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La violenta agresión ocurrida el 23 de noviembre en Aguaray dejó de ser un hecho de extrema gravedad para convertirse en un crimen. Federico Antonio Villagra, de 33 años, murió este sábado a las 18.30 en el hospital San Vicente de Paúl de Orán, donde permanecía internado en estado crítico desde el ataque. El paciente sufrió un paro a las 17.45 y falleció minutos después, en el marco de un coma séptico provocado por las lesiones traumáticas.
El fallecimiento implica un nuevo y determinante giro judicial: lo que había sido imputado primero como lesiones graves en banda, luego reclasificado como homicidio agravado en grado de tentativa, pasaría ahora a investigarse directamente como homicidio agravado, en concurso con privación ilegítima de la libertad y lesiones gravísimas, y en grado de coautoría. El expediente ya estaba en manos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), tras la declinación de competencia dispuesta por el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón la noche del jueves.
Fue atacado por un grupo
Villagra fue atacado alrededor de las siete de la mañana del 23 de noviembre, en la intersección de las avenidas Celso Testa y Mariano Moreno. Según la investigación, un grupo de hombres lo golpeó con patadas y con un palo, provocándole un politraumatismo severo que lo dejó inconsciente en plena vía pública. Los agresores lo subieron a una camioneta y lo trasladaron hasta un aserradero, donde lo abandonaron debajo de un camión.
Toda esa secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad de comercios cercanos, entre ellos el drugstore Damon y el kiosco El Ángel, que permitieron ubicar en distintos momentos a dos de los imputados: Jesús Ortega y Sebastián Reinaga. En uno de los videos se los ve realizando gestos que simulan golpes. En otro, alejándose del lugar del ataque tras dejar al joven abandonado.
Los audios del crimen
La policía aportó además audios que resultaron clave. En uno de ellos se escucha a los imputados dirigirse a Villagra en el momento en que estaba tirado bajo el camión, sin capacidad de responder. En otro audio incorporado al expediente, Ortega conversa con Juan Ricardo "Sancudo" o "Unca" Llanos, actualmente prófugo y con pedido de captura vigente.
A estas pruebas se sumaron los testimonios de Mario Ferreyra y Michel Bacha, quienes aseguraron que Ortega y Reinaga comentaron y describieron la golpiza al día siguiente de los hechos.
Criminalística del CIF realizó un procedimiento con luminol en la camioneta secuestrada, detectando manchas con aspecto sanguinolento en cuatro sectores del vehículo. El CIF Orán confirmó que las lesiones sufridas por Villagra eran compatibles con golpes aplicados con un objeto romo, duro y contundente, descartando una versión defensiva presentada por una de las defensas.
Estuvo en tres hospitales
Previo a su fallecimiento, Villagra había pasado por tres hospitales: primero Aguaray, luego el Juan Domingo Perón de Tartagal y finalmente Orán, donde ingresó con trauma cerrado de tórax, contusiones pulmonares bilaterales, coágulos internos, fracturas sospechadas y asistencia respiratoria mecánica. Su cuadro siempre fue de máximo riesgo.
Hasta antes de la muerte, el fiscal Cazón había imputado a: Jesús Ortega (detenido), Sebastián Reinaga (detenido), Jorge Antonio Galván (detenido), Juan Ricardo Llanos (prófugo, con pedido de captura solicitado al Juzgado de Garantías 2).
Cazón: "Hay que intervenir antes del conflicto"
El fiscal Jorge Armando Cazón, quien tuvo la causa en sus manos hasta la noche del jueves antes de que pasara formalmente a la UGAP, sostuvo que el crimen de Federico Villagra expone un problema profundo. El episodio revela niveles de violencia alarmantes en Aguaray y la urgencia de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral que involucre no solo a la Justicia, sino también al municipio, la Policía y todos los actores comunitarios.
Cazón remarcó que la prevención debe convertirse en política prioritaria y que no basta con llegar después de los hechos más graves. En ese sentido, insistió en que se requieren medidas concretas y sostenidas, especialmente en horas nocturnas, donde —afirma— suelen desencadenarse situaciones de riesgo que pueden escalar rápidamente en escenarios de violencia extrema.
Entre los puntos críticos, el fiscal subrayó la necesidad de controlar estrictamente la venta de alcohol en comercios después de las 24, ya que considera que el expendio sin regulación favorece contextos de descontrol y facilita conductas agresivas. A la par, reclamó que haya más presencia policial en la vía pública, con patrullajes efectivos y coordinación operativa que permita anticipar conflictos antes de que se transformen en hechos irreparables.
Para Cazón, se requieren respuestas inmediatas y una estrategia de prevención articulada entre todos los ámbitos del Estado. "Si no se trabaja de forma integral, vamos a seguir lamentando situaciones de esta gravedad", advirtió el fiscal.