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Una escena que mezcla horror, violencia y vulnerabilidad infantil estremeció a la provincia de Mendoza. En una vivienda del barrio Las Cañas, en Guaymallén, la policía detuvo a Adriana Suárez, una mujer de 40 años con un largo historial delictivo, acusada de asesinar con un hacha a su inquilino, descuartizarlo y luego incinerar partes del cuerpo en una parrilla. La escena fue revelada a través de un mensaje de WhatsApp que Suárez envió a su excuñado, incluyendo fotografías del cadáver mutilado.
El crimen tuvo lugar en el domicilio donde Suárez cumplía prisión domiciliaria, una modalidad que le había sido concedida por tener a su cargo a cinco hijas menores de edad, de entre 6 y 15 años. Justamente, ellas habrían estado presentes durante el asesinato, según informaron fuentes judiciales.
El hecho conmocionó incluso a los efectivos que acudieron al lugar luego del aviso. Al arribar, la mujer confesó sin rodeos lo que había hecho. Aseguró que no actuó sola, sino que contó con la ayuda de dos hombres: Marcelo Altamirano y Damián Contreras, ambos también con prontuario criminal. Los tres fueron detenidos en el lugar.
La víctima fue identificada como César Rodas, de 41 años, quien alquilaba una habitación en la casa de Suárez. Según la declaración inicial de la acusada, Rodas habría intentado abusar de alguna de sus hijas, lo que habría motivado la reacción letal. Sin embargo, esta versión aún no fue confirmada por la fiscalía.
“Lo maté por lo que quiso hacer con mis hijas”, habría dicho Suárez en un primer testimonio, aunque la fiscalía se abstuvo de convalidar públicamente esa motivación, a la espera de peritajes y declaraciones clave, entre ellas las de las menores.
El cuerpo de Rodas fue hallado en partes. Algunas de ellas dentro de bolsas, otras calcinadas en una parrilla en el patio trasero. El lugar mostraba signos de violencia y de intento de limpieza apresurada. La escena, según los primeros informes forenses, evidenció un ataque “con saña” y posterior manipulación del cuerpo para su descarte.
El excuñado de Suárez, quien recibió el mensaje que desencadenó la investigación, fue clave: “Me mandó fotos, no lo podía creer. Vi el cuerpo quemado y llamé a la policía de inmediato”, declaró, según trascendió de fuentes del caso.
La fiscal a cargo, Claudia Ríos, evalúa imputar a los tres detenidos por homicidio simple, que prevé hasta 25 años de prisión, aunque no se descarta un agravamiento de la carátula si se comprueba que las menores estuvieron presentes o si hubo premeditación. En paralelo, se activó el protocolo de contención para las hijas de Suárez, que fueron asistidas por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y trasladadas a un lugar de resguardo.
Un prontuario que nunca se detuvo
Adriana Suárez no es una desconocida para el sistema judicial. Su historial comienza en 2012, cuando fue detenida por robo agravado, aunque cumplió la condena en prisión domiciliaria debido a su maternidad reciente. Dos años más tarde, fue denunciada por amenazas, y en 2019 volvió a caer tras irrumpir en una casa junto a su expareja con fines de robo. Ese episodio le valió una pena de seis años, pero la volvió a cumplir en su hogar por tener menores a cargo y por las restricciones derivadas de la pandemia.
La vivienda que debía ser un ámbito de cuidado terminó siendo el escenario de un crimen atroz. “El sistema falló en todos los niveles”, opinó una fuente judicial que pidió reserva de identidad. La frase resume un sentimiento creciente en torno a la tragedia: una historia de reincidencias, oportunidades truncas y un final brutal.
La investigación continúa y se esperan las próximas horas para conocer los resultados de las pericias psicológicas a los tres detenidos, así como los informes forenses sobre la data de muerte, el tipo de arma usada y el proceso de descuartizamiento.
Mientras tanto, cinco niñas esperan una respuesta del Estado. Esta vez, no para su madre, sino para ellas.