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En las últimas décadas, el país se ha debatido entre optar por una economía estatizada, o una de libertad económica. Es cierto, se trató de un debate, pero meramente ello, pues, en la práctica, la política económica y las decisiones políticas se mantuvieron regidas por el estatismo, en diferentes grados.
La realidad es que incluso aquellos gobiernos que se percibían como propensos a la libertad económica, como es el caso de algunos militares, en definitiva, eran claramente estatistas. Y los resultados están claramente a la vista. La economía del país ha ido cayendo en cualquier rubro que se tome, sobre todo, en el PBI por habitante.
La sociedad argentina es, quizás, el conjunto humano que, en la historia mundial reciente, más veces ha tropezado con la misma piedra. Recién con el resultado de las últimas elecciones presidenciales se produjo un cambio para sortearla e intentar no caer.
El mensaje ganador en el electorado permitió que la lucha contra la inflación haya, hasta el momento, debilitado a tal flagelo, el principal autor de la inequidad creciente sufrida por décadas. La gente parece haber entendido que no es posible mantener las cuentas deficitariamente. El gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios) había llegado al terrible nivel del 45% del PBI y el Gobierno comenzó a recortarlo y lo está haciendo drásticamente.
Pero tiene un problema: esta ingrata tarea requiere del apoyo del Congreso, que contrariamente intenta incrementar el gasto fiscal.
Responsabilidad
El imperio de la libertad económica exige un alto grado de responsabilidad individual que contrasta con los valores igualitaristas vociferados por los políticos de siempre. Sin el soporte de una masa crítica mínima de legisladores de bloques afines y de gobernadores dispuestos a acuerdos de gobernabilidad, la instrumentación se convierte en una tarea incierta.
En estos días, tal problema se agravó. El propio gobierno contribuyó a ello, con torpezas ligadas a la soberbia. Luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, gran parte de la sociedad empezó a dudar de las bondades, no solo del gobierno, sino también de un programa de vida de libertad. Acá vale recordar las palabras del querido papa Juan Pablo II, en la Encíclica Centesimus Annus, cuando expresaba que la deficiente situación económica es "consecuencia de la violación de los derechos humanos a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sector de la economía.'
Un plan de gobierno guiado por la convicción de lograr mayor libertad siempre es loable. Obviamente, el problema reside en cómo instrumentarlo. Puede haber equivocaciones, marchas y contramarchas. Incluso, puede ser acertado, pero con resultados solo visibles en el mediano plazo. Es entonces, cuando entra en juego la paciencia. La paciencia no solo comprende "aguantar" también, supone tolerar o resistir situaciones extremas, sin reaccionar de forma impulsiva. Implica la predisposición para esperar hasta lograr un objetivo.
En economía, lo que se hace hoy, muestra resultados mañana. Juzgar la realidad de ese modo se llama cordura.