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Una investigación federal por presunto otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, derivó este miércoles en una serie de operativos simultáneos en el departamento Anta. Según confirmaron fuentes de seguridad, efectivos de Gendarmería Nacional concretaron al menos 17 allanamientos en Joaquín V. González y El Quebrachal, con epicentro en clínicas privadas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales. El caso está a cargo del fiscal federal Carlos Amad.
En Joaquín V. González, los procedimientos alcanzaron las oficinas de ANSES y Acción Social, además del CIC del barrio San Antonio, donde funcionaba el sector de pensiones. En El Quebrachal, los gendarmes irrumpieron en consultorios médicos particulares y dependencias de la municipalidad, señaladas por la justicia como puntos clave en la gestión de certificados de discapacidad.
Secuestros
De acuerdo a las primeras informaciones, los uniformados secuestraron teléfonos celulares, computadoras, cámaras de seguridad y documentación que sería clave para determinar la existencia de una red de gestores, profesionales de la salud y funcionarios vinculados a la emisión de certificados médicos.
Voceros ligados a la investigación describieron que durante años habría operado en la zona una verdadera "industria de las pensiones", con precios fijos por diagnósticos de enfermedades como chagas o diabetes, que servían como justificativos para el acceso a beneficios. La pesquisa apunta a desarticular esa trama y a establecer responsabilidades tanto de particulares como de exfuncionarios y funcionarios en ejercicio.
Los operativos fueron ejecutados en forma coordinada y simultánea durante la tarde, generando fuerte repercusión en las localidades. La justicia federal deberá ahora avanzar en el análisis del material incautado, que incluiría conversaciones y registros entre gestores, médicos y referentes políticos de la región.