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El tercer año de la presidencia de Javier Milei coincide con una ventana en la que los márgenes de maniobra comienzan a estrecharse: la corrección fiscal ya produjo resultados parciales, la estabilidad cambiaria sigue dependiendo de intervenciones puntuales y el crecimiento todavía no se ha consolidado.
El nuevo año plantea tres desafíos estratégicos: lograr que las reformas se traduzcan en mejoras efectivas del salario y el empleo, generar reservas sin recurrir sistemáticamente al financiamiento externo, y asegurar un esquema de acuerdos legislativos que permita sostener un proceso de modernización institucional sin repetir ciclos de crisis política. La evidencia disponible de los dos primeros años de gestión de La Libertad Avanza permite reconstruir el punto de partida.
En octubre de 2025 la economía convivía con un superávit fiscal estimado en 0,5% del PBI, pero también con tensiones persistentes en el mercado de divisas, con episodios en los que el gobierno se vio obligado a vender grandes volúmenes de reservas para evitar saltos abruptos del tipo de cambio.
En 2025 se consumieron hasta US$ 25.000 millones para sostener la estabilidad cambiaria antes de las elecciones, y incluso después de los comicios se debieron utilizar US$ 748 millones en un solo día para contener un movimiento especulativo posterior a la reunión entre Milei y Donald Trump y el rescate de Bessent.
Este contexto explica por qué la agenda de 2026 debe ser leída en clave comparativa: no importa solo lo que Milei pretende hacer, sino cómo se vinculan sus objetivos con la experiencia regional, la política exterior de Estados Unidos y la propia historia macroeconómica argentina. Si algo sucedió nítidamente en el 2025 fue la sumisión de la política exterior argentina a la de Trump sin reparos ni teniendo en cuenta las décadas de formación del cuerpo diplomático nacional.
En este contexto, el primer desafío estructural del 2026 es asegurar que las reformas libertarias produzcan efectos concretos sobre el crecimiento, el ingreso y la ocupación. Que los dogmas libertarios dejen de ser teoría. Hasta ahora, la estrategia económica se ha apoyado en la disciplina fiscal y en un conjunto de desregulaciones sectoriales. Sin embargo, los datos muestran que la economía real todavía no se recupera con la velocidad necesaria. Las medidas vinculadas al agro lo ilustran con claridad: en diciembre 2025, el gobierno volvió a reducir retenciones como la soja de 26% a 24%, trigo de 9,5% a 7,5% y recortes similares en otros cultivos, con un costo fiscal estimado de USD 500 millones, aun cuando las liquidaciones siguen siendo bajas porque los productores consideran insuficiente el valor del tipo de cambio oficial y prefieren esperar mejores condiciones. Este comportamiento, ya observado a lo largo del año, tiene un impacto directo sobre la actividad. Sin un flujo estable de dólares, la industria se enfrenta a restricciones para importar insumos clave. En paralelo, los salarios reales se mantienen deprimidos luego de dos años consecutivos de caída. La información disponible indica que el consumo permanece estancado y que la recuperación del empleo formal avanza muy lentamente.
La comparación regional es relevante para contextualizar estos procesos. En la última década, países como Brasil lograron vincular reformas laborales graduales con una baja en el costo de contratación y una posterior creación de empleo formal. Chile, con un marco regulatorio estable, logró sostener incrementos del salario real aun en períodos de bajo crecimiento. En Argentina, el rezago es doble: la productividad no crece y la elasticidad del empleo a la actividad se volvió más débil, en parte por la incertidumbre regulatoria acumulada durante años. Incertidumbre creada principalmente por la ineficiencia política y la decadencia técnica de los partidos políticos.
El éxito de las reformas en 2026 dependerá de si pueden activar la inversión privada. Es un punto que las experiencias comparadas muestran de manera sistemática: estabilizar no es suficiente.
En los 90, Argentina logró un shock de inversión inicialmente fuerte, impulsado por privatizaciones y anclas cambiarias, pero sin diversificación exportadora ni mecanismos anticíclicos sólidos. Si las reformas no se traducen en aumentos del salario y del empleo, el riesgo no es solo social, sino también político: la legitimidad del programa económico podría erosionarse en ausencia de beneficios visibles para la mayoría de la población.
A diferencia de otros procesos de estabilización, el actual carece de una coalición política amplia; su sostenimiento depende de resultados, no de redes territoriales. Por eso la traducción de las reformas en crecimiento real es un requisito indispensable para la continuidad del programa.
El segundo gran desafío para 2026 es también estructural: Argentina debe generar reservas genuinas sin recurrir frecuentemente al financiamiento externo ni depender de la política estadounidense.
La coyuntura actual demuestra claramente la fragilidad de la situación cambiaria: la fuga de divisas del primer semestre de 2025 fue equivalente al 169% del desembolso del FMI en ese período, o cual evidencia un desbalance entre ingreso y salida de dólares que ningún programa de estabilización puede tolerar por mucho tiempo. El agro sigue siendo el sector central para la generación de divisas, pero su comportamiento en 2025 mostró que las rebajas de retenciones no garantizan una mayor liquidación. En septiembre, el gobierno incluso llevó las retenciones a cero para intentar obtener US$ 7.000 millones, pero el resultado fue acotado y terminó siendo más beneficioso para las cerealeras que para la acumulación de reservas.
Actualmente las advertencias desde el sector son explícitas: con el tipo de cambio actual, se liquidaría únicamente lo necesario para cubrir costos, en espera de un mejor precio en el futuro. La dependencia estructural de un solo complejo exportador es una anomalía comparada globalmente. Incluso economías agroexportadoras como Uruguay o Nueva Zelanda diversificaron su canasta mediante servicios, tecnología o industria liviana.
En Argentina, la estructura productiva se volvió más primarizada desde 2011, y la falta de una estrategia exportadora moderna impide ampliar el margen para acumular divisas.
La macroeconomía argentina seguirá siendo vulnerable mientras los ingresos por exportación no se estabilicen y mientras el gobierno deba recurrir a intervenciones externas para evitar salidas abruptas de capital. De cara a 2026, la política económica enfrenta un dilema: sin un tipo de cambio real alto que incentive exportaciones, se requiere una mejora sustantiva de la productividad; sin inversión en infraestructura y energía, esa productividad difícilmente aumente; y la inversión pública está limitada por la meta fiscal comprometida con el FMI. El organismo ya expresó su preocupación por la baja de retenciones debido a su impacto en la recaudación, lo cual sugiere que la negociación externa será más exigente en 2026.
El otro componente crítico es el comportamiento del mercado financiero. La volatilidad registrada durante el año, con bonos en caída y riesgo país al alza, confirma que los agentes no terminan de internalizar una trayectoria previsible para la deuda ni para el tipo de cambio. En este sentido, la estabilidad del dólar es un punto clave: las intervenciones puntuales pueden suavizar picos, pero no reemplazan la necesidad de reservas netas crecientes. Argentina ya vivió episodios en los que la estabilidad cambiaria era sostenida artificialmente; el desafío de Milei consiste en asegurarse de no repetirlos.
El tercer desafío es político, pero determina la viabilidad de los otros dos: en 2026, La Libertad Avanza necesitará construir acuerdos legislativos estables para aprobar reformas estructurales. El nuevo Congreso, aunque más favorable al oficialismo tras las elecciones, no le otorga mayorías automáticas. Ya se anticipan tensiones en torno al Presupuesto 2026 y a la reforma laboral, que aún no cuenta con consensos suficientes. Las experiencias indican que los gobiernos minoritarios enfrentan riesgos altos cuando no logran coaliciones estables.
En Argentina, donde la gobernabilidad está vinculada de forma inmediata con la estabilidad cambiaria, un conflicto legislativo serio puede desencadenar tensiones macroeconómicas. La relación con los gobernadores será un elemento determinante. Los reclamos por fondos adeudados, equivalentes a casi un punto del PBI, pueden tensar las negociaciones y dificultar acuerdos en áreas clave como obras públicas, coparticipación y seguridad interior. En un contexto de restricción fiscal, la política territorial adquiere un peso mayor. La modernización institucional que propone el gobierno, incluida la agenda del Consejo de Mayo, requiere leyes específicas y capacidad de implementación. Un Congreso dividido no podrá ofrecer ese andamiaje y obligará al Poder Ejecutivo a recurrir a decretos o a interpretaciones administrativas que, si bien pueden acelerar medidas puntuales, reducen la previsibilidad jurídica y afectan la percepción de riesgo de los inversores. La consecuencia sería una economía que crece poco, genera pocas divisas y se vuelve más vulnerable ante cualquier shock electoral o externo.
El año que comienza será, probablemente, el más importante de la presidencia de Javier Milei. No se trata ya de corregir desequilibrios heredados, sino de demostrar si un programa libertario puede generar crecimiento sostenido, consolidar estabilidad macroeconómica y ofrecer una estructura institucional moderna. La comparación con experiencias regionales y con la historia argentina sugiere que este tipo de programas sólo triunfa cuando logra coordinar simultáneamente resultados económicos y consensos políticos, algo pocas veces visto en nuestro país.