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El lunes 3 de agosto comenzó en el Salón de Grandes Juicios el debate por los delitos a los que 20 personas están siendo juzgadas, entre ellas 8 funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, quienes se desempeñaban en la Unidad Carcelaria 1, y el resto de los imputados entre internos y familiares. Entre el miércoles y ayer la Unidad Fiscal conformada para el caso solicitó penas que van desde un año de prisión a los más de 12. Hoy seguirán los alegatos y el martes 23 se daría la sentencia.
La Unidad Fiscal, conformada por el procurador de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Zoto, no tiene dudas de que existió una asociación ilícita destinada a comercializar estupefacientes dentro del penal y a cometer exacciones ilegales, apartándose deliberadamente —y en ocasiones hasta de manera omisiva— de toda la normativa que rige la función y misión del Servicio Penitenciario.
Para el órgano acusador la conducta de los acusados no responde a hechos aislados ni eventuales, sino que forma parte de un entramado organizado y sostenido en el tiempo, con un único fin: obtener beneficios económicos y personales, violando la ley y desnaturalizando la función que se les encomendó.
"En vez de cumplir con la misión del Servicio Penitenciario, los imputados transformaron la institución en un espacio de negocios ilícitos. Y lo más grave: en su carácter de funcionarios públicos vulneraron derechos humanos reconocidos internacionalmente, sometiendo a personas privadas de libertad —ya vulnerables por su situación de encierro— a un régimen de violencia, arbitrariedad y mercantilización", sostuvo Salinas Odorisio.
Cerrando los alegatos, el jefe de los fiscales, García Castiella, subrayó la gravedad institucional del caso y planteó que, sin perjuicio de la valoración que haga el Tribunal sobre la prueba rendida, ésta demostró que "ellos (por los funcionarios del Servicio Penitenciario) decidían quién la pasaba bien y quién no; quién era violado y quién no; quién era hincado y quién no, burlando todo el esfuerzo del Estado -que implica llevar a proceso a una persona y asegurar el cumplimiento de una pena, desde el inicio de la investigación: fuerzas de seguridad, fiscales, jueces y tribunal de juicio-, convirtiendo todo el fruto de ese esfuerzo en un quiosco o negociado".
Acusados que quedaron en libertad
El fiscal Torres Rubelt indicó que, si bien cuentan con pruebas, durante el juicio no pudo ser acreditado con el grado de certeza necesario la participación de Silvana Avendaño en la organización criminal, por lo que retiró la acusación. Idéntica medida tomó con Andrea Abigail Alba (hija de Cristina Galindo), aunque será acusada por tenencia simple de estupefacientes. Por último, la Unidad Fiscal consideró que se aplique la figura de estado de necesidad exculpante y retiró la acusación contra Joel Valencia, dada su declaración y la de su hermano.
Moya y Bisceglia, figuras centrales
La Fiscalía señaló a Sergio Moya y Francisco Bisceglia como figuras centrales de la organización ilícita, por su jerarquía y sus funciones de seguridad interna y externa del penal. A Rubén Guaymás, en su rol de secretario de actas del Consejo Correccional, lo vinculó con la coordinación directa con Moya y con el traslado de Teruel. "Alarcón, Bucotich y Castaño son los que se ensucian las manos", precisó, al tiempo que detalló la función de Magno, desde el área de Sanidad.
Las penas solicitadas: Sergio Faustino Moya 11 años y 8 meses de prisión efectiva, Francisco Arturo Bisceglia 12 años, Luis Roberto Castaño 8 años y 6 meses, Marcos Matías Bucotich García 9 años, Raúl Antonio Arjona 8 años y 6 meses, Marcelo Olguín Magno 6 años, Rubén Antonio Guaymás 5 años, José Luis Alarcón 9 años, Baldomero Darío Córdoba 2 años de prisión de ejecución condicional, Manuel Méndez 9 años y 6 meses, María Inés Méndez 9 años, Héctor Gustavo Banega 9 años y 6 meses, Ivana Marcela Gutiérrez 7 años, María Cristina Galindo: 7 años y 6 meses, Nicole Judith Ana Luna 6 años, Patricia Daiana del Rosario Flores 6 años y Andrea Abigail Alba 1 año.
La Unidad Fiscal solicitó que los imputados sean trasladados a los lugares de detención donde vienen cumpliendo la prisión preventiva y se mantenga la misma hasta que la sentencia quede firme. En este sentido, solicitaron que se revoque la prisión domiciliaria de dos imputadas, atento al monto de la pena solicitada.
Luego continuó la recepción de los alegatos con la exposición de la defensa de uno de los acusados que se desempeñaba como funcionario del Servicio Penitenciario. Hoy continuarán los alegatos que se reiniciarán el martes próximo y el martes 23 se daría el veredicto. El tribunal es integrado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar de la Sala VII.