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A mediados de abril, el Consejo Federal que reúne a comisiones provinciales para la previsión de la tortura y de tratos inhumanos en las cárceles realizó un plenario en San Miguel de Tucumán. Allí escucharon testimonios lacerantes de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y familiares de personas privadas de la libertad, lo que se tradujo en una fuerte denuncia y la demanda a los organismos gubernamentales, parlamentarios, judiciales y del Ministerio Público para que se ponga fin a la violación sistemática de los Derechos Humanos en los ámbitos carcelarios.
El Consejo Federal denunció la obstrucción a la labor de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la provincia de Tucumán, impidiendo el acceso a los lugares de detención, incluidos "hechos de violencia física que se han ejercido contra uno de sus integrantes". Estos, y otros episodios, ya instituidos desde hace tiempo como metodología (oculta), se repiten en toda la extensión del país. El comité federal describió también el retorno de "operativos o 'razzias' denominados 'trencito', focalizados particularmente en barrios tucumanos de sectores populares tales como Tafí Viejo, Villa Carmela, Yerba Buena, Villa Muñecas, San Cayetano, donde se producen allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas y arbitrarias, y sucesos de amenazas que incluyen armas de fuego, tanto a personas adultas como a menores". ¿Herencia de Antonio Domingo Bussi? Eso evocan las persecuciones contra el colectivo travesti trans; a personas que viven en la calle, individuos con consumos problemáticos y a vendedores ambulantes, trapitos y artistas callejeros.
Estos episodios de violencia y deshumanización fueron rubricados por los representantes de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego A.I.A.S, Tucumán, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Hacinamiento
No se trata de una cuestión de ideologías. El hacinamiento en las cárceles crece al mismo ritmo en que aumentan el narcomenudeo, las complicidades institucionales, la pobreza excluyente, la informalización de la economía, la destrucción educativa y la pérdida de horizontes. Y junto con la generalización del delito, en los sectores populares recrudecen los odios clasistas y raciales. Este universo violento forma parte de la realidad social creada por la política clientelar de todos los niveles, y practicada por dirigentes de todos los movimientos políticos y que requieren del delito para sostenerse en el poder. Por eso, el exhibicionismo represivo elude meterse a fondo con poderosos que se ocupan del blanqueo de los dineros ilícitos.
Las bandas que habitan las cárceles son una amenaza para cada ciudadano. Pero se convierten en operadores de un proceso que hoy se extiende en Latinoamérica y que consiste en el retroceso del Estado y el aumento de territorios controlados por organizaciones criminales, guerrillas residuales, y punteros de gobiernos que fomentan ese status quo.
Lo denunciado por el Comité Federal en Tucumán es solo la punta del témpano. Las oleadas criminales en Rosario de Santa Fe y el conurbano bonaerense son señales de advertencia más poderosas.
Los sucesivos gobiernos argentinos no han tomado la inseguridad como una cuestión geopolítica. En primer lugar, la dejan en manos de políticos inexpertos, más proclives a aprovechar los recursos de inteligencia para espiar a los adversarios políticos y carentes de conocimientos y de contactos para prevenir los focos externos e internos de riesgo.
No hay simplismo que valga. Sea como sea, los profetas de la "mano dura" o la "mano blanda" carecen de profesionalidad para abordar un punto crítico de la convivencia, la inseguridad, que ya es una bomba de tiempo.
Estamos ante un capítulo de la deshumanización contemporánea. El preso, cualquiera sea el crimen que se le impute, no está en la cárcel para ser sometido a un tratamiento perverso. Sólo está privado de su libertad y es lógico que se restrinja su comunicación con el exterior. Negarle contacto con su abogado o con el médico es violar la Ley por parte del Estado.
Inseguridad
La dimensión geopolítica de la inseguridad no puede ser ignorada. En sus tres meses en el poder, el exhibicionismo de Donald Trump lo llevó a deportar a refugiados venezolanos en Estados Unidos, es decir, a personas que se refugiaron de la barbarie que impuso Nicolás Maduro, quien expulsó a ocho millones de sus compatriotas por persecución o por hambre. Trump, Maduro y Nayib Bukele: tan distintos y tan cercanos. Cientos de venezolanos deportados por Trump fueron acusados sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua, una organización mafiosa de origen en el mismo país, cuya relación con el chavismo no es clara. Trump y Bukele acordaron detenerlos un año en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, una especie de cárcel modelo y templo de la deshumanización. Hasta Maduro, cuya sede de Inteligencia, el Helicoide, es un símbolo del terror chavista, acusó a Trump y Bukele de violar los derechos humanos de sus compatriotas, a los mismos a los que obligó a huir de Venezuela.
Lo que se denunció en Tucumán y lo que el Comité Provincia de Salta viene denunciando en nuestra provincia es un problema que debemos resolver en cada provincia y en el país. Pero hay que estar atentos con lo que pasa en el mundo: una ola creciente de desprecio por la libertad y por la dignidad humana, que se refleja y multiplica en el poder, está haciendo tambalear a la democracia.