inicia sesión o regístrate.
El fin del mandato de Antonio Guterres al frente de las Naciones Unidas no es un simple recambio administrativo. Como ocurre cada vez que se abre el proceso de selección del secretario general, lo que está en juego es una definición política profunda sobre el rumbo, los valores y la legitimidad del sistema multilateral.
En ese contexto, la candidatura del argentino Rafael Grossi aparece como un movimiento relevante, pero también problemático, no solo por lo que propone sino, sobre todo, por lo que bloquea.
El proceso de selección del secretario general combina formalidad institucional y reglas tácitas. En términos procedimentales, los candidatos se presentan ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, pero la decisión real se define en este último ámbito, donde los cinco miembros permanentes, entre ellos Estados Unidos, China y Rusia, conservan el poder de veto. A esa arquitectura formal se superpone un sistema no escrito de rotación geográfica, que desde hace décadas orienta las decisiones y busca equilibrar regiones y sensibilidades.
Según ese criterio informal, ampliamente reconocido en el debate diplomático actual, América Latina debería ocupar la próxima Secretaría General. Así lo reflejan los propios análisis que acompañan la candidatura de Grossi: si se respeta la rotación, el próximo titular de la ONU debería ser latinoamericano. Pero esa no es la única variable en juego. Desde hace al menos una década, y de manera explícita en los procesos más recientes, las propias Naciones Unidas han instado a los Estados miembros a considerar "firmemente" la nominación de mujeres para el cargo más alto del organismo. No se trata de una consigna simbólica ni de una corrección estética: es el reconocimiento tardío de una anomalía histórica de 80 años.
En 2016, cuando Guterres fue elegido, ya existían fuertes presiones internas para que la Secretaría General fuera ocupada por una mujer, incluso bajo un esquema de rotación que entonces apuntaba a Europa del Este. La decisión de volver a postergar esa posibilidad dejó una marca que hoy reaparece con más fuerza. Ocho décadas después de la creación de la ONU, la ausencia de una mujer en su conducción ya no puede justificarse como un accidente del procedimiento. No se trata de una consigna reciente ni marginal. La actual coyuntura presenta una oportunidad inédita. América Latina no solo está "en turno", sino que cuenta con un conjunto de candidatas mujeres con trayectoria política, experiencia multilateral y reconocimiento internacional. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; Rebeca Grynspan, secretaria general de la división de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas; Alicia Bárcena, ministra mexicana; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados, integran un grupo que reúne legitimidad democrática y conocimiento del sistema internacional. Bachelet fue particularmente clara al sostener que el mundo está preparado para que una mujer conduzca Naciones Unidas y que mediadoras provenientes de la región podrían aportar respuestas más eficaces a conflictos globales complejos.
En ese marco, la posibilidad de que, por primera vez en la historia, una mujer latinoamericana encabece la ONU no es solo simbólica: es estratégicamente consistente con los valores que el propio organismo proclama. La afirmación no es menor. En un sistema internacional atravesado por guerras prolongadas, bloqueos diplomáticos y una creciente erosión de consensos básicos, la capacidad de reconstruir legitimidad política es tan relevante como la pericia técnica. Que esa reconstrucción sea liderada por una mujer latinoamericana tendría un doble impacto. Por un lado, corregiría una exclusión histórica evidente. Por otro, permitiría que la región proyecte un liderazgo asociado a valores de diálogo, derechos humanos y cooperación multilateral, en un momento en que esos principios se encuentran bajo presión. En este punto, el género no opera como una variable aislada, sino como un componente central de la credibilidad del sistema. Naciones Unidas no puede seguir proclamando igualdad, inclusión y derechos mientras reproduce, en su cúspide, una homogeneidad masculina que ya no representa ni a sus Estados miembros ni a las sociedades que dice servir.
El candidato y sus respaldos
Es precisamente en ese punto donde la candidatura de Rafael Grossi introduce una tensión que no puede soslayarse. Grossi cuenta con una trayectoria sólida en el ámbito nuclear internacional. Como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha gestionado escenarios de alta complejidad, desde la supervisión del programa iraní hasta la mediación en contextos de conflicto armado como Ucrania, incluso bajo amenazas personales directas. Su perfil técnico y diplomático es reconocido. Las candidaturas a la Secretaría General son, inevitablemente, expresiones de proyectos estatales. Y en este caso, Grossi es el candidato explícito de un gobierno que fue el primero en presentar formalmente una postulación, impulsada directamente por la Cancillería argentina y respaldada públicamente por el presidente Javier Milei.
Ese respaldo no es neutro. La Secretaría General de la ONU no es un cargo técnico. Es, ante todo, una función política. Y en ese plano, la candidatura de Grossi plantea al menos dos problemas estructurales que no pueden ser ignorados. El primero es de orden sistémico. Al competir directamente con las principales candidatas mujeres de la región, la postulación argentina fragmenta el apoyo latinoamericano y debilita la posibilidad histórica de que, por primera vez, una mujer conduzca Naciones Unidas. En un proceso donde los equilibrios regionales son determinantes, esa fragmentación no es inocua: favorece la perpetuación de un liderazgo masculino que el propio organismo dice querer superar. El segundo problema es político. Grossi es el candidato explícitamente impulsado por el gobierno de Javier Milei como una apuesta estratégica de política exterior y alineamiento a Estados Unidos, que lo apoya. Ese respaldo no puede separarse del perfil internacional del gobierno que lo promueve. La política exterior de la actual administración argentina se caracteriza por un discurso confrontativo hacia el multilateralismo, una retórica hostil a la agenda de derechos humanos y una alineación ideológica que entra en tensión con los valores fundacionales de Naciones Unidas. En ese contexto, la eventual elección de Grossi no sería percibida únicamente como el reconocimiento a un diplomático experimentado, sino como un premio internacional otorgado a un gobierno cuya orientación contradice la misión del propio organismo. No es un detalle menor, es el núcleo del debate.
La ONU atraviesa una crisis de legitimidad profunda. Conflictos armados prolongados, parálisis del Consejo de Seguridad y cuestionamientos crecientes a su capacidad de respuesta erosionan su autoridad moral. En ese escenario, la elección del próximo secretario general no es una decisión técnica, sino política. Elegir a una mujer latinoamericana no resolverá, por sí sola, los problemas estructurales de Naciones Unidas. Pero enviaría una señal inequívoca de coherencia, renovación y compromiso con los valores que el organismo proclama. La pregunta de fondo no es si Rafael Grossi reúne condiciones profesionales. La pregunta es qué tipo de liderazgo necesita hoy Naciones Unidas y qué valores quiere proyectar hacia el futuro. En esa definición, la oportunidad de una mujer latinoamericana al frente de la ONU no es un gesto identitario: es una decisión estratégica que el sistema difícilmente pueda seguir postergando. En ese cruce entre historia, género y geopolítica se juega mucho más que un nombre propio.