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La madrugada del 3 de enero de 2026 sorprendió al mundo con una noticia alarmante: Caracas fue bombardeada por una potencia extranjera. Estados Unidos llevó a cabo una acción militar, actuando sin autorización del Congreso y en violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas. Ya en tiempos de la Guerra Fría, el sociólogo francés Raymond Aron calificaba a Estados Unidos como la "República Imperial". Sin embargo, ni siquiera durante los periodos de Henry Kissinger, Washington se atrevió a tanto. Aunque el secretario norteamericano promovió golpes de Estado mediante la CIA, como en Chile (1973) o Argentina (1976), estas acciones contaron con la participación de fuerzas armadas locales y no implicaron una intervención directa de las fuerzas estadounidenses.
Tampoco se pueden olvidar episodios como la invasión estadounidense a Cuba en Bahía de Cochinos, que resultó una humillación para la superpotencia, ni la ocupación de Veracruz durante la "Revolución Mexicana", o la guerra entre México y Estados Unidos, tras la cual, México perdió el 55% de su territorio. Estos hechos dieron lugar a la famosa frase de Porfirio Díaz: "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos". Sin olvidar las anexiones de Texas, Puerto Rico, Hawai, Panamá, Guantánamo en Cuba o Filipinas. Y, a pasar que esta última logró su independencia a mediados del siglo XX, Cuba continúa teniendo una base de ocupación y bajo presión por un bloqueo económico que limita su autodeterminación y obstaculizando su desarrollo económico.
Sin ánimo de polemizar ni desviar la atención de la gravedad de este hecho, que sacudió los cimientos del orden internacional, la intervención para destituir al presidente venezolano queda relegada en un segundo plano frente a la crisis que revela en el sistema internacional. Este acontecimiento sienta un precedente negativo y constituye una amenaza para toda la región e incluso fuera de ella, como se puede ver tras la amenaza abierta a Dinamarca por el control de Groenlandia. Aunque algunos opositores al régimen de Maduro celebren la intervención, sin medir las perjudiciales consecuencias para este país bolivariano, resulta preocupante que una potencia extranjera actúe militarmente y de manera unilateral contra otra Nación, deteniendo a un jefe de Estado sin orden judicial ni proceso legal y la amenaza de quedarse con sus recursos estratégicos. Toda una política imperialista propia del siglo XIX en pleno Siglo XXI. Poniendo en "jaque" a sus propios aliados-vasallos generando una crisis en la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Todas estas acciones van en contra de los principios y compromisos de la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Carta de la Organización de Estados Americanos (1948) y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y constituirían delitos contra la paz de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), entre otras normas del Derecho Internacional. Además de realizarse sin la observancia de su derecho interno. Se ven afectados los principios de igualdad soberana, prohibición del uso o amenaza de la fuerza, no intervención en asuntos internos, solución pacífica de controversias, cooperación internacional e inmunidad diplomática de los jefes de Estado, además de los principios generales de legalidad, buena fe y debido proceso.
La condena internacional fue contundente, no sólo por parte de la opinión pública, sino inclusive por varios mandatarios que mostraron su condena en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lamentablemente, y contraria a la tradición de nuestra política exterior, la voz de nuestra américa se vio dividida. La respuesta de condena por parte de Colombia y México fue recibida por la administración Washington con amenazas de ser los próximos países susceptibles de intervención. Estos hechos también despertaron alarma en Chile, su presidente Boric señaló como grave y que, si bien hoy es Venezuela, en un futuro "podría ser cualquier otro". Desde nuestro país, se celebró con una absurda frase vacía de contenido que recuerda a una imagen de "Quino", una estatua de la libertad llena de militares como el caballo de Troya.
Esta semana ingresó una denuncia penal contra el presidente Trump, su secretario de Estado Marcos Rubio y otros funcionarios ante la Corte Penal Internacional, caratulada como "TRUMP DONALD s/av delito", impulsado por el jurista argentino Aldo Sergio Parodi, por haber cometido un crimen de agresión tipificado en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Estamos a tiempo de pedir justicia por este hecho que amenaza la paz y la seguridad internacional. La competencia de la Corte opera cuando estos delitos no son investigados por los magistrados de su propio país, en este caso Estados Unidos. Sin embargo, Washington desconoce la competencia de jurisdicción externa sobre sus funcionarios. Ellos consideran que pueden afectar la soberanía de otros Estados, pero desconocen la competencia de organismos internacionales en su propia jurisdicción, como si existiera una soberanía "vasalla" y otra imperial. Quizás el presidente Trump y su equipo estén a tiempo de compartir celda con su amigo y aliado Benjamín Netanyahu, sobre quien ya cuenta con orden de captura internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Será Justicia.