La diputada nacional Yolanda Vega realizó un análisis del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y señaló que, si bien la iniciativa se apoya en los ejes de equilibrio fiscal, desinflación y búsqueda de superávit financiero, presenta falencias estructurales que requieren correcciones de fondo.
Según explicó, el estudio del texto oficial, sustentado en datos públicos, proyecciones macroeconómicas y series históricas de ejecución presupuestaria, permite identificar tres puntos críticos: la insuficiencia de los fondos asignados al sistema de salud, la subejecución y el rezago en el financiamiento educativo, y la ausencia de criterios claros de coparticipación en recursos clave como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.
En materia sanitaria, Vega advirtió que las partidas proyectadas no acompañan la evolución real de los costos del sistema. Señaló que los precios de los insumos médicos, la tecnología hospitalaria, los medicamentos de alto costo y los salarios del sector crecen de manera sostenida por encima de la pauta nominal prevista en el presupuesto. Esta brecha, afirmó, puede derivar en un aumento de la deuda flotante hospitalaria, problemas en la provisión de insumos críticos y riesgos de discontinuidad en programas nacionales de alto impacto sanitario.
A ese escenario se suma, según indicó, una transformación demográfica y epidemiológica que exige una mayor inversión real. El envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas demandan un sistema de salud con mayores recursos y capacidad operativa, lo que vuelve insuficientes los recortes o reducciones relativas planteadas en el proyecto.
Partidas destinadas a educación
La diputada sostuvo que una situación similar se observa en el área educativa. Las partidas destinadas a infraestructura escolar, formación docente, universidades nacionales y programas compensatorios muestran caídas en términos reales si se los compara con los niveles de ejecución de años anteriores. Para Vega, esta tendencia implica una pérdida de capacidad operativa del sistema educativo y limita inversiones estratégicas en tecnología, conectividad y modernización curricular.
En ese marco, recordó que la experiencia internacional demuestra que los países que reducen la inversión educativa durante procesos de estabilización macroeconómica enfrentan costos sociales y productivos a largo plazo. “Para una Argentina que necesita aumentar su productividad y reducir brechas territoriales, este camino no es sostenible”, planteó.
Federalismo fiscal
El tercer eje de cuestionamiento está vinculado al federalismo fiscal. Vega remarcó la falta de criterios previsibles y automáticos en la distribución de los ATN, instrumentos que cumplen un rol clave para asistir a las provincias ante emergencias económicas o situaciones excepcionales. La discrecionalidad en su asignación, advirtió, dificulta la planificación financiera de las jurisdicciones y condiciona la ejecución de obras y la prestación de servicios esenciales.
Impuesto a los combustibles
También resaltó la no coparticipación efectiva del impuesto a los combustibles o los retrasos en su actualización. Según explicó, esta situación genera un defasaje entre los costos crecientes de la infraestructura vial, el transporte y la logística, y los recursos disponibles para afrontarlos, afectando directamente a provincias y municipios.
En su análisis, la legisladora subrayó que la discusión presupuestaria debe contemplar estas variables para evitar que la falta de financiamiento debilite las políticas públicas y profundice las asimetrías territoriales. Aclaró que los planteos no apuntan a un aumento indiscriminado del gasto, sino a alinearlo con necesidades operativas reales y con una visión federal que priorice eficiencia, previsibilidad y equidad.
Finalmente, Vega sostuvo que la estabilidad macroeconómica es un objetivo necesario, pero advirtió que no puede alcanzarse a costa de desfinanciar áreas estratégicas. “Un presupuesto equilibrado no es solo el que cierra en términos contables, sino el que garantiza funcionalidad en el territorio, sostenibilidad de las políticas públicas y resultados concretos para la ciudadanía”, concluyó.