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La Fiscalía en turno Nº8 de La Plata investiga una serie de presuntas estafas atribuidas a una banda que se hacía pasar por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y ofrecía trabajos inexistentes dentro del organismo, una maniobra que, según las denuncias, habría afectado a más de 200 personas en los últimos meses y generado graves perjuicios personales y laborales.
De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, numerosos damnificados formalizaron presentaciones ante la Justicia luego de haber sido contactados con la promesa de ingreso al sistema penitenciario provincial. Según los testimonios incorporados al expediente, una mujer identificada en la causa como Macarena Sánchez se presentaba como supuesta jefa de un área del Servicio Penitenciario y ofrecía vacantes que nunca existieron, simulando un proceso de selección y capacitación.
El proceso
Para avanzar en el supuesto trámite de incorporación, solicitaba a los postulantes documentación personal sensible, entre ella DNI, CUIL, certificados de estudio, antecedentes penales, domicilio y partida de nacimiento. Las denuncias también indican que exigía la participación obligatoria en presuntos trabajos prácticos, entrenamientos en espacios públicos y reuniones virtuales periódicas, bajo la advertencia de que quienes no cumplieran con las consignas quedarían excluidos del ingreso prometido.
Los denunciantes sostienen que más de 200 personas resultaron perjudicadas por la maniobra, muchas de las cuales incluso renunciaron a sus empleos o modificaron su situación laboral al confiar en la veracidad de la propuesta. La acusada no habría actuado sola: siempre según las presentaciones judiciales, estarían involucrados presuntos colaboradores identificados como Mauro Paz, Ezequiel Papeti —quien se presentaría como instructor— y Jonathan García, que se hacía pasar por oficial, y que además manejaban información privada de los aspirantes obtenida durante el supuesto proceso de selección.
En la Justicia
La causa fue radicada en la DDI La Plata y quedó a cargo de la Fiscalía Nº8, encabezada por el fiscal Martín Almirón, bajo la calificación provisoria de presunta estafa y posible uso indebido de cargos públicos. Fuentes ligadas a la investigación señalaron que existirían fotos, videos, registros de comunicaciones y diversa documentación que respaldarían los testimonios aportados por las víctimas y permitirían reconstruir la operatoria denunciada.