones multilaterales.
Quiebre institucional
El tercer error es institucional. El acuerdo con el Tesoro fue negociado en secreto, sin debate parlamentario, y anunciado como un hecho consumado. La Constitución argentina establece que los compromisos de deuda externa deben pasar por el Congreso. Saltarse esa obligación vacía de contenido al sistema democrático.
Peor aún: normaliza la idea de que los grandes pactos nacionales pueden cerrarse con un líder extranjero a espaldas de la ciudadanía. De este modo, el Congreso deja de ser el espacio de construcción de consensos y se convierte en un actor ornamental. El riesgo es mayúsculo: si los futuros lineamientos económicos y diplomáticos se deciden en Washington, el debate político argentino se reduce a discutir cómo administrar la obediencia.
Aceptar este dogma implica tres riesgos estructurales:
- Dependencia de ciclos políticos ajenos: cada vaivén en la política estadounidense repercute directamente en Buenos Aires. Si mañana Trump pierde poder, Argentina queda atada a un dogma sin referente.
- Erosión de la planificación nacional: no hay estrategia propia posible si las decisiones clave se subordinan a la agenda de un país extranjero.
- Pérdida de voz internacional: mientras otras naciones medianas buscan jugar con autonomía, Argentina aparecerá como un simple eco de Washington.
La soberanía
El acuerdo con el Tesoro estadounidense es más que un salvataje financiero. Es un pacto de subordinación que compromete nuestra economía, nuestra diplomacia y nuestras instituciones. El error no es pedir ayuda; el error es aceptar esa ayuda a cambio de adoptar, sin discusión, el dogma de Trump.
La Argentina necesita una doctrina propia, no un catecismo importado. Porque la verdadera soberanía no se negocia: se ejerce. Y ejercerla implica decir que ningún salvataje económico vale el precio de convertirnos en un país sin voz, sin rumbo y sin dignidad. Frente a este escenario, la alternativa no es el aislacionismo ni la confrontación estéril. La alternativa es recuperar una doctrina de política exterior argentina basada en tres principios históricos. La autonomía relativa, es decir, la capacidad de vincularnos con todos los actores globales sin caer en alineamientos automáticos. La defensa de valores históricos, como el derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo, que han sido parte de nuestra identidad diplomática. Y tercero, la construcción de consensos internos, donde el Congreso y la sociedad debatan los grandes lineamientos de inserción internacional, evitando que decisiones estratégicas dependan de un decreto o de una llamada desde Washington.