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Es difícil encontrar un impuesto más brutal que el de los Ingresos Brutos (IIBB). Es un claro ejemplo de cómo los gobiernos provinciales monopolizan la exacción de dinero, justificándose con la provisión de seguridad, infraestructura, educación o sanidad e incluso con la redistribución de la renta, a fin de consolidar su legitimidad sobre la población "atracada".
Una corriente de la economía visualiza al gobernante como un líder que pretende pasar por benevolente para que sus actividades sean consideradas legítimas y para que las personas acuerden cumplir con las obligaciones impuestas. El eminente economista Mancur Olson explica el origen histórico de los Estados como bandidos que adquieren un porcentaje de participación en el botín de la sociedad. En tal caso, los impuestos (o buena parte de ellos) serían un robo destinado en gran medida a actividades que sus víctimas reputan valiosas (y que les incentivan a aumentar su productividad o su lealtad hacia el gobierno).
En nuestro país, la mayor parte de los ingresos provinciales propios proviene de este gravamen. La concentración de ingresos de cada provincia en este impuesto es alarmante. Con un claro tinte cesarista, los gobernadores se mantienen en la zona de confort de vivir de la renta que le sacan a la producción con los Ingresos Brutos.
El impuesto fue creado en el año 1977 y, de a poco, fue convirtiéndose en la principal herramienta de los ministros de Economía de cada provincia, después de la Coparticipación Federal. Lo grave es que este disparatado recurso sigue creciendo. Mientras que en el 2004 era inferior al 60%, ahora representa cerca del 82% del total de ingresos provinciales. El resto se distribuye entre el Automotor, el Inmobiliario, el de Sellos y de otros de menor magnitud.
Se trata de un impuesto a las ventas en cascada, que tiene tasas crecientes a medida que el producto se acerca al consumidor final. Es distorsivo, pues se va cargando a lo largo de todas las cadenas de valor hasta el destino final. Por ello, promueve la producción de bienes y servicios alejados del consumidor final, es decir de menor valor agregado a lo largo de las cadenas.
Se reproduce a través de los diferentes eslabones de la cadena de valor. No hay duda, por lo tanto, que es plurifásico, pues se aplica en cada fase del proceso de hacer y vender un bien o servicio. No grava todo el valor del producto final al final, sino el valor que se agrega en cada etapa, en cada fase de la cadena de valor. Ataca, entonces, la competitividad e incita a desarrollar cadenas de valor "cortas" por lo que buena parte de los eslabones son creados fuera del país. Y, por tanto, las provincias tienden a la pobreza.
La tentación para el político en incurrir en esta suerte de pillaje es enorme porque le brinda autonomía al financiamiento de la provincia que corresponda, y una suerte de espejismo de mejoramiento en el nivel de vida en el electorado, sin que la gente perciba su negativo impacto en la calidad de vida. En la mayor parte de los bienes y servicios que la ciudadanía compra, debe pagar más del 10% del precio en tributos por la acumulación de este impuesto.
Permítame, señor lector, recordar lo que hace siglos dijo San Agustín: "Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?".