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Diez trabajadores rurales del sur salteño, víctimas de trata laboral en una finca de Joaquín V. González, recibieron 15 millones de pesos como reparación por los daños sufridos. Cada uno de ellos cobró esa cantidad, gracias a un acuerdo de conciliación homologado por la Justicia Federal el pasado 5 de mayo. El caso se inició en noviembre de 2023, tras una inspección que reveló condiciones de extrema precariedad y explotación laboral que sufrían.
La investigación comenzó el 9 de noviembre de ese año, cuando personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima realizaron un operativo en la finca "Suri Blanco".
Allí encontraron a una cuadrilla de diez trabajadores realizando tareas de desmonte sin ropa ni herramientas adecuadas, utilizando sus propios picos, machetes y palas. Dormían hacinados en una casilla tipo tráiler, sin acceso a agua potable ni condiciones básicas de higiene, informaron los funcionarios que inspeccionaron el obraje precario e inhumano.
Los obreros fueron contratados por Ángel Gustavo Enríquez, quien también los trasladaba desde la localidad de Las Lajitas y les descontaba parte del salario -30.000 pesos de los 100.000 pesos quincenales- por alimentos provistos por él, haciendo de ellos rehenes de su propio negocio.
Ante la gravedad de la situación, intervino el Gabinete de Asistencia a la Víctima y se inició una causa por trata de personas con fines de explotación laboral, imputando a Enríquez como autor del delito.
Tras la extensa jornada laboral, los diez trabajadores debían dormir hacinados en una casilla tipo tráiler. Los denunciantes no tenían acceso a agua potable ni a las condiciones básicas de higiene y salubridad. La oportuna intervención de la justicia puso fin a este tipo de trata laboral.
El acuerdo de conciliación fue gestionado por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, de la Unidad Fiscal Salta, y contó con la participación del Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial del imputado. La propuesta fue considerada una "salida superadora" al proceso penal tradicional.
El monto de la reparación se acordó en la cifra ya enunciada y fue abonado en su totalidad por Enríquez al momento de la audiencia.
"Hubo un gran esfuerzo de todas las partes en buscar una resolución que garantice la reparación efectiva del daño y evite un litigio prolongado", explicó el fiscal federal Ricardo Toranzos.
Por su parte, el defensor de víctimas subrayó que la resolución cumple con los principios de objetividad, evita la impunidad y reconoce el trabajo diligente de la fiscalía. También destacó que las víctimas fueron informadas detalladamente y firmaron su consentimiento en actas individuales.
El juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, homologó el acuerdo considerando su razonabilidad, proporcionalidad y el cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal, que promueve soluciones restaurativas que restablezcan la armonía social.