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El fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solo impide al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a presentarse a una nueva reelección, sino que declara la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución de esa provincia, que, por su ambigüedad, hace posibles los mandatos sin límite.
Insfrán, hombre fuerte de la provincia, en 2027 deberá dejar el poder después de 40 años de elecciones consecutivas. Entre 1987 y 1995, como vicegobernador de Vicente Bienvenido Joga y, luego, reelegido para gobernador por ocho períodos consecutivos.
Es un ejemplo extremo de eternización en el mando. Pero la vocación individualista de permanencia en el poder es frecuente y hasta naturalizada en la Argentina. Se observa en presidentes, gobernadores e intendentes. En Salta, también.
Los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saa, en San Luis, fueron un caso histórico.
Actualmente, solo Santa Cruz y Catamarca admiten la reelección indefinida, pero en 2013 la Suprema Corte tuvo que intervenir en Santiago del Estero para impedir que Gerardo Zamora violentara el mandato constitucional (aspiraba a un tercer mandato consecutivo) por lo que fue reemplazado por su esposa Claudia Ledesma Abdala en la candidatura; ella gobernó entre 2013 y 2017. Zamora volvió y fue reelecto en 2021.
Hay antecedentes similares en 2019: en Río Negro, Alberto Weretilneck buscó un tercer mandato; Sergio Casas, vicegobernador de La Rioja entre 2011 y 2015 y gobernador entre 2015 y 2019, también buscó la re-re. La Corte rechazó ambas postulaciones.
En 2023 ocurrió lo mismo con la candidatura de Juan Manzur en Tucumán, y la de Sergio Uñac en San Juan.
En el último fallo, la Suprema Corte explicita que la esencia de la república y el espíritu de la democracia no admiten la concentración unipersonal del poder. Ser excluido de la posibilidad de una nueva candidatura no es la privación de un derecho cívico, sino la consagración de un sistema que, justamente, evita que la permanencia de una persona en el poder le otorgue ventajas absolutamente ilegales frente a otros competidores internos o de otros partidos.
Sienta jurisprudencia, de ese modo, sobre la esencial dinámica renovadora propia de la democracia representativa.
América Latina ha tenido infinidad de casos de dictaduras que se dieron una pátina de legitimidad con simulacros de elecciones, invocando "la voluntad popular" para eternizar en el poder a líderes, supuestamente carismáticos.
Democracia es mucho más que votar. Es, más bien, la posibilidad de elegir y ser elegido para gobernar por un tiempo, y con el respaldo de un partido que no se alinee obsecuentemente a las veleidades del líder y que, en cambio, prepare cuadros técnicos y políticos para acompañar en la gestión y que de entre ellos surja un reemplazante. Baste mirar a los partidos políticos de hoy para comprender qué lejos estamos de ese ideal.
Y no se trata solo de presidentes o gobernadores. El final de Atta Gerala, intendente de Morillo, en Rivadavia Banda Norte, intervenido este año y detenido por un hecho grave de corrupción, cumplió cuatro mandatos consecutivos entre 1995 y 2011, y nuevamente entre 2015 y 2024.
Son muchos los que se aferraron al poder en municipios de Salta y terminaron envueltos en el descrédito.
Pero esta vez, la Justicia dio pautas claras: la Constitución no admite triquiñuelas. La transparencia es condición "sine qua non" de la república, y la democracia es una práctica del día a día, una cultura política. Los abusos del poder y el desprecio hacia las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos solo contribuyen a la destrucción, desde adentro, del único sistema que garantiza la libertad de las personas y el Estado de Derecho en un país.