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La oposición logró ayer rechazar en Diputados el veto a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, pero no pudo reunir los dos tercios para hacer lo mismo con el aumento y el bono para los jubilados. Y, al caer la tarde, estalló un escándalo de coimas que se pone de manifiesto en un audio atribuido, nada menos, que al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. En ese audio, el funcionario hace referencia a supuestas coimas y negociados con medicamentos que involucran a Karina Milei y a los Menem.
Las consecuencias de esta revelación son impredecibles.
Spagnuolo llegó a ese cargo solamente por ser amigo de Javier Milei. Es la misma persona que le dijo a la mamá de Ian Moche, un chico autista de doce años, que "las personas con discapacidad debían trabajar y sus familias solventar los gastos". Y para reforzar su postura añadió: "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?". El que también firmó una resolución en la que empleó términos como "idiota", "imbécil" y "retardado mental" para referirse a las personas con discapacidad. Una definición que lo inhabilitaba para el cargo.
Pero el problema de fondo es otro.
El reconocimiento de los derechos de los jubilados, los discapacitados y los pobres es el fruto de una sociedad formada en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y en esa sociedad el Estado debe garantizar que esos derechos sean respetados. Es lo que se llama "justicia social", un principio al cual los nuevos libertarios consideran deleznable, mientras los gobiernos populistas lo enarbolan como discurso mesiánico y lo usan como instrumento para financiar la política.
La deuda, la inflación y el déficit son un síntoma de que la sociedad de bienestar está tambaleando. Entre el liberalismo infantil y distorsivo de los libertarios y la demagogia kirchnerista, la están demoliendo.
Las familias con personas discapacitadas necesitan tener asegurado el transporte, la asistencia profesional, atenciones imprescindibles para afrontar una circunstancia que puede desbordarlos. El Estado debe garantizar financiamiento y hoy no es así.
Hay madres que deben dejar de trabajar para atender a su hijo; hay episodios en los que se necesitan asistentes terapéuticos con formación superior. Hay aparatos ortopédicos inaccesibles para los presupuestos de las familias de medianos ingresos. Hay prestaciones complejas y escuelas especiales que solo pueden ser solventadas con el aporte de obras sociales y prepagas. Y estas hoy muestran demoras y reticencias. De esas realidades, ningún gobierno no puede desentenderse.
Si los políticos trabajasen con seriedad, con menos alharaca, omitiendo la designación de ñoquis y comisarios políticos, y designando funcionarios idóneos, la historia sería diferente.
No hace falta una ley de Emergencia, sino un Estado que se ocupe y destine recursos económicos y profesionales a las tareas que los libertarios consideran que también deben quedar en manos del libre mercado. Una locura.
Pero esa locura pudo prosperar en una sociedad en quiebra, que antes convalidó el festival del "plan platita" y la emisión sin límites.
Una sociedad indiferente a la falta de accesibilidad para las personas que transitan en silla de ruedas o con bastones y donde muchos automovilistas no entienden que haya espacios reservados para discapacitados.
La justicia social no solo es un deber del gobierno: debe seguir siendo una cultura del pueblo.