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Tras la condena de tres hombres por el delito de peculado, entre ellos dos empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), el presidente del organismo, Marcelo Ferraris, analizó el caso y detalló las medidas que se adoptaron desde la denuncia realizada en 2022.
La investigación judicial surgió luego de que Ferraris advirtiera la desaparición de un automóvil secuestrado en una de las playas de la AMT. Las cámaras de seguridad mostraron cómo un hombre se presentó con un papel, lo entregó al guardia y retiró el vehículo. Posteriormente, se descubrió que la orden de liberación había desaparecido y que se habían eliminado expedientes de entre 148 y 160 rodados.
Con la intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), se pudo establecer que las maniobras estaban encabezadas por el inspector Sergio Gonzalo Musso, en complicidad con José Fernando Carrasco, empleado de Mesa de Entradas, y Guillermo Sebastián Villafañe, que no formaba parte de la planta pero actuaba como intermediario para recibir dinero y entregar las órdenes falsas. A los propietarios de los vehículos secuestrados por transporte ilegal les exigían sumas de entre 30.000 y 40.000 pesos.
Las condenas del caso
En juicio abreviado, el juez Pablo Farah homologó el acuerdo alcanzado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio con los acusados. Musso fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua, mientras que Carrasco y Villafañe recibieron dos años y ocho meses condicionales, también con inhabilitación perpetua.
Ferraris recordó que la presentación inicial la hizo personalmente en junio de 2022, luego de detectar las irregularidades. Valoró el rápido accionar de la fiscalía, la justicia y la policía, y señaló que las pruebas reunidas por la AMT fueron determinantes para avanzar con las imputaciones y las condenas. "Más allá de que se trató de un hecho lamentable, pudimos reunir pruebas incriminatorias y eso fue fundamental", sostuvo.
Cambios estructurales
Según explicó, desde ese momento se impulsaron cambios estructurales en el organismo. "Se hizo una reestructuración de áreas y se implementó un nuevo sistema para darle más seguridad al circuito de secuestro y liberación de vehículos", señaló. También indicó que se revisaron los casos detectados y que, en todos ellos, tras los juicios civiles, las multas fueron abonadas a favor de la AMT.
En relación al trabajo cotidiano, Ferraris aclaró que la AMT no tiene una meta fija de secuestros. Los operativos se realizan de manera aleatoria y abarcan taxis, remises, Saeta, transporte de personal obrero, turismo y servicios interjurisdiccionales. "Algunos días se secuestran dos, tres o cinco autos, y hay semanas en que no se secuestra ninguno, porque el sector controlado cumple con lo exigido por la normativa", explicó.
Seguridad del sistema digital
Otro de los aspectos que remarcó fue la seguridad del sistema digital. En el marco de la investigación, se detectó que parte de los expedientes habían sido eliminados del sistema informático. Sin embargo, Ferraris aseguró que esa maniobra no fue completamente exitosa: "Pudimos recuperar información que sirvió de base para la fiscalía y para rehacer los expedientes".
Tras la denuncia, se implementaron respaldo de datos múltiples durante el día y un esquema de accesos restringidos: muchos usuarios solo tienen permiso de lectura y solo un grupo reducido puede realizar modificaciones. "Después de esto, trabajamos con especialistas para reforzar no solo la seguridad informática, sino también la documentación material", afirmó.
En paralelo, el presidente de la AMT confirmó que se analizan pedidos del sector de taxis y remises para extender los plazos de vigencia de los vehículos. La normativa nacional establece un máximo de diez años de antigüedad, pero la provincia ya había otorgado prórrogas.