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La cuarta audiencia de debate en el juicio contra Patricia Argañaraz, ex secretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, ex tesorera, continuó con declaraciones de damnificados que denunciaron el manejo irregular de fondos y resultaron estafados a través de contratos con el Fideicomiso "Virgen de Urkupiña".
Los testigos relataron cómo confiaron en el programa de viviendas promovido por la ADP y perdieron cuantiosos aportes. El abogado Agustín Solá Garrido, representante de 22 docentes damnificados, expresó que esperan un veredicto "justo" contra quienes jugaron con la ilusión de acceder a la casa propia.
Los damnificados, como Elida Hoyos y Osvaldo Aparicio, compartieron sus historias de desilusión y pérdida económica. Aparicio recordó que invirtió $600 mil (hace 8 años atrás) y nunca recibió ninguna propuesta de devolución.
Elida Hoyos, damnificada, dijo que confió en el programa de viviendas porque en la ADP se estuvo publicitando y le pareció digno de confianza, pero lamentablemente por las personas que han administrado, no llegó a "buen puerto". "Es muy lamentable manchar así a la ADP", expresó.
Luego comentó que en su caso lo hizo por el bienestar de su familia y llegó a abonar el terreno y también algunas cuotas de la vivienda. Recordó que el programa se frenó y no le quisieron cobrar más y se justificaron en la situación del COVID de 2019. "Es lamentable para una institución de tantos años y con docentes comprometidos que tengamos este final", dijo la docente hoy jubilada.
Osvaldo Aparicio, otro docente damnificado, contó que junto a su esposa aportó unos $600 mil hace 8 años atrás, para las viviendas en San Luis y resaltó que se vio defraudado porque jugaron con una ilusión de familia de tener una vivienda. Dijo que hicieron un gran esfuerzo e incluso sacaron préstamos para poder pagar el terreno, la construcción y terminaron estafados.
El docente recordó que le explicaron que debían hacer una entrega inicial para comprar el terreno y al cabo de dos años les entregaban la casa. Luego dijo que se enteró de la estafa a fines de 2018, cuando ya estaban por finalizar algunas viviendas de San Luis. Remarcó que nunca hubo una propuesta para devolverles ni el terreno, ni la plata. "Nosotros queríamos la casa para nuestra hija. Otras familias realizaron un esfuerzo tremendo. Hablé con una señora que entregó todo lo que tenía de ahorros luego de jubilarse", relató.
"Confiaba mucho en la ADP porque hace 34 años que soy afiliado y hoy me siento muy desilusionado", finalizó Aparicio.
Unos 29 damnificados por la estafa
El abogado Agustín Solá Garrido representa a 22 docentes que pertenecían o que siguen perteneciendo a la agremiación docente y que entre el año 2017 y 2018 hicieron cuantiosos aportes a los fines de poder contar con una vivienda. En diálogo con El Tribuno dijo que "los docentes hicieron mucho esfuerzo y lamentablemente fue una desilusión".
Asimismo detalló que a lo largo de las audiencias los testigos fueron aportando todo lo que les ocurrió y se dieron momentos muy emotivos y duros. Dijo que esperan que se haga justicia y si los implicados son responsables, que se les aplique una condena.
Los cargos que enfrentan son por administración fraudulenta y estafas reiteradas a 29 personas, en perjuicio de la ADP y agremiados. Está previsto que la audiencia de debate se extienda hasta el 27 de noviembre.
El juicio, está a cargo del juez José Luis Riera, quién busca determinar la responsabilidad de los acusados y posible condena. Los docentes afectados esperan que se repare el daño económico y se haga justicia.
También están acusados Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi como partícipes necesarios.