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La imagen resulta tan conocida como inquietante: peces fuera del agua, apilados, sin vida, convertidos en mercadería. No se trata de una escena aislada ni de un hecho excepcional. Es, para muchos, una postal repetida en los ríos de Salta, que vuelve a quedar al descubierto cada verano, cuando los controles revelan una práctica que avanza al margen de la ley y del cuidado ambiental.
Esta vez ocurrió en El Carril, durante un control vehicular de rutina realizado en la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 139. Efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, apostados en el puesto de control Viñaco, detuvieron un vehículo para una fiscalización preventiva. Lo que encontraron en su interior fue contundente: 100 peces sin vida, transportados sin autorización.
El conductor, un hombre de 30 años, fue infraccionado por pesca ilegal, en el marco de lo establecido por el artículo 91 del Código Contravencional. Además, se dispuso el secuestro y decomiso total de las piezas ictícolas, configurando el mayor decomiso registrado en lo que va del verano en la provincia. La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal Contravencional.
Más allá del procedimiento, el caso dejó al descubierto una problemática que trasciende la infracción puntual. La extracción indiscriminada de peces no solo vulnera la normativa vigente, sino que genera un impacto directo sobre los ecosistemas acuáticos, altera el equilibrio natural de los ríos y compromete la reproducción de especies que ya muestran signos de disminución en distintos puntos de la provincia.
En este escenario, la discusión no pasa únicamente por el control, sino por el alcance real de las sanciones actuales. Para muchos actores vinculados a la actividad, una contravención resulta insuficiente frente a prácticas que responden claramente a una lógica de negocio y depredación, muy lejos de la pesca recreativa o de subsistencia que contempla la ley.
Paradójicamente, quienes con más fuerza reclaman cambios legales no son organismos oficiales, sino los propios pescadores responsables, aquellos que respetan cupos, vedas y temporadas habilitadas. Desde ese sector advierten que la falta de sanciones más efectivas termina perjudicando a quienes cumplen las reglas y deja el camino libre a quienes solo buscan maximizar ganancias, sin medir consecuencias ambientales.
“El problema no es la pesca, sino la depredación”, repiten quienes conocen los ríos y ven cómo, año tras año, se repite la misma escena. La acumulación de decomisos, como el ocurrido en El Carril, refuerza la percepción de que el daño ambiental avanza más rápido que las herramientas legales para frenarlo.
Mientras tanto, los ríos siguen siendo el escenario de una disputa silenciosa entre quienes buscan preservar un recurso natural y quienes lo explotan sin límites. Y cada operativo exitoso, lejos de cerrar el tema, vuelve a dejar una pregunta abierta: ¿alcanza una contravención para frenar una práctica que no reconoce fronteras ni límites?