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26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
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Avalan el régimen para detenidos de alta peligrosidad y conceden beneficios al “Coya” Rojas, el narco más temido de Salta"

El camarista Renato Rabbi-Baldi Cabanillas resolvió que el régimen aplicado a internos de alta peligrosidad no es inconstitucional, pero dispuso ajustes en su aplicación que benefician a Raúl Ricardo "Coya" Rojas. 
Martes, 26 de agosto de 2025 00:52
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El camarista federal Renato Rabbi-Baldi Cabanillas dictó este martes una resolución en la causa que involucra a Raúl Ricardo “Coya” Rojas, considerado uno de los narcos más peligrosos de Salta y actualmente detenido en la cárcel de Ezeiza bajo el régimen de alta peligrosidad. En la audiencia, el magistrado revocó parcialmente el fallo del juez Domingo José Batule, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, quien semanas atrás había declarado inconstitucional parte del procedimiento que regula el tratamiento de internos de alto riesgo.

La decisión de Rabbi-Baldi marca un punto de inflexión en la causa: si bien ratificó la constitucionalidad del régimen, reconoció fallas en su aplicación y ordenó ajustes inmediatos para garantizar derechos básicos del detenido. La resolución admite la necesidad de un tratamiento diferenciado para condenados por delitos graves, pero advierte que no puede derivar en castigos excesivos bajo el pretexto de la seguridad.

El caso llegó a esta instancia luego de que Batule declarara inconstitucionales algunos aspectos de ese tratamiento especial para internos de alto riesgo, por entender que imponían 20 horas de encierro diario y visitas quincenales sin contacto. La resolución de Batule tuvo fuertes críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Rabbi-Baldi, sin embargo, ofreció en la audiencia otra mirada. Recordó hay un esquema de ocho horas de descanso nocturno, doce horas en celda y cuatro horas de actividades fuera de ella. Es decir, la controversia no era de veinte horas de encierro frente a ocho de libertad, sino de cuatro horas de diferencia.

"No podemos hablar de una hipótesis de veinte horas de encierro. La diferencia son cuatro horas. Desde ese punto de vista, mantengo la constitucionalidad del régimen y revoco la sentencia del doctor Batule", expresó.

Uno de los puntos centrales abordados por el camarista fue el régimen de visitas familiares. El régimen restringía los encuentros a visitas quincenales sin contacto físico. La defensa de Rojas había cuestionado la medida por impedirle el vínculo directo con sus hijos. Rabbi-Baldi reconoció el reclamo y resolvió autorizar las visitas con contacto, aunque condicionadas a la presencia obligatoria de personal del Servicio Penitenciario Federal. Para el juez, esta fórmula permite armonizar el derecho del interno con la obligación estatal de prevenir delitos dentro de los penales.

Garantías para el líder de sicarios

Rabbi-Baldi se mostró severo con la mora del Servicio Penitenciario Federal al no asignar a Rojas tareas laborales, pese a que el interno había desempeñado oficios mecánicos en su paso por la cárcel de Güemes. Citó el artículo 106 de la Ley 24.660, que reconoce al trabajo como "un derecho y un deber del interno", y advirtió que habían pasado nueve meses sin que el expediente avanzara. Ordenó al SPF que en un plazo de quince días le garantice a Rojas un cupo de trabajo o, en su defecto, formación profesional, con un mínimo de tres horas semanales. "Esa demora es inadmisible. Alguna solución debe encontrarse en línea con la Constitución y la ley", señaló.

El juez también profundizó en el derecho a la educación, previsto en el artículo 133 de la ley de ejecución. Consideró positivo que en el penal de Ezeiza haya docentes que trabajan de manera presencial y dispuso que Rojas acceda a una hora semanal de clases en contacto con los profesores, sea en la biblioteca o en las aulas disponibles. La medida busca superar el esquema limitado de estudio a distancia y garantizar un aprendizaje real.

Otro de los apartados de la resolución se refirió a la atención psicológica. Rabbi-Baldi autorizó a Rojas a recibir, si lo solicita, una sesión semanal de hasta una hora con profesionales del penal. Señaló que se trata de un acompañamiento voluntario, pero que debe estar garantizado para resguardar la salud psíquica del interno.

En cuanto a la actividad física, el magistrado amplió de una hora semanal a tres horas por semana el tiempo disponible para ejercicios. Recordó que las Reglas Mandela exigen al menos una hora diaria de actividad física y advirtió que el régimen debía ajustarse progresivamente a esos estándares.

Durante la audiencia se expusieron tratados internacionales, pero se remarcó que no son tan progresistas, en algunos casos como la legislación argentina.

¿Quién es el “Coya” Rojas?

Raúl Ricardo “Coya” Rojas es conocido como uno de los narcos más peligrosos de Salta. Durante años, su nombre estuvo vinculado al tráfico de drogas en el norte argentino, una zona clave para el ingreso de estupefacientes desde Bolivia. Su prontuario lo posicionó como un referente del crimen organizado en la región, con vínculos en distintos eslabones de la cadena del narcotráfico. Por esta razón, las autoridades lo consideran un interno de alta peligrosidad dentro del sistema penitenciario.

Su detención y condena

Rojas fue detenido en el marco de investigaciones federales contra el narcotráfico, que derivaron en su traslado a penales de máxima seguridad. Actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza, bajo un régimen especial que busca restringir el margen de maniobra de internos con capacidad de liderazgo criminal aún tras las rejas. Su condición de detenido de alto riesgo responde no solo a los delitos que se le atribuyen, sino también a la influencia que ejercía dentro y fuera de prisión.

Antes de llegar al penal de Ezeiza, Rojas estuvo alojado en la cárcel federal de Güemes, en Salta, donde incluso desempeñó oficios mecánicos. Sin embargo, por pedido expreso de las autoridades de seguridad y judiciales, fue trasladado a Buenos Aires para cumplir su condena en un establecimiento de mayor control, al considerarse que su permanencia en la provincia podía facilitar contactos y maniobras vinculadas al narcotráfico.

 

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