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La escena se desarrolló como tantas otras mañanas en las rutas del norte salteño, con controles preventivos y vehículos detenidos al costado del camino. Sin embargo, lo que parecía un operativo más terminó con una demora por cohecho, el secuestro de un vehículo y la intervención del Ministerio Público Fiscal, dejando en evidencia una práctica que la Justicia busca desalentar.
El hecho ocurrió sobre Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 27, en jurisdicción de San Ramón de la Nueva Orán. Allí, personal de la Sección Seguridad Vial realizaba controles de rutina cuando procedió a fiscalizar un rodado que presentaba irregularidades previstas en la Ley Nacional de Tránsito.
El punto de quiebre
Al solicitar la documentación correspondiente y realizar la inspección de rigor, el personal policial detectó que el vehículo no cumplía con los requisitos básicos exigidos por la Ley Nacional de Tránsito. Lo que para cualquier ciudadano debería haber terminado en el labrado de una multa y la regularización de la situación, tomó un giro oscuro por decisión del propio automovilista.
Ante la inminencia de las sanciones y la posible retención del vehículo, el conductor -un hombre mayor de edad cuya identidad se mantiene bajo reserva por el proceso judicial- intentó sobornar a los oficiales. El hombre ofreció una suma de dinero para que los agentes "dejaran pasar" las irregularidades detectadas, incurriendo inmediatamente en el delito de cohecho.
Consecuencias inmediatas
La respuesta policial fue inmediata y ajustada a protocolo: se procedió a la demora del sujeto de forma instantánea. El vehículo, que ya arrastraba faltas administrativas graves, quedó en calidad de secuestro y fue trasladado para quedar bajo custodia estatal.
La gravedad del hecho movilizó la intervención de la Fiscalía Penal 3, desde donde se impartieron las directivas para formalizar la causa. El conductor ahora no solo deberá enfrentar las multas por sus faltas al volante, sino también un proceso penal que pone de manifiesto la política de "tolerancia cero" ante los intentos de corrupción en los controles de seguridad vial de la región.