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El desalojo de una joven mamá de 23 años y su nena de cuatro desató una profunda indignación en vecinos de Pichanal por la desproporción y saña con la que se llevó adelante, en la madrugada de ayer, el lanzamiento ordenado por el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, en el barrio Francini.
"Lo que le hicieron a Romina y su hijita no tiene perdón. No solo les tiraron sus pocas pertenencias en el barro, sino que le desmantelaron la casilla que con tanto esfuerzo ella había levantado. Ni siquiera tienen un abogado que las defienda. Es un asco lo que hicieron la Justicia y la Policía", manifestó, enardecida, una vecina.
Para las familias que habitan en Francini, un asentamiento del sur de Pichanal al que las lluvias convirtieron en un lodazal en los últimos días, la noche del lunes no fue fácil. Muchas penaron con las goteras y la madrugada las encontró con un descomunal despliegue de policías que poco después de las 5.30 se concentró en las afueras del lote 9, manzana 13, sobre el pasaje Isla Nueva. ¿Era un megaoperativo contra alguna banda narco? ¿Acaso se trataba de un allanamiento a algún funcionario enriquecido a más no poder en un pueblo con lacerantes índices de pobreza, exclusión social y desnutrición infantil?
Nada de eso. Era un simple desalojo. Al menos eso expresaba la orden judicial que una de las policías afectadas al fuerte dispositivo le leyó a Romina Anagua, cuando la joven salió de la precaria vivienda con su pequeña en brazos, descalza y aterrada, para pedirles una explicación.
Poco antes, otro policía había roto la traba de la verja de madera y detrás de él una andanada de efectivos -algunos con uniformes y otros de civil- irrumpió en el terreno. En medio del barrial, Romina les había implorado que se detengan, pero ni sus ruegos, ni la carita aterrada de la nena, que no entendía nada de lo que ella y su mamá estaban viviendo, torcieron el cumplimiento de la disposición con la que habían sido llamados a intervenir. Esa orden del juez Oyarzú, con un oficio librado a la Jefatura de la Unidad Regional 8, los autorizaba a "usar la fuerza pública", lanzar a la calle a los ocupantes de la vivienda y extraer todos los bienes muebles de su interior. Romina tomó con su celular una captura de esa orden judicial, que en ninguno de sus puntos resolutivos habilitaba a desmantelar la casilla prefabricada, lo que policías hicieron sin ninguna contemplación. El atropello quedó registrado en fotografías y videos que vecinos del asentamiento hicieron llegar a El Tribuno.
En el procedimiento, que desató honda indignación social, no se verificó que hubiera intervenido previamente el Ministerio Público Pupilar, para garantizar la tutela judicial de la nena, como imponen la Constitución nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, incluida la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Tampoco parece haberse atendido en el controvertido desalojo el requerimiento de un informe socioambiental, con acreditación de vivienda alternativa, para evitar una vulneración al interés superior de la niña.
El inmueble, cuyo desalojo habría sido ordenado por la Justicia de Garantías de Orán a instancias de la Fiscalía competente de Pichanal, se encuentra bajo la órbita material y funcional de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado provincial, por tratarse de tierras fiscales sometidas a relevamiento y regularización. En consecuencia, cualquier análisis sobre la legalidad de la posesión, habría requerido como acto previo indispensable la integración de un informe del citado organismo para evitar una ejecución irregular.
Precisamente, en el Secretaría de Tierras y Bienes del Estado consta una solicitud de regularización que Romina Anagua formalizó el pasado 29 de agosto por ese terreno. En la presentación, realizada ante la Unidad de Regularización Dominial, la joven mamá declaró que levantó la casilla en ese terreno porque se encontraba abandonado y no tenía un lugar para vivir con su pequeña hija.
Vecinos señalaron a este diario que el terreno estuvo abandonado por más de dos años y que Romina se encargó de mantenerlo limpio hasta meses atrás, cuando con la indemnización que recibió por su trabajo en una finca pudo comprar la casilla que policías desmantelaron sin ninguna contemplación.
Poco se sabe por ahora de la acción que motorizó el desalojo y de los papeles que analizó la Justicia para resolverlo. De la orden del juez Oyarzú se desprende que el lote sería "reintegrado al Sr. Rubén Alfredo Cardozo". ¿En qué términos lo adquirió? ¿Por qué ese lote social estuvo tanto tiempo abandonado? Son preguntas que deberían responder la Justicia y el organismo competente de la Provincia, porque la Solicitud de Regularización de Lote Urbano de Dominio Provincial que presentó Romina quedó formalizada en el expediente 1100388-165652/2025-0 de la Secretaría de Tierra y Bienes de Estado. Lo cierto y lamentable es que Romina y su nena no solo fueron lanzadas a la calle, sino que también vieron su techo familiar destrozado en un procedimiento lleno de cuestionamientos.. Hasta un televisor que le había regalado a la nena su madrina terminó destruido. Los forcejeos con escudos de infantería también dejaron marcas indelebles en los brazos de la niña.