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El expediente, que ya tiene cuatro personas detenidas, expuso una situación especialmente grave: uno de los involucrados sería menor de edad y cursaría estudios en el mismo colegio que algunas de las víctimas, el Juan Carlos Saravia, ubicado en barrio Limache.
La causa se inició tras la denuncia de una madre que descubrió en el celular de su hija transferencias de dinero vinculadas a encuentros privados, donde además se pedía la presencia de su otra hija, de solo 12 años.
Otra madre sumó su testimonio al señalar que un compañero de escuela intentó captar a sus hijas de 13 y 16 años, mientras un hombre adulto realizaba gestos obscenos hacia ellas.
Una de las víctimas, que prestó declaración en Cámara Gesell, describió cómo eran trasladadas en remis a hoteles de la ciudad, donde mantenían encuentros con hombres adultos a cambio de dinero. En su testimonio, también relató que eran obligadas a consumir alcohol y drogas antes de los encuentros.
A partir de las denuncias, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó cinco allanamientos en distintos puntos de la capital salteña, donde se secuestraron computadoras, teléfonos, discos externos, lencería, marihuana, un vehículo y otros elementos vinculados a la causa. Cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Uno de los aspectos que más conmoción genera es la situación dentro del ámbito escolar. Fuentes cercanas al caso informaron que las alumnas afectadas debieron alternar clases presenciales y virtuales para evitar cruzarse con el acusado menor de edad, aunque en los últimos días habrían vuelto a coincidir en el aula, lo que generó gran angustia entre las jóvenes y sus familias.
La comunidad educativa expresó su preocupación por la falta de medidas de protección y acompañamiento psicológico para las víctimas, mientras organismos judiciales y de derechos humanos reclaman protocolos más claros de actuación ante casos de abuso y explotación infantil.
De acuerdo con los investigadores, más de 20 adolescentes estarían implicadas como víctimas en la red y las diligencias judiciales continúan para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los sospechosos.
El caso sacudió a toda la provincia y volvió a instalar en la agenda pública la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención, asistencia y contención institucional ante situaciones de vulnerabilidad y abuso que afectan a niñas y adolescentes.