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Durante la última sesión ordinaria, tomó estado parlamentario un proyecto de ley (Expte. Nº 90-33.906/2025) impulsado por el senador Esteban D'Andrea, que busca declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial. La iniciativa apunta a modificar los artículos 99 y 143 de la Carta Magna para suprimir la inmunidad de arresto y de proceso, conocida como "fueros", de los legisladores y de los máximos integrantes del Poder Ejecutivo.
El texto propone convocar a una Convención Constituyente con una misión estrictamente delimitada: tratar solo la eliminación de esas prerrogativas. Los convencionales serían elegidos por voto directo, trabajarían ad honorem durante 30 días y sin generar nuevos gastos, ya que se utilizaría la estructura administrativa de la Legislatura Provincial.
¿Reclamo histórico?
Para D'Andrea, la reforma responde a un "reclamo histórico de la ciudadanía salteña por mayor transparencia y equidad en el ejercicio de la función pública". El senador asegura que el objetivo es "suprimir las inmunidades de arresto y de proceso para legisladores y miembros del Ejecutivo, manteniendo únicamente la inmunidad parlamentaria de opinión", a fin de "garantizar que todos los funcionarios se sometan a la Justicia en igualdad de condiciones".
El expediente Nº 90-33.906/2025 propone una reforma parcial de la Constitución Provincial para eliminar la inmunidad de arresto.
Sin embargo, la iniciativa ya genera una fuerte polémica institucional. Fuentes consultadas advierten que la eliminación de estas protecciones podría debilitar la independencia del Poder Legislativo y exponer a los representantes electos a eventuales persecuciones judiciales o presiones políticas, en un contexto de profunda desconfianza hacia la Justicia.
La advertencia de Martinelli
El trabajo de los convencionales constituyentes - o de algunos - no siempre es claro e incluso dejan lagunas que luego tienen uso político.
Por ejemplo en una entrevista con El Tribuno el 22 de mayo de este año, el abogado y exdiputado provincial Guillermo Martinelli, quien fue convencional constituyente en la reforma de 2021, recordó: "Efectivamente no hubo cláusula transitoria porque los convencionales que respondían al gobernador Sáenz, en ese momento, recibieron la instrucción de no incluir cláusulas transitorias en ninguno de los puntos que estábamos tratando, justamente en relación con ese tema. Y hay que tener presente que la reforma se trataba de la limitación de los mandatos", explicó Martinelli.
La Convención tendría una duración de 30 días, con convencionales elegidos por voto directo y funciones ad honorem.
Su testimonio reaviva sospechas sobre la motivación política detrás del nuevo proyecto y abre un debate de fondo: ¿se busca realmente garantizar igualdad ante la ley o se intenta capitalizar el malestar ciudadano con la clase política?
Entre el reclamo social y el oportunismo político
Aunque el proyecto se presenta como un gesto de transparencia, muchos observadores interpretan que abrir nuevamente la Constitución apenas cuatro años después de la última reforma refleja una preocupante ligereza institucional.
La Carta Magna no puede modificarse cada vez que un sector busca enviar una señal política: hacerlo de manera apresurada erosiona la estabilidad del sistema y debilita el valor simbólico de la ley fundamental.
D'Andrea sostiene que la medida responde a un "reclamo histórico de transparencia" y busca garantizar "la igualdad".
El debate recién comienza, pero promete tensión. En nombre de la transparencia, la política salteña vuelve a poner a la Constitución sobre la mesa, con una pregunta de fondo que la sociedad deberá observar de cerca. El tema merece un análisis serio y profundo.