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Hay Estados que caen por la fuerza. Otros que se desintegran. Y hay algunos - más inquietantes- que parecen suicidarse despacio; como si cada decisión pública estuviera orientada no a corregir el rumbo sino a profundizar el error.
Venezuela pertenece a esta última categoría: no es sólo un país que fracasó sino un país que persistió en el fracaso incluso cuando las consecuencias eran previsibles, visibles y devastadoras. El suicidio de un Estado no ocurre cuando este se equivoca; sino cuando sus mandatarios se niegan sistemáticamente a corregir el rumbo equivocado. Así, la tragedia venezolana no puede leerse sólo como un colapso económico o como un experimento ideológico fallido. Es, ante todo, un drama político y moral: es el relato de cómo el poder, cuando deja de reconocer límites, termina destruyendo aquello que declama defender.
Durante buena parte del siglo XX, Venezuela encarnó una promesa excepcional en América Latina. Una democracia relativamente estable, movilidad y desarrollo social, instituciones funcionales y un Estado capaz de ordenar conflictos. No era una sociedad sin desigualdades ni tensiones, pero ofrecía algo escaso en la región: previsibilidad. Este orden descansaba sobre un supuesto tácito: que la renta petrolera permitiría sostener el progreso de manera indefinida. Un progreso como destino.
Cuando el supuesto comenzó a mostrar fisuras tras la baja del precio del petróleo, Venezuela no pudo encarar el debate sobre cómo adaptarse a un mundo distinto. Hubo nostalgia. Y la nostalgia, en política, suele ser tierra fértil para el populismo. Venezuela no cayó porque tuviera menores ingresos. Cayó porque se negó a aceptar que ya no era tan rica como creía ser.
Así, Hugo Chávez no fue un accidente histórico; fue una respuesta emocional a una decepción colectiva. Llegó al poder no solo prometiendo redistribución, sino venganza simbólica: contra las élites, contra la tecnología, contra la moderación. Su mayor acierto político fue convertir una frustración difusa en un relato épico. Su mayor error -el más costoso- fue confundir representación con encarnación: no gobernar en nombre del pueblo ni para el pueblo sino creerse el pueblo.
Desde ese momento, toda crítica pasó a ser traición; toda institución, un obstáculo; todo límite, una conspiración. La democracia dejó de ser un sistema de reglas para convertirse en un decorado funcional al proyecto.
Y cuando el poder deja de aceptarse como transitorio, empieza a comportarse como absoluto. El chavismo no destruyó el Estado de golpe. Lo vació. Le quitó reglas, profesionalismo, incentivos y controles. Sustituyó capacidades por lealtades, conocimiento por consigna, gestión por improvisación. Las expropiaciones no fracasaron sólo por razones técnicas sino por algo más profundo: la idea de que la voluntad política puede gobernar a la realidad. Que producir es una cuestión ideológica. Que el lucro es una forma de traición. Y que la ineptitud puede triunfar.
El resultado fue una paradoja cruel: un Estado omnipresente, pero impotente; autoritario, pero inútil; rico en recursos, pero incapaz de transformarlos en bienestar.
En estas páginas, Iván Rodríguez sentenció, con razón: "Cuando se descuida al sistema, el crimen organizado desplaza al Estado". Cuando el Estado deja de velar por sus funciones comienza a hacer negocios. El control cambiario, la opacidad fiscal, la captura de empresas públicas y la militarización de áreas civiles generaron una nueva élite no productiva ni política en el sentido clásico; sino una élite extractiva. Una élite que no necesita que el país funcione sino lo contrario; necesita que el país -y su sociedad- sea débil. Que no funcione.
El proyecto dejó de ser revolucionario y se volvió rentista. La ideología no organizaba al poder: lo justificaba. La corrupción dejó de ser una desviación para convertirse en norma. Y aquí se produce el decisivo quiebre moral: cuando quienes gobiernan ya no dependen del bienestar general para sostenerse y la ruina deja de ser un problema para pasar a ser una condición necesaria.
El sendero del colapso (SUBT)
Muerto Chávez, Nicolás Maduro administró el colapso. Sin carisma ni proyecto, gobernó desde el miedo y desde la dependencia de Cuba para el control político. Desde la dependencia de las fuerzas armadas para asegurar la supervivencia. Desde la dependencia de la economía ilegal para financiarse. Bajo su mandato, la política dejó de ser un espacio de disputa para convertirse en un mecanismo de coerción. Elecciones sin alternativa. Instituciones sin poder. Leyes sin sentido. La hiperinflación no fue solo un fenómeno económico: fue también una forma de desposesión masiva, silenciosa, cotidiana. Una forma de licuar responsabilidades.
Y, cuando el dinero deja de valer, el poder deja de rendir cuentas.
Venezuela cruzó una frontera que pocos países cruzan: la fusión entre Estado y crimen. Narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando y extorsión no como enemigos del sistema sino como extensiones de este.
En este punto, el colapso deja de ser reversible por medios convencionales. No alcanza con sanciones; ni cambiando personas; menos con elecciones. Ya no se trata sólo de un régimen dictatorial autoritario; sino de todo un ecosistema donde demasiados actores tienen mucho que perder si el orden se restableciera.
Frente a esta anomalía la tentación de una solución militar es comprensible; pero peligrosa. La experiencia enseña que derrumbar un poder no reconstruye un Estado, sino que, a veces, lo pulveriza. En sociedades fragmentadas, armadas y empobrecidas, el vacío puede ser peor que el autoritarismo anterior.
El previsible final oscuro (SUBT)
La tragedia venezolana no admite redenciones épicas. No hay finales limpios. Solo procesos largos y de final incierto.
Y, sin embargo, Venezuela no es sólo poder y ruina. Es también una sociedad que, aunque exhausta, sigue resistiendo con una intuición básica: que la normalización de esta perversión es inaceptable. Esta resistencia no derriba gobiernos, pero preserva algo más profundo: la idea de que este orden no es natural. Y que no puede ser definitivo.
Ante todo, Venezuela es una advertencia. Muestra lo que ocurre cuando la política promete redención, pero entrega dependencia; cuando el Estado se convierte en botín; cuando la ideología reemplaza a la realidad; cuando el poder deja de aceptar límites.
Si Venezuela logra reconstruirse, no será por un gesto heroico ni por una intervención milagrosa. Será por algo menos glamoroso: instituciones lentas, acuerdos incómodos, reconstrucción moral, reinserción económica. Será un proceso largo, sin aplausos y sin relatos redentores. Porque los Estados no se salvan con consignas. Se salvan cuando vuelven a aceptar que gobernar no es dominar al otro sino administrar límites en nombre de una sociedad que quiere seguir existiendo.
Venezuela, incluso devastada, sigue recordándonos esta verdad inquebrantable y embarazosa.