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La madrugada que cambió el tablero. El 3 de enero de 2026 amaneció con un estruendo que aún resuena en los pasillos diplomáticos del continente. La operación “Resolución Absoluta”, de Estados Unidos contra Venezuela, no fue simplemente un golpe contra Nicolás Maduro: significó la redefinición del mapa estratégico sudamericano.
El hecho generó la condena en organismos internacionales y abrió un debate sobre la legalidad de la intervención. La captura del mandatario venezolano, transportado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, expuso la vulnerabilidad de un sistema defensivo que, pese a contar con tecnología rusa y también china, fue neutralizado en minutos por la guerra electrónica estadounidense. Fuerte Tiuna y La Carlota quedaron “ciegos”, mientras la doctrina de la “Guerra de Todo el Pueblo” se derrumbaba ante un despliegue que conjugó planeamiento, dirección, organización, coordinación y ejecución de precisión.
El ataque produjo un impacto tanto civil como militar: además de las bajas en combate, se registraron víctimas civiles en las zonas bombardeadas.
El asalto al complejo presidencial fue ejecutado por 200 comandos de la Fuerza “Delta” en el marco de una incursión (acción ofensiva limitada, de corta duración, cuyo objetivo es sorprender al adversario en un área específica, infligir daños puntuales, obtener información o desorganizar sus fuerzas, para luego replegarse sin intención de ocupar el terreno. En este caso, la finalidad era la captura del Ejecutivo venezolano). La operación culminó con la muerte de 24 militares venezolanos y 32 agentes cubanos, además de 90 heridos y al menos dos civiles fallecidos, frente a siete heridos estadounidenses.
La operación se desarrolló a nivel conjunto, con participación de componentes terrestres, navales y aéreos. Intervinieron el portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, el buque anfibio USS Iwo Jima, el MV Ocean Trader (empleado como “buque fantasma” en misiones encubiertas), 150 aeronaves destinadas a la supresión de la defensa aérea y la 22ª Unidad
Expedicionaria de Marines, desplegada en la costa. La acción se complementó con un bloqueo caribeño de 15.000 efectivos y el despliegue de 30.000 soldados colombianos en la frontera.
Por su parte, la doctrina venezolana se fundamenta en la fusión civil-militar, con unidades como la milicia bolivariana, encargadas de apoyo terrestre, logística y resistencia en operaciones de guerrilla. La población organizada en milicias complementa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), configurando un sistema asimétrico orientado a responder a amenazas externas mediante resistencia prolongada y dispersa.
El ataque no se limitó a Caracas, centro de gravedad de la operación, sino que también alcanzó estados estratégicos: Aragua al oeste (bases militares y recursos industriales), Miranda al este (zonas urbanas y militares) y La Guaira al norte (puerto clave, objetivo de ataques aéreos y navales). La infraestructura crítica golpeada incluyó la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota) -principal despliegue de defensa aérea- y el Fuerte Tiuna, sede del comando, control y comunicaciones de la FANB, además de unidades de artillería antiaérea y radares móviles de detección temprana.
Los ataques de precisión estadounidenses se orientaron a generar un desequilibrio inicial, cualitativo y cuantitativo, contra los sistemas de defensa aérea de origen ruso, como los misiles Buk y S-300, así como contra la estructura de defensa integral basada en la doctrina cívico-militar de la FANB. Entre los sistemas neutralizados se encontraban los S-300VM (Antey-2500) -misiles de largo alcance, hasta 200 km, capaces de interceptar aeronaves y misiles balísticos-, los Buk-M2E —misiles de alcance medio de 45 km, desplegados en bases como La Carlota-, además de sistemas portátiles como los Igla-S, de 6 km de alcance, destinados a la defensa cercana contra helicópteros y aviones. Asimismo, se empleaban radares de vigilancia aérea de origen chino, con alcances de entre 50 y 500 km: los JYL-1 y JY-27, capaces de detectar aeronaves convencionales y furtivas, y los YLC-18, radares móviles de medio alcance que complementaban la red de defensa.
Tras la derrota en este breve enfrentamiento, la FANB se limitó a mantener el orden interno. El Pentágono ofreció inmunidad a los generales venezolanos a cambio de garantizar la seguridad de las instalaciones petroleras.
La operación evidencia la superioridad estadounidense en conducción y tecnología, pero también la incapacidad venezolana de explotar su principal recurso estratégico: el Pueblo en Armas (susceptible de iniciar operaciones de guerrilla que difícilmente logran retener el terreno por tiempo prolongado). Ello produjo, entre otras, un vacío operativo aprovechado por la “High Tech” militar Estados Unidos, que consiguió un golpe estratégico mediante la articulación de elementos tácticos altamente equipados, organizados e instruidos. La lección fundamental es clara: los errores estratégicos no encuentran solución en el plano táctico. La maniobra estadounidense, articulando medios tácticos altamente equipados, derivó en resultados estratégicos de excepción.
El “Plan Rubio”: estabilización y control económico
No se trató de una invasión total. A diferencia de Irak en 2003, la operación fue concebida como una decapitación quirúrgica, no como una ocupación a gran escala. Washington busca evitar errores del pasado, manteniendo la continuidad burocrática: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora presidenta bajo asedio, sostiene la gestión de servicios básicos y preserva la infraestructura. Se evita la destrucción de refinerías para permitir la rápida operación de empresas como Chevron y contener la migración, intentando frenar un éxodo que ya afecta a 7,9 millones de personas.
Una semana después, Washington presentó su estrategia de tres fases:
- Estabilización interna: neutralización de colectivos armados y control urbano.
- Recuperación económica: bajo la doctrina de “Petróleo por Reconstrucción”, Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo para saldar deudas con corporaciones estadounidenses, con fondos destinados exclusivamente a productos fabricados en EE. UU.
- Transición política: descartada la convocatoria inmediata a elecciones, se privilegia la continuidad administrativa bajo supervisión externa.
Este plan busca evitar el “Vacío de Poder” que en Irak generó la insurgencia tras la disolución del ejército y el partido Baaz. En Venezuela, EE. UU. mantiene intacta la estructura estatal, permitiendo que Delcy Rodríguez continúe y evitando asumir directamente hospitales, escuelas y servicios básicos.
La estrategia aplica la doctrina de “Decapitación” frente al “Nation Building”: remover solo la cúpula (Maduro) mientras se conserva la estructura intermedia. El objetivo es obligar a las élites chavistas y a los militares a negociar bajo la amenaza de futuras capturas.
El Pentágono también busca evitar una guerra de guerrillas urbana. Mantener sectores chavistas operativos reduce el incentivo para que pasen a la clandestinidad. Prefiere un gobierno “chavista-administrativo” debilitado que controle el orden interno, antes que soldados estadounidenses patrullando Caracas.
La variable petrolera, el factor migratorio, el dilema legal internacional
Una guerra abierta destruiría la infraestructura petrolera que EE. UU. desea rehabilitar rápidamente. Por ello, se privilegia el interés económico: el petróleo debe fluir de inmediato para pagar la deuda venezolana. Una invasión total paralizaría la producción por años; la transición controlada permite que las empresas estadounidenses operen bajo relativa estabilidad.
En cuanto a la migración, una invasión total provocaría una crisis de refugiados que colapsaría las fronteras de Colombia, Brasil y eventualmente la de EE. UU. Al no atacar directamente a la población civil ni destruir el aparato estatal, Washington intenta contener la presión migratoria dentro de Venezuela.
La operación fracturó a la comunidad jurídica global. Mientras Washington califica a Maduro de “criminal” y “usurpador”, la ONU denuncia la ausencia de mandato multilateral y la violación del principio de no intervención. El control forzoso de los activos de PDVSA para pagar deudas corporativas roza la expoliación de recursos naturales, prohibida por las Convenciones de Ginebra.
La intervención carece de legitimidad bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, ya que no contó ni siquiera, con un mandato de “imposición de la paz”. Se sitúa en el terreno de la Realpolitik (lo hago porque quiero y puedo), comparable a la operación rusa en Ucrania. Surge la pregunta inevitable: ¿qué queda de los ideales de las Naciones Unidas y de los sacrificios de los cascos azules en Kuwait-Irak o en la ex Yugoslavia, donde también argentinos cayeron “por la paz”?
Espejo de las intervenciones occidentales:
- ⦁ Bagdad (2003): Irak buscó un cambio de régimen total; Caracas, una decapitación quirúrgica. Washington preservó la burocracia venezolana y evitó el caos iraquí.
- ⦁ Panamá (1989): similitudes en la captura de Noriega y traslado inmediato a EE. UU.; diferencias en la ocupación breve frente a la proyección regional en Venezuela.
- ⦁ Libia (2011): la OTAN actuó con mandato multilateral; Caracas fue unilateral, reforzando la crítica de “Doctrina del Hecho Consumado”. Libia cayó en guerra civil; en Venezuela se intenta evitarlo mediante acuerdos discretos con la FANB.
- ⦁ Afganistán (2001–2021): la guerra más larga de EE. UU.; Caracas busca evitar un conflicto prolongado. Ambos casos presentan crisis humanitarias, pero en Venezuela se intenta contener el éxodo con operaciones limitadas.
Conclusión
“Resolución Absoluta” inaugura un nuevo modelo de intervención estadounidense: rápida, quirúrgica y con fuerte componente económico. No busca una ocupación total, sino un tutelaje indirecto que preserve infraestructura y minimice costos. Sin embargo, la ausencia de legitimidad internacional y el dilema jurídico la convierten en un precedente polémico, capaz de redefinir las reglas del juego en la política global.
Con el petróleo venezolano fluyendo hacia las refinerías del Golfo de México, el país enfrenta un futuro incierto: una administración tutelada por Washington o el riesgo de insurgencia civil. Mientras tanto, Nicolás Maduro aguarda su juicio en una corte federal de Nueva York, y el tablero geopolítico sudamericano ha cambiado para siempre.