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Por Hernando Longoni
El asesinato de tres mujeres jóvenes en Florencio Varela es desgarrador no sólo por las vidas cercenadas, sino por la saña perversa con que fue ejecutado. Una acción macabra, acompañada de exhibicionismo de parte de los criminales, que, según el ministro bonaerense de Seguridad, transmitieron la masacre en vivo por Instagram a un grupo de "soldaditos" de la mafia.
Pero el episodio muestra la alarmante impunidad con que se expande el crimen organizado en nuestro país. Las jóvenes hicieron un recorrido, por lo menos, de 37 kilómetros entre La Tablada, en el partido de La Matanza hasta Florencio Varela, en el sudoeste del Conurbano, camino a La Plata. Al parecer, ingresaron en ese trayecto a la Villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires.
Versiones abundan y hay cuatro detenidos. Incluso, hay una búsqueda de un jefe narco, probablemente de segundo nivel, que organizó lo que parece una venganza ejemplarizadora.
En todo el mundo, el crimen organizado cuenta con la complicidad, o la cobertura, de funcionarios, magistrados, empresarios y profesionales aparentemente respetables.
Evidentemente, el gobierno bonaerense no asume la dimensión de lo ocurrido en su territorio. El ministro Javier Alonso, a pesar de que el vehículo de los criminales recorrió de punta a punta el Conurbano con patentes adulteradas, solo busca desligarse del hecho.
Ni él ni nadie sabe todavía a ciencia cierta quién dio la orden. Lo que no puede hacer el funcionario es tratar de que todo el mundo cierre los ojos. El auge del crimen organizado en Rosario y el AMBA se vincula con intereses estratégicos de un comercio clandestino, que se aprovecha de los sectores con mayor vulnerabilidad (como es el caso de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez). Ese fenómeno extiende sus tentáculos en todo el país y es evidente que los gobiernos tienen escasa voluntad o enorme incompetencia para ponerle freno