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En Salta se abrió un debate que excede lo técnico y lo económico: toca fibras éticas, pedagógicas y sociales profundas. El proyecto presentado por los diputados Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas para modificar la Ley Provincial 7846 —vigente desde hace casi doce años— propone elevar de cero a 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre el límite permitido para conductores particulares. Sus impulsores argumentan que la tolerancia cero impacta negativamente en sectores como la gastronomía, el turismo y la vitivinicultura, y que el nuevo límite estaría alineado con estándares internacionales.
Sin embargo, desde la docencia no puedo sino rechazar de forma tajante la habilitación de conductores alcoholizados, aun bajo un límite que se presenta como "moderado".
Volver al alcohol al volante es como borrar con el codo todo lo que enseñamos al escribir en las escuelas.
La educación vial no es un contenido menor dentro del sistema educativo. Forma parte de la construcción de ciudadanía. En las aulas enseñamos que conducir no es un acto individual aislado, sino una práctica social que implica responsabilidad, empatía y conciencia del otro. Enseñamos que el espacio público se comparte. Que cada decisión al volante puede afectar vidas ajenas. Y enseñamos, con claridad, que el alcohol y la conducción no se mezclan.
Durante años, el mensaje fue simple y contundente: si vas a manejar, no bebas. Esa claridad pedagógica permitió instalar una cultura preventiva que, más allá de estadísticas perfectibles, marcó un rumbo. Cuando el Estado adopta una norma como la tolerancia cero, no solo fija un límite legal; también fija un estándar moral y educativo.
Cambiar ese estándar implica, inevitablemente, enviar un mensaje ambiguo.
Se sostiene que el modelo actual "fracasó" y que permitir hasta 0,5 g/l es razonable. Pero en materia de seguridad vial no se trata solo de comparar números con otros países. Cada contexto es distinto: infraestructura, controles, cultura de cumplimiento normativo y capacidad de fiscalización. Importar un límite sin analizar integralmente la realidad local puede ser una simplificación peligrosa.
Además, el argumento económico merece una reflexión honesta. Nadie desconoce la importancia del turismo, la gastronomía o la vitivinicultura para Salta. Son sectores que generan empleo y dinamizan la economía. Pero la política pública no puede evaluarse únicamente en términos de consumo. La pregunta central no es cuánto afecta el alcohol cero a una mesa servida, sino cuánto afecta el alcohol en sangre a la capacidad de reacción, a la percepción del riesgo y, en consecuencia, a la probabilidad de un siniestro vial.
Detrás de cada accidente hay historias truncas. Familias que no vuelven a ser las mismas. Sillas vacías en cumpleaños y mesas de domingo. Las voces de familiares de víctimas viales no representan una postura ideológica, sino una experiencia concreta del dolor. Ellos saben que el margen entre "un poco" y "demasiado" puede ser irreversible.
Multas
El proyecto contempla un sistema escalonado de sanciones: multas, retención de licencia e inhabilitación, con penalidades más severas para quienes superen 1 g/l. Pero la discusión no se agota en el régimen punitivo. El punto central es qué mensaje preventivo queremos sostener como sociedad.
En educación aprendemos que los límites claros protegen. Cuando la norma es sencilla, su comprensión y su cumplimiento resultan más directos. En cambio, cuando el límite se relativiza, aparece la interpretación subjetiva: "una copa no hace nada", "estoy bien para manejar", "es poca distancia". Esa lógica, tan humana como peligrosa, es la que la tolerancia cero buscó desactivar.
Si retrocedemos en ese principio, la coherencia entre escuela y ley se resquebraja. No podemos trabajar durante años en la formación de una conciencia preventiva y, al mismo tiempo, habilitar un margen que normaliza el consumo previo a la conducción. La educación necesita respaldo institucional. Sin ese respaldo, pierde fuerza.
La educación, además, no es solo para niños y adolescentes. También es para adultos, para conductores y para quienes legislan. Educación para reconocer que las políticas públicas deben priorizar la vida por encima de cualquier otro interés. Educación para asumir que prevenir no es exagerar, sino proteger.
El debate que se dará en la Legislatura salteña en marzo de 2026 será intenso. Así debe ser. Las leyes que impactan en la seguridad vial no pueden aprobarse sin una discusión amplia, informada y responsable. Pero en esa discusión no debería perderse de vista una pregunta esencial: ¿qué valor le asignamos a la vida en el espacio público?
Si volvemos al alcohol al volante, estaremos enviando una señal contradictoria a las generaciones que formamos. Estaremos debilitando un mensaje que costó años consolidar. Y estaremos asumiendo un riesgo que no se mide solo en gramos por litro, sino en consecuencias humanas.
Desde la docencia, la postura es clara: la vida no admite márgenes de tolerancia. Si algo hemos aprendido en estos años es que la prevención salva. Y lo que salva no debería relativizarse.
La escuela seguirá enseñando que la responsabilidad es colectiva y que conducir implica cuidar al otro. Sería coherente que la ley también lo sostenga.