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La reciente sanción de la ley que impone un depósito previo para el acceso al recurso de queja ante la Corte de Justicia de Salta, proyecto impulsado por el propio Poder Judicial, es un síntoma de las dinámicas de poder que configuran nuestra esfera pública local, revelando un preocupante desvío de los principios democráticos fundamentales. Más allá de las exiguas justificaciones, -porque nadie parece estar muy interesado en dar razones- la medida vulnera derechos fundamentales como el acceso a la justicia, genera una "caja" de recursos discrecionales y, además, se gestó en un procedimiento legislativo cuestionable.
La Teoría de los Juegos es una disciplina que analiza cómo los actores racionales toman decisiones estratégicas donde el resultado de cada uno depende de las elecciones de los demás. Esta teoría provee herramientas que pueden ser útiles para el análisis: la Corte de Justicia, como un jugador racional, ha optado por una estrategia de maximización de su utilidad institucional. Al proponer un arancel equivalente a 12 IUS -una suma considerable para el justiciable promedio, y que además se actualiza con el tiempo-, busca un doble beneficio. Por un lado, aliviar la carga de trabajo en la Corte, justificación que no se entiende del todo dado que son nueve los miembros del Tribunal salteño, de los mas numerosos del país. Por el otro, busca obtener una caja destinada "para bienes de capital y de consumo el servicio de justicia". Asi es que si la queja es inadmisible, el depósito no se devuelve y conforma una fuente de financiamiento propia y discrecional para el tribunal, sin controles. Esta es una clara jugada de la Corte para asegurar su propio bienestar y poder dentro del entramado estatal.
La respuesta de los otros jugadores es lo que define el equilibrio de este juego. Al convertir este proyecto en ley, diputados y senadores salteños han cooperado con la estrategia de la Corte. En el tablero político, esta acción podría interpretarse como una decisión calculada para mantener la armonía entre poderes, quizás evitando confrontaciones o incluso buscando algún beneficio tácito en esta alianza.
El costo, sin embargo, lo pagamos los justiciables, la ciudadanía. Resulta claro que la mirada de los actores analizados, la Corte y legisladores, no prioriza el acceso a la justicia de los justiciables.
Más allá de las dinámicas de poder, la imposición de este arancel vulnera principios legales y constitucionales fundamentales. Se ven restringidos el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, garantizados por nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Un depósito elevado convierte un derecho fundamental en un privilegio para unos pocos. Se aniquila también el principio de igualdad ante la ley, creando una justicia de dos velocidades: una para quienes pueden pagar y otra, inaccesible, para la mayoría. Se contraviene además el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que prohíbe al Estado retroceder en el nivel de protección de derechos ya reconocidos.
Que se hayan instaurado depósitos previos en otras cortes de justicia locales, no parece ser justificación suficiente a esta reciente imposición, sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales de quienes buscan justicia.
Un punto que debe señalarse es el procedimiento legislativo. El proyecto se aprobó en la Cámara de Senadores y pasó a revisión a Diputados. El hecho de que una ley de esta naturaleza, que afecta directamente el bolsillo del ciudadano y los ingresos del Poder Judicial, haya iniciado su trámite en el Senado y no en la Cámara de Diputados -donde habitualmente se originan leyes que tocan temas de ingresos o de fuerte impacto ciudadano-, podría interpretarse como un atajo estratégico para facilitar su aprobación, sorteando un debate quizás más riguroso, aunque como se sabe, es notorio el desdibujamiento de las voces opositoras. La decisión de instalar un filtro monetario, cuando se podrían implementar otras alternativas menos gravosas –como un área con personal técnico que analice la admisibilidad de los recursos–, es reveladora.
La racionalidad instrumental de Max Weber es una idea que describe cómo las burocracias modernas tienden a elegir los medios más eficientes y calculados para lograr sus fines, sin necesariamente cuestionar la moralidad o las implicaciones éticas de esos medios. En este marco, la Corte priorizó un medio "eficiente" -un arancel de doce ius- para alcanzar sus objetivos de reducir la carga de casos y generar fondos discrecionales. En esta lógica, la formalidad de un filtro monetario prevalece sobre la sustancia del derecho al acceso a la justicia y la igualdad. La opción de un área técnica, si bien más justa y basada en el mérito procesal, fue descartada por implicar mayor gestión y tal vez mayor personal, revelando una preferencia por lo "conveniente" para la institución, por encima de lo justo para el ciudadano.
Quienes frecuentan los tribunales de justicia tienen claro que no es necesario designar mas personal para constituir el área técnica para revisión de admisibilidad de las quejas, sino basta con una mera reasignación de tareas.
La Corte y la Legislatura no solo minimizaron toda deliberación posible, sino que silenciaron el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas. La esfera pública imaginada por Jürgen Habermas, un espacio para el debate racional y abierto, se ve ignorada y hasta potencialmente manipulada. Los ciudadanos, al no tener acceso a la información completa, quedan excluidos de la posibilidad de ejercer un control democrático efectivo, convirtiendo el espacio público en un mero escenario de decisiones tomadas entre bambalinas.
Esta medida no es un simple arancel; es un experimento de poder que pone a prueba la solidez de las instituciones democráticas locales, la capacidad de la ciudadanía para influir en las decisiones que moldean su acceso a la justicia y la transparencia de sus poderes. Sin una decidida reacción cívica y de la abogacía que altere este equilibrio, la siguiente jugada del tablero está en manos del gobernador Sáenz: la posibilidad de vetar una ley que hipoteca el acceso a la justicia y la transparencia en la gestión de fondos públicos. El veto del gobernador se presenta como la única salvaguarda ante este desequilibrio institucional.