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La escena no fue una persecución ni un control de tránsito. Fue una madrugada que terminó en tragedia y que, meses después, volvió a resonar en una sala de audiencias. La Justicia salteña dictó una condena por un siniestro vial ocurrido en la Avenida Bélgica, donde una maniobra fuera de control transformó un traslado breve en una muerte instantánea.
El caso llegó a juicio abreviado con una reconstrucción precisa de los hechos y un reconocimiento clave: el conductor aceptó su responsabilidad penal. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal penal Santiago López Soto, interino en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, impulsó el acuerdo que permitió avanzar hacia una sentencia firme.
La Jueza de Garantías Gabriela Romero condenó a Alejandro Horacio Ortiz, de 49 años, como autor del delito de homicidio culposo agravado por la fuga. La pena fue de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, sanción que busca prevenir nuevas conductas de riesgo en la vía pública.
Según la investigación, la noche previa al hecho estuvo marcada por reuniones con consumo de bebidas alcohólicas, primero en el domicilio de la víctima y luego en un bar, hasta cerca de las 00.30 del 19 de junio de 2024. Minutos después, Ortiz condujo un vehículo utilitario por la Avenida Bélgica y colisionó violentamente contra un contenedor ubicado sobre la calzada.
El impacto fue letal. El acompañante sufrió lesiones gravísimas en la cabeza y murió en el acto, a raíz de la pérdida de masa encefálica. Los peritajes incorporados al expediente determinaron que la conducción bajo los efectos del alcohol redujo los reflejos del conductor y comprometió el control del vehículo, factores decisivos en la secuencia fatal.
La causa también incorporó un elemento que agravó la imputación: la fuga posterior al siniestro, considerada por la Justicia como una conducta que profundiza el daño y vulnera el deber básico de auxilio. En ese marco, la sentencia no solo cierra un expediente penal, sino que deja un mensaje explícito sobre los límites de la tolerancia social frente a la conducción alcoholizada y sus consecuencias irreparables.