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Bajo la apariencia de un abogado respetable, entraba y salía de los penales de Ezeiza y Marcos Paz con una misión oculta: llevar y traer mensajes para los capos narcos. Esta semana, en un operativo federal cinematográfico, la Policía Federal Argentina lo detuvo en Buenos Aires. Lo acusan de haber convertido su teléfono celular en una línea directa para que más de quince reclusos planificaran atentados y negocios delictivos, cobrando mensuales en dólares por sus servicios. Según las pesquisas, el profesional facilitaba su teléfono celular particular a más de quince internos.
La causa se originó tras una denuncia del Servicio Penitenciario Federal a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que advirtió conversaciones sobre un posible atentado contra autoridades judiciales y un funcionario penitenciario. A partir de ello, la Dirección General de Operación Antidrogas Hidrovía del Paraná de la PFA comenzó a reunir pruebas, con medidas dispuestas por el Juez Federal de Garantías Eduardo Daniel Rodríguez Da Cruz y ejecutadas por la División Antidrogas Rosario.
Los investigadores determinaron que el rol del abogado no era estrictamente el de defensor penal: se dedicaba a articular comunicaciones externas sin límite de tiempo, transmitir instrucciones y gestionar encargos ilícitos a cambio de dinero en billete dólar. Con esas pruebas, el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, ordenó allanamientos simultáneos en los complejos de Marcos Paz y Ezeiza y en cuatro domicilios ubicados en Ezeiza, el Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) en la Ciudad de Buenos Aires, Isidro Casanova y Rafael Calzada.
La detención se concretó a la salida del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, justo después de que el abogado mantuviera una entrevista con César Morán de la Cruz, alias “Loco César”, un narco de alto riesgo de la Villa 31. En ese momento se secuestraron diez cartas dictadas por Morán, dos teléfonos celulares, una credencial de abogado, un auto y 40.700 pesos.
En los procedimientos también participaron agentes del Departamento de Investigación Judicial del SPF, que registraron las celdas de los internos involucrados, la mayoría bajo el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo. Allí se secuestraron papeles con anotaciones de interés.
En los otros allanamientos se hallaron 11 gramos de cocaína, una carabina Anderson AM-15 calibre .223,120 municiones, un subfusil desarmado, partes para armar más armas, un cargador calibre 9 milímetros, un vehículo, dos teléfonos celulares, 240 mil pesos, una notebook, dos pendrives y otros elementos relevantes para la causa.
El detenido, un argentino mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor imputado por asociación ilícita, encubrimiento agravado y confabulación.