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Contratados para hacer trabajos de despale en una finca de Santa Victoria, 18 trabajadores captados de comunidades aborígenes vivieron condiciones casi de esclavitud. Tres de ellos, al huir para buscar ayuda, fueron perseguidos por la noche. El caso, no obstante, se resolvió con un pago de más de dos millones de pesos para cada víctima.
En el marco de un grave caso de trata laboral, el juez de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, homologó un acuerdo de reparación que redundará en un importante beneficio económico para 18 víctimas.
El convenio -formalizado el 23 de junio pasado- establece un pago total de 36 millones de pesos, más un ajuste por inflación de 500 mil pesos, dinero que será repartido en cantidades iguales entre los 18 afectados. El pago se acordó de manera escalonada, en un plazo de 90 días.
Tareas comunitarias para el imputado
A instancia del juez, en tanto, se incorporó al acuerdo la obligación de tareas comunitarias a cargo del imputado Jesús Isauro Erazo, quien deberá cumplir con tareas de limpieza y cuidado en un hogar de ancianos de Tartagal por cuatro horas semanales, durante un periodo de seis meses.
Los términos de la reparación propuesta y los aspectos tenidos en cuenta para encaminar la resolución de conflicto mediante esta salida alternativa, fueron expuestos por la fiscal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal.
Adhirieron a su postura, el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar y el abogado Juan Martín Crosa, en representación del imputado, quien también dio a conocer en la audiencia su conformidad al acuerdo y expresó su compromiso en cumplirlo.
Al presentar el caso, la fiscalía explicó que Erazo fue imputado como autor del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, bajo la modalidad de captación, traslado y acogimiento. Hecho, triplemente agravado por haber mediado abuso de una situación de vulnerabilidad, por la cantidad de víctimas y por haberse consumado la explotación perseguida. Entre noviembre y diciembre de 2023, y en fechas previas, Erazo hizo ofertas de trabajo engañosas a distintos miembros de las comunidades de El Cañaveral y San Luis, ubicadas en Santa Victoria, en el norte.
Vivían bajo plásticos con una comida al día
Según las víctimas, el empleador ofrecía trabajos de limpieza de campos ya desmontados en la finca "Los Chilenitos" o "El Chileno", ubicada en ruta provincial 54, a la altura de "La Curva de Juan", en el paraje de Tonono, en Tartagal. A cambio de dichas tareas, proponía un pago para cada trabajador de 8.000 pesos por hectárea.
Las tareas durarían 20 días, con 5 de descanso. De esta forma, logró captar a 18 personas, quienes fueron trasladadas por Erazo hasta la finca. Los obreros recibieron herramientas rudimentarias.
Luego siguieron condiciones de servidumbre y trabajo forzoso. El alojamiento: un campamento armado con plástico, sin higiene ni protección contra las altas temperatura, que bordean los 50 grados.
La comida provista era escasa, solo recibían un plato al día, cuyo costo era descontado del salario prometido.