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Un megaoperativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación permitió poner fin a la actividad de una peligrosa banda que operaba en el conurbano bonaerense bajo la fachada de la venta ambulante de muebles. Según la investigación, el grupo reclutaba a víctimas a través de redes sociales y contactos personales, ofreciendo falsas promesas de empleo y hospedaje. Una vez en el país, los migrantes eran sometidos a explotación laboral y extorsionados mediante el sistema conocido como “gota a gota”, una práctica de usura muy difundida en Centroamérica.
El caso comenzó tras la denuncia de cuatro ciudadanos venezolanos que fueron hallados en graves condiciones de hacinamiento en una vivienda de Bosques, partido de Florencio Varela. Allí relataron a la Fiscalía Federal de Quilmes, a cargo del doctor Alejandro Saibene, que les habían quitado sus documentos y los obligaban a arrastrar pesados carros cargados con muebles precarios y electrodomésticos para vender en cuotas en la vía pública.
Pero el mecanismo no terminaba allí. Paralelamente, los cabecillas ofrecían créditos “a sola firma” con intereses que podían superar el 600% anual. Cuando los compradores no podían afrontar las cuotas, la banda iniciaba una segunda fase delictiva: la extorsión. Las víctimas eran despojadas de viviendas, vehículos y otras pertenencias.
La investigación, llevada adelante por la división Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), permitió identificar tres domicilios en Lomas de Zamora y Presidente Perón, donde funcionaban depósitos y puntos de recaudación. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Quilmes ordenó cuatro allanamientos simultáneos en Bosques, Ingeniero Budge y Guernica.
El resultado fue contundente: se detuvo a once personas (cinco hombres venezolanos, uno colombiano, tres mujeres venezolanas y dos colombianas), incluido el líder de la organización. Además, se incautaron más de 13 millones de pesos en billeteras virtuales, casi un millón en efectivo, vehículos, motos, 254 muebles, celulares, notebooks, una máquina de contar billetes y carros metálicos utilizados en la explotación.
Los detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición del juez federal Luis Armella por infracción a la Ley 26.842 de Trata de Personas. Varios de ellos, además, presentaban situación migratoria irregular.
Las víctimas fueron contenidas por el Programa de Asistencia y Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, mientras los investigadores evalúan si la red mantenía vínculos con otras organizaciones similares en el país.