inicia sesión o regístrate.
Las imágenes del motociclista realizando maniobras extremas por las calles de Salta, difundidas recientemente y hoy bajo investigación, generaron una lógica reacción de repudio social. El riesgo evidente, la imprudencia manifiesta y la posibilidad concreta de una tragedia obligan a preguntarnos quién es el responsable. Sin embargo, hay una pregunta más incómoda que permanece sin respuesta: ¿dónde estaban la Policía Vial y la Policía Municipal de Tránsito cuando esas maniobras ocurrieron?
El video solo expone, de manera brutal, una realidad cotidiana que los vecinos conocen demasiado bien. Motos sin patente, conductores sin casco, circulación con más de dos personas, vehículos sin luces, cruces en rojo, ingresos indebidos a rotondas y maniobras temerarias son parte del paisaje urbano diario, especialmente en accesos clave como el ingreso desde San Lorenzo hacia el barrio La Almudena. Allí, cruzar un semáforo en rojo o "esquivar" el control se ha vuelto casi una costumbre, no una excepción.
A esto se suma un dato alarmante: la circulación de personas en evidente estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias, manejando motos o autos sin ningún tipo de control. Ocurre constantemente a plena luz del día, en zonas transitadas, frente a vecinos, comerciantes y familias.
El Estado aparece tarde. Aparece cuando el video se viraliza, cuando la indignación se multiplica en redes sociales y cuando la tragedia ya estuvo a centímetros de suceder. Entonces sí: se investiga, se busca al infractor, se anuncia un posible castigo ejemplar. Pero la seguridad vial no puede depender del azar ni del algoritmo. No puede funcionar solo cuando hay cámaras grabando.
En la intersección de Entre Ríos y Pedernera, frente a una estación de servicio donde funciona una parada de colectivos y un local gastronómico, los vehículos estacionan de manera permanente sobre el espacio reservado para el transporte público. Esta infracción sostenida genera una consecuencia grave y silenciosa: en reiteradas oportunidades, los colectivos de la línea 7 - San Lorenzo no pueden permitir el ascenso de personas en silla de ruedas, ya que no logran maniobrar correctamente por la ocupación indebida del lugar.
Aquí el problema deja de ser solo tránsito y se convierte en una vulneración directa del derecho a la accesibilidad. Personas con discapacidad, adultos mayores y pasajeros con movilidad reducida son los primeros perjudicados por la falta de controles. No es un detalle menor ni una molestia secundaria: es una exclusión concreta, cotidiana y evitable.
Lo más grave es que estas situaciones han sido denunciadas formalmente en múltiples ocasiones. No se trata de que las autoridades no sepan. Saben. Hay reclamos, notas, avisos y pedidos reiterados. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma: ninguna solución sostenida en el tiempo, ningún control permanente, ninguna sanción que funcione como verdadero disuasivo.
Cuando la ley no se cumple de manera constante, deja de ser ley y se transforma en sugerencia. Y cuando las normas de tránsito se aplican de manera esporádica, el mensaje es claro: infringir no tiene consecuencias. Esa es la pedagogía del abandono, y sus resultados están a la vista.
La seguridad vial no puede ser un tema secundario de agenda. Es una política pública que salva vidas o las pone en riesgo. Exige presencia, constancia y decisión política. No alcanza con operativos aislados ni con comunicados posteriores. Se necesitan controles diarios, sanciones efectivas y una presencia visible que recuerde que la calle no es tierra de nadie.
El repudio social no apunta solo al motociclista del video. Apunta, sobre todo, a un sistema que llega siempre después.
Y cuando el control llega tarde, la tragedia suele llegar primero.
.