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Se cumplieron nueve años del femicidio de Andrea Edith Neri, ocurrido el 5 de enero de 2017 dentro de la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta Capital. El crimen, perpetrado durante una visita íntima y bajo custodia estatal, conmocionó a la provincia y dejó al descubierto graves fallas en los controles y protocolos del sistema penitenciario.
Andrea tenía 18 años y era madre de un bebé de dos meses, hijo en común con Gabriel Roberto "Chirete" Herrera, quien se encontraba detenido. Ese día, cerca de las 14 horas, ingresó al penal junto al niño y fue autorizada a pasar a la celda 372 del pabellón E, en el tercer piso del establecimiento. Treinta y siete minutos después, Herrera salió del lugar con el bebé en brazos y confesó el crimen ante el personal penitenciario.
Dentro de la celda, Andrea fue hallada sin vida, recostada contra una pared cercana a la puerta de ingreso. La autopsia determinó que murió a causa de un shock hipovolémico, provocado por una pérdida masiva de sangre tras sufrir al menos 36 heridas punzocortantes en el cuello, además de lesiones en el rostro y signos de una agresión extrema. El arma utilizada fue una gubia, una herramienta de carpintería que circulaba dentro del penal, según quedó probado en el juicio. La investigación estableció además que un detenido del pabellón E vio cómo Herrera agredía a Andrea en el baño y la arrastraba hacia la celda, y dio aviso a un guardia. No hubo intervención, pese a la advertencia.
El caso tuvo una gravedad excepcional: no se trataba del primer femicidio cometido por Herrera en una cárcel. En marzo de 2006 había asesinado a su primera pareja, Verónica Soledad Castro, durante una visita íntima en la unidad penitenciaria de Metán. Aun con ese antecedente, y pese a que en diciembre de 2015 se había prohibido el ingreso de Andrea, en 2016 las visitas privadas volvieron a ser autorizadas.
La causa judicial y las condenas
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas 1. El 5 de abril de 2018, el Tribunal de Juicio Sala VI condenó a Gabriel Roberto "Chirete" Herrera a la pena de prisión perpetua como autor del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género. En el mismo fallo, el celador Nelson Cardozo fue condenado a cinco años de prisión por abandono de persona seguido de muerte, mientras que cuatro funcionarios del Servicio Penitenciario recibieron penas de multa e inhabilitación especial por un año por omisión de los deberes de funcionario público. El 18 de octubre de 2022, la Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos de casación presentados y dejó firme la sentencia contra Herrera y Cardozo. En esa instancia, los cuatro funcionarios penitenciarios fueron absueltos.
A nueve años del femicidio de Andrea Neri, el caso continúa siendo una referencia obligada para evaluar las políticas de prevención y los mecanismos de respuesta frente a la violencia de género.