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La recurrencia de hechos graves de violencia protagonizados por adolescentes, incluidos homicidios entre pares, tiende a activar un repertorio de respuestas públicas relativamente previsible. En el centro del debate aparece, con frecuencia, la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal, presentada como una herramienta de "orden" frente a la percepción de desborde. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, y en particular desde la Antropología Social, conviene interrogar esa propuesta no solo por su viabilidad jurídica, sino por el tipo de racionalidad social que expresa: qué emociones canaliza, qué incentivos instala y qué efectos institucionales puede producir.
Un primer problema es epistemológico. En la discusión mediática, la baja de imputabilidad suele invocarse como solución autoevidente, aun cuando rara vez se acompaña de un análisis causal robusto: trayectorias juveniles, determinantes estructurales, condiciones de socialización, economías ilícitas locales, dinámicas escolares, consumos problemáticos, así como evaluación comparada de resultados en contextos semejantes. En ausencia de ese andamiaje, la medida corre el riesgo de operar como "parche" político-moral: una intervención diseñada para responder a la indignación colectiva antes que a la complejidad del fenómeno. Dicho de otro modo, puede funcionar como una política de efectos simbólicos altos y efectos preventivos inciertos.
La Antropología Social aporta aquí una lente fundamental, el vínculo entre formas de vida, valores dominantes y conductas. En muchas sociedades contemporáneas de matriz occidental se observa un proceso de individualización progresiva, donde el sujeto se imagina menos como parte de una trama de obligaciones recíprocas y más como gestor de su propio destino. Este individualismo no es solo una preferencia cultural; se conecta con una economía moral centrada en el rendimiento, el éxito, la imagen y la capacidad de "salir adelante" aun a costa de terceros. Cuando el lucro, material o simbólico, se vuelve métrica de reconocimiento, se erosionan repertorios solidarios que históricamente actuaban como frenos normativos. Esa erosión no "explica" por sí sola la violencia juvenil, pero sí contribuye a un clima donde el otro se vuelve más prescindible y donde la frustración, la competencia y la humillación adquieren mayor densidad afectiva.
Un segundo factor crucial se sitúa en la socialización primaria. La familia, en sus múltiples configuraciones posibles, ha cumplido tradicionalmente funciones de contención y transmisión de límites como el autocontrol, respeto por la autoridad legítima y comprensión de las consecuencias.
Es importante subrayar un desplazamiento cultural significativo de modelos donde los adultos respaldaban la autoridad escolar hacia escenarios donde, no infrecuentemente, se cuestiona o incluso se agrede al docente por sanciones pedagógicas o evaluaciones negativas.
En términos antropológicos, esto señala una crisis de legitimidad institucional, si la escuela pierde capacidad de sanción simbólica y la familia no sostiene el límite, el menor aprende que la norma es negociable, que el correctivo es agresión, y que el conflicto se resuelve mediante imposición. La gravedad no está solo en el episodio, sino en el mensaje normativo que se transmite.
El tercer componente se relaciona con la escuela como institución de socialización secundaria. La expansión de contenidos y la lógica del "enciclopedismo", la acumulación de información general, no siempre se ha acompañado de una formación ética proporcional, como la convivencia, responsabilidad, reparación del daño, ciudadanía práctica.
La crítica no implica negar la relevancia del conocimiento, sino advertir que una caja de herramientas sin brújula moral puede producir sujetos informados, pero no necesariamente integrados. Si el tejido escolar se debilita, por desigualdad, desinversión, fragmentación curricular o pérdida de autoridad, entonces se amplifica la vulnerabilidad de adolescentes que ya cargan déficits de contención y reconocimiento en otros ámbitos.
Un cuarto factor contemporáneo es el régimen informativo: abundancia simultánea de información y desinformación, circulación constante de escenas de violencia, injusticias y humillaciones, y proliferación de comentarios que legitiman venganzas, discriminación o justicia por mano propia. Este entorno no es neutro. Configura marcos de interpretación y "repertorios disponibles" para la acción. La violencia se convierte en lenguaje, en performance de poder o en vía rápida de resolución. En particular, la repetición de relatos violentos sin mediaciones explicativas puede generar habituación y, a la vez, ofrecer guiones conductuales.
A la luz de estos procesos, el planteo normativo no debería formularse como "castigar o no castigar", sino como "qué tipo de consecuencias generan menos violencia futura y mayor integración social". El menor debe aprender que no existe impunidad, pero ello no equivale necesariamente a su incorporación temprana al sistema penitenciario común. La cárcel puede operar como dispositivo de reproducción del delito, consolidación de identidades desviadas, aprendizaje de técnicas delictivas, redes, y una pedagogía práctica de la violencia. En términos funcionales, puede transformarse en una "universidad del delito". Por ello, si se discute la reducción de edad de imputabilidad, solo tiene plausibilidad como parte de un diseño institucional complejo: dispositivos diferenciados para adolescentes; programas intensivos de escolarización o formación en oficios; tratamiento de consumos problemáticos; seguimiento psicológico y social; y mecanismos de control que eviten abusos. En ausencia de estas condiciones, la reforma corre el riesgo de agravar lo que pretende corregir. La Antropología Social también permite pensar alternativas basadas en la reparación y la reciprocidad social. En vez de un castigo puramente expulsivo, puede plantearse una sanción correctiva -educativa, que el joven asuma consecuencias proporcionales al daño cometido, incluyendo servicios comunitarios estructurados, trayectorias obligatorias de capacitación, y procesos de restitución cuando corresponda.
Este enfoque no es indulgente, busca reinstalar la relación entre acto y consecuencia, pero orientando esa consecuencia a la reinserción ética y productiva. En paralelo, resulta pertinente considerar formas de corresponsabilidad familiar, no como venganza contra los padres, sino como reconocimiento de que la socialización primaria produce efectos. Programas obligatorios de orientación, seguimiento y compromisos pueden ser más útiles que la mera culpabilización retórica.
Finalmente, es importante distinguir entre medidas de urgencia y acciones de largo plazo. Los hechos extremos generan demanda inmediata de respuesta; no obstante, políticas duraderas requieren fortalecer instituciones de socialización (familia, escuela, comunidad) y construir dispositivos especializados de intervención juvenil con estándares claros.
La reducción de la edad de imputabilidad, aislada, difícilmente reconstituya el tejido moral y organizacional que sostiene la convivencia. A lo sumo, administra la ira social en el corto plazo. El desafío, en cambio, es producir un esquema donde sanción, educación y reparación converjan en un objetivo: evitar que un episodio de violencia juvenil se convierta en el primer eslabón de una carrera delictiva, y reconstruir, en adolescentes y adultos, la idea elemental de que vivir en sociedad implica límites, responsabilidades y reciprocidad.