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Hablar de una eventual o efectiva acción militar de los Estados Unidos sobre Venezuela obliga a caminar por una línea incómoda, plagada de contradicciones morales, intereses estratégicos y relatos cuidadosamente construidos. Por un lado, nadie con honestidad intelectual puede negar el colapso social, económico e institucional en el que se encuentra sumida Venezuela desde hace años. Por otro, tampoco puede ignorarse que la intervención militar extranjera, aun invocando causas nobles, suele esconder motivaciones menos confesables y abrir heridas que perduran por generaciones.
Venezuela es hoy el retrato trágico de un país rico empobrecido. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta y, sin embargo, su población padece niveles de pobreza, migración forzada y deterioro de servicios básicos que recuerdan a países en guerra. El experimento socialista, sostenido durante décadas bajo distintas denominaciones ideológicas, no logró - como no lo logró en ningún país donde se aplicó de manera estructural - generar bienestar sostenido, igualdad real ni desarrollo humano. Por el contrario, produjo concentración de poder, destrucción del aparato productivo, dependencia del Estado y un régimen político cada vez más autoritario.
Desde esta perspectiva, la idea de "liberar" a una nación oprimida puede resultar seductora. La narrativa de terminar con una dictadura, desarticular redes de narcotráfico y restaurar la democracia tiene fuerza simbólica, especialmente frente a un pueblo que sufre. Sin embargo, la historia reciente demuestra que las intervenciones militares lideradas por Estados Unidos rara vez se explican solo por razones humanitarias. Irak, Afganistán, Libia o Siria son ejemplos elocuentes de cómo la promesa de libertad suele derivar en caos, fragmentación y dependencia aún mayor.
Aquí emerge la pregunta central: ¿hasta dónde tiene legitimidad una potencia para intervenir militarmente en otro país? El derecho internacional establece principios claros de soberanía y no intervención, precisamente para evitar que el orden mundial se convierta en la ley del más fuerte. Cuando Estados Unidos decide actuar unilateralmente, aun con el respaldo retórico de aliados, erosiona ese marco normativo y sienta precedentes peligrosos. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier nación cuyo rumbo político o recursos estratégicos incomoden a una potencia.
El petróleo, en este debate, no es un dato menor sino el núcleo duro del problema.
Venezuela no solo tiene la mayor reserva probada del mundo, sino que históricamente fue un proveedor clave para las refinerías estadounidenses, especialmente aquellas diseñadas para procesar crudos pesados como el venezolano. Durante décadas, incluso en momentos de tensiones políticas, la relación energética entre ambos países se mantuvo por pura conveniencia mutua. La crisis venezolana y las sanciones alteraron ese equilibrio, pero no eliminaron la realidad estructural: para Estados Unidos, Venezuela sigue siendo un activo energético estratégico de primer orden.
Resulta ingenuo, entonces, pensar que una intervención militar no esté atravesada por este interés. El control —directo o indirecto— de los flujos energéticos globales ha sido una constante en la política exterior estadounidense. En un mundo que transita una transición energética incompleta y llena de incertidumbres, asegurar reservas de hidrocarburos sigue siendo un objetivo central. Bajo este prisma, la "liberación" de Venezuela busca reposicionar una pieza clave en el tablero energético mundial.
La comparación con Cuba vuelve aún más incómodo el análisis. Si el argumento fuera estrictamente moral —derrocar dictaduras, liberar pueblos oprimidos, combatir regímenes comunistas—, ¿por qué Estados Unidos no intervino militarmente en Cuba, donde existe un sistema de partido único desde hace más de sesenta años, con severas restricciones a las libertades individuales?
Esta omisión no parece casual. Cuba, desprovista de grandes reservas energéticas o recursos estratégicos comparables, nunca representó el mismo incentivo material. Más aún, durante la Guerra Fría, la existencia de Cuba como bastión comunista en el Caribe sirvió funcionalmente a la lógica bipolar: era el "enemigo cercano" que justificaba políticas de seguridad, intervenciones indirectas y alineamientos forzados en América Latina. Cuba fue, en cierto sentido, una pieza útil en el ajedrez ideológico global.
Esta reflexión abre una hipótesis inquietante: ¿y si la persistencia de ciertos regímenes autoritarios en la región no fue solo una falla del sistema internacional, sino también una conveniencia tácita para las grandes potencias? La división entre "derechas e izquierdas", exacerbada y simplificada hasta el absurdo, ha sido una herramienta eficaz para fragmentar a América Latina, impedir proyectos de desarrollo autónomo y mantenerla en un estado de dependencia crónica. Mientras los países discuten identidades ideológicas importadas, las decisiones estratégicas reales se toman fuera de la región.
En este contexto, la acción militar sobre Venezuela —real o potencial— aparece como un síntoma más de un orden mundial profundamente desigual. No se trata de absolver a un régimen que ha destruido su propio país, ni de romantizar un socialismo que fracasó sistemáticamente. Se trata de reconocer que la intervención externa, especialmente cuando es selectiva y motivada por intereses económicos, no garantiza ni democracia ni desarrollo. A menudo, solo cambia quién ejerce el poder y quién se beneficia de los recursos.
América Latina necesita liberarse, sí, pero no de un país extranjero ni bajo bombas ajenas. Necesita liberarse de modelos ideológicos fracasados, de élites corruptas y de una dependencia estructural que la mantiene atrapada entre promesas vacías y tutelajes externos. Mientras la región no construya proyectos propios, basados en instituciones sólidas, economías productivas y soberanía real, seguirá siendo terreno fértil para intervenciones "salvadoras" que, en el fondo, responden a intereses que poco tienen que ver con el bienestar de sus pueblos.