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El Senado provincial volvió a aprobar una prórroga más a la suspensión de desalojos rurales. Una medida que, bajo la apariencia de proteger a las familias campesinas, termina erosionando los pilares básicos del Estado de Derecho: la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad y la independencia del Poder Judicial.
La decisión parece menor, técnica, incluso bienintencionada. Pero no lo es. En el fondo, encierra una lógica que explica buena parte del estancamiento estructural de nuestra provincia, y de nuestro país, durante décadas: la tendencia a sustituir las instituciones por parches, las políticas públicas por prórrogas, y el Estado de Derecho por la discrecionalidad política.
En su célebre libro "Por qué fracasan las naciones", Daron Acemoglu y James Robinson plantean una tesis tan simple como contundente: las sociedades prosperan cuando construyen instituciones inclusivas, que protegen los derechos de todos, garantizan reglas previsibles y fomentan la innovación y la producción.
En cambio, fracasan cuando sus instituciones se vuelven extractivas, cuando los gobiernos usan el poder para beneficiar a algunos sectores, intervenir en la justicia o manipular las reglas del juego según la conveniencia política del momento.
Cada vez que una ley suspende el cumplimiento de sentencias judiciales firmes, como en este caso, Salta da un paso más hacia ese modelo de instituciones extractivas.
Porque lo que se debilita no es solo el derecho de un propietario, que también es un ciudadano, sino la confianza en la ley, el valor de la palabra judicial y la idea misma de justicia como límite al poder.
La ley 7.658, aprobada originalmente en 2010, establecía una suspensión excepcional de desalojos rurales para proteger a pequeños productores y familias vulnerables.
Pero desde entonces, las prórrogas se repiten como una rutina. Quince años después, la emergencia dejó de ser tal: se transformó en un régimen permanente, un atajo que evita enfrentar el verdadero problema.
En lugar de consolidar una política seria de regularización de tierras, con mensuras, registros y títulos, el Estado vuelve a congelar los conflictos y a enviar el mensaje equivocado:que ocupar puede ser más rentable que producir, y que la ley depende de quién tenga más poder político en el momento.
Cuando un productor —grande o pequeño— deja de invertir por miedo a perder su tierra; cuando un banco no otorga crédito porque no hay seguridad jurídica; cuando un juez ve suspendida una sentencia que le llevó años dictar; y cuando un ciudadano percibe que cumplir no sirve de nada, la consecuencia no se mide en hectáreas, sino en confianza.
Esa es la base de las instituciones inclusivas: la certeza de que las reglas valen para todos.
Cuando esa certeza desaparece, lo que queda es el reino de la discrecionalidad, la política del favor y la impunidad de la ocupación.
La diferencia entre proteger y destruir
Nadie discute que el Estado debe acompañar a las familias rurales.
Pero acompañar no es violar sentencias ni premiar la informalidad.
Acompañar es dar herramientas: asistencia técnica, créditos, regularización dominial, acceso a infraestructura y mercados.
Prorrogar una suspensión judicial, en cambio, no es política social: es pura inacción maquillada de sensibilidad.
La Ley 7.658, con sus modificatorias, establece un marco claro para la regularización dominial y la asistencia a pequeños productores.
Existe una Unidad Ejecutora, hay equipos técnicos, mensuras en marcha y familias que esperan hace años la entrega definitiva de sus títulos.
El problema no es la falta de herramientas, sino la decisión política de usarlas.
Cada vez que el Senado aprueba una nueva prórroga generalizada de desalojos, paraliza esos mismos programas que deberían estar resolviendo el conflicto.
Porque al suspender todo tipo de actuación judicial o administrativa, se eliminan los incentivos para formalizar la tenencia, se iguala al ocupante irregular con el productor histórico, y se transmite el mensaje de que "no hace falta regularizar, porque la ley me protege igual".
La consecuencia es doblemente negativa: por un lado, el Estado pierde autoridad y capacidad de gestión, y por el otro, los verdaderos pequeños productores siguen sin título, sin crédito y sin seguridad jurídica.
Las prórrogas, en lugar de acompañarlos, los condenan a seguir siendo "ocupantes" eternos de la tierra que trabajan.
La advertencia de Acemoglu y Robinson
Ahí está, justamente, la advertencia de "Por qué fracasan las naciones":
las sociedades que renuncian a fortalecer sus instituciones y reemplazan el cumplimiento de la ley por medidas discrecionales no progresan.
No porque les falten leyes, sino porque les sobran excepciones.
Y mientras sigamos legislando excepciones, Salta seguirá atrapada en ese ciclo de precariedad institucional que impide convertir la posesión en propiedad, el esfuerzo en estabilidad, y el campo en desarrollo.
Como diputado provincial, espero que cuando este proyecto llegue a la Cámara de Diputados podamos debatirlo con la seriedad que merece.
Porque no se trata de oponerse a las familias rurales, sino de defender las instituciones que les garantizan un futuro estable.
Legislar con responsabilidad es entender que cada excepción a la ley nos aleja un poco más del futuro que decimos querer construir.