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La puesta en funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres se inició el 25 de Noviembre del 2015; estuvo a cargo de las directoras Alicia Ramos por la Cámara de Diputados; Alfonsina Morales como representante de las Organizaciones de Mujeres; quien esto escribe, en representación del Poder Ejecutivo, María Eugenia Burgos en representación de la Universidad Nacional de Salta; María Laura Postiglione, por el Poder Judicial y Pamela Ares por la Cámara de Senadores. Posteriormente se incorporaron Pía Ceballos, María Sara Miranda e Inés Bocanera, en el periodo 2016/ 2019
El "no dato" en el Estado salteño en materia de género fue uno de los desafíos iniciales. El término "no dato" fue una definición que utilizó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de Salta cuando inició su funcionamiento en 2015, haciendo referencia a la ausencia de información, sistematización de datos y falta de registros de organismos estatales que tenían la obligación de producir datos sobre este tema.
Esa falta de datos fue lo que primero se detectó, por la inexistencia de sistemas adecuados de registros con criterios unificados por parte del Estado, dando cuenta de fallas y omisiones para la elaboración de informes y realizar recomendaciones de políticas públicas con perspectiva de género. Se visibilizaron entonces dificultades estructurales en el ámbito institucional, ya que la inexistencia de registros sólidamente documentados imposibilitaba conocer la dimensión real de la violencia y evaluar la respuesta estatal.
No solo en el Poder Ejecutivo; tampoco en el ámbito judicial se registraban datos. Por eso, la falta de estandarización o la información provista de manera desigual e incompleta fue un desafío a revertir en los primeros años.
EL OVcM fue creado por la Ley Provincial 7863 para generar información permanente sobre violencia por razones de género, monitorear políticas públicas y producir insumos técnicos para la toma de decisiones. Su misión incluye promover la transversalización de la perspectiva de género en el Estado y articular con organismos que intervienen en la atención a víctimas.
Para cumplir esas funciones otorgada por la ley, una de las primeras acciones fue de impulsar el RUCVM (Registros Unificados contra la Violencia hacia las Mujeres) para unificar datos con el poder judicial e integrar información de los municipios. De ese modo, construir un sistema provincial homogéneo, confiable y actualizado para el análisis y diseño de políticas públicas.
Durante el primer período, el Observatorio se consolidó como organismo técnico de referencia en la provincia, creando la página web pública, de libre acceso con información confiable, completa y accesible con datos estadístico de femicidios y otras violencias.
Se fortaleció el Registro de Femicidios y los indicadores del mismos como registro oficial, para comprender la violencia de género como fenómeno estructural. Se realizaron los primeros informes oficiales de la situación de violencia hacia las mujeres y disidencias con las recomendaciones para una vida libre de violencia hacia las mujeres y disidencias indicando la responsabilidad para los tres poderes del Estado en caso de incumplimiento de los Tratados Internacionales de los Derechos de las Mujeres ante su incumplimiento.
En esta época cargada de discursos del odio, el Observatorio sigue siendo una institución imprescindible, porque el número de femicidios, violencia, sometimiento y discriminación de las mujeres no disminuye. Como hace diez años, la estrategia para enfrentar la violencia patriarcal sólo va a ser realista y eficiente si se cuenta con datos sólidos, pero, además, si se logra la meta elemental de que las víctimas siempre sean escuchadas, y escuchadas a tiempo, antes de que lo que parece una "situación conflictiva privada, doméstica o intrafamiliar", que en realidad es cultura machista, llegue a lo irreparable. Por eso, el rol preventivo del Estado es fundamental.