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Lo que comenzó como una serie de publicaciones en redes sociales terminó activando un engranaje institucional que cruzó inteligencia criminal, prevención del terrorismo y justicia federal. En Mendoza, dos hombres fueron detenidos tras una investigación que los vinculó con la difusión de contenidos de ideología nazi, expresiones antisemitas y amenazas de muerte contra el Presidente de la Nación. El caso pone otra vez en el tapete sobre los límites del discurso en plataformas digitales cuando la violencia deja de ser retórica y se traduce en riesgos concretos.
Las detenciones fueron realizadas por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional orientados a prevenir hechos vinculados al terrorismo y la discriminación. Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones y elementos con simbología de extrema derecha, además de dispositivos electrónicos clave para la causa.
El origen de la investigación
La pesquisa se inició en octubre, a partir de un informe elaborado por la División de Coordinación Antiterrorista de la Jefatura de Inteligencia Criminal de la Policía de Mendoza. El documento alertó sobre dos perfiles en una red social que infringían la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, con publicaciones que exaltaban el nazismo y promovían el odio contra la comunidad judía. Entre los mensajes detectados figuraban expresiones como “A las ratas se las deben envenenar”.
El contenido no se limitó a la incitación discriminatoria. Parte de las publicaciones incluyó amenazas explícitas contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, con frases que, por su gravedad, motivaron la intervención de áreas especializadas en casos complejos.
Con la denuncia formalizada, la Unidad Fiscal de Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos -a cargo de la Dra. María Alejandra Obregón- solicitó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. A partir de allí, los investigadores federales desplegaron tareas de OSINT (análisis de fuentes abiertas), que permitieron identificar a los autores, reconstruir su actividad digital y establecer domicilios en dos puntos del Gran Mendoza: Guaymallén y Godoy Cruz.
El trabajo técnico fue determinante para acreditar la autoría, el alcance de las publicaciones y la persistencia de los mensajes, elementos centrales para avanzar con medidas judiciales.
Allanamientos y secuestros
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, a cargo del Dr. Marcelo Fabián Garnica (Secretaría de la Dra. Mariana Leiva), ordenó dos allanamientos simultáneos. Uno se realizó en la calle Félix Suárez, en Villanueva (Guaymallén); el otro, en un departamento de un monoblock del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz.
Los operativos culminaron con la detención de ambos sospechosos y el secuestro de un arsenal y material de interés: dos armas de fuego (calibres .22 mm y 9 mm), 31 municiones de pistola, 37 cartuchos de escopeta, un cargador, dos teléfonos celulares y simbología de extrema derecha, entre ellos un paño con el águila imperial, un collar y un chaleco con la Cruz Celta. La documentación incautada será analizada para profundizar la investigación.
Situación procesal
Tras los procedimientos, tomó intervención el Dr. Leandro Fornes, auxiliar fiscal del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mendoza del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien dispuso el secuestro de todos los elementos y el traslado de los detenidos a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza para su correcta identificación.
Las armas quedaron a disposición de la Unidad Fiscal N° 9 del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza. Los detenidos —argentinos de 37 y 43 años— permanecen a disposición del magistrado junto con los elementos incautados.
La causa expone cómo los discursos de odio en entornos digitales pueden escalar hacia amenazas concretas y activar respuestas penales. También marca un punto de inflexión en la articulación entre fuerzas federales, fiscalías especializadas y justicia para prevenir la violencia política y proteger a comunidades vulnerables. En tiempos de hiperconectividad, el expediente mendocino vuelve a poner sobre la mesa una premisa clave: cuando el odio se organiza y se arma, deja de ser opinión y pasa a ser delito.